Nuevos audios, videos y documentos revelan presuntas irregularidades en las licitaciones del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (INABIE) para el almuerzo escolar. La investigación destaca desde la anulación de descalificaciones hasta empresas de reciente creación obteniendo contratos millonarios, y la supuesta venta de adjudicaciones. Estos hallazgos sugieren posibles vínculos entre proveedores beneficiados, lo que ha generado un amplio debate público sobre la transparencia en los procesos.
Las licitaciones del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (INABIE) destinadas al suministro del almuerzo para estudiantes se encuentran bajo minucioso escrutinio público, tras reportajes que detallaron contratos otorgados a jóvenes de Azua sin la solvencia crediticia necesaria. Una reciente investigación ha divulgado grabaciones de audio, material visual y documentos que muestran anomalías en los concursos del INABIE. Estas van desde la revocación de descalificaciones, la instalación de cocinas en el último momento, y empresas de reciente constitución que aseguraron acuerdos por sumas elevadas, hasta acusaciones de una presunta comercialización de adjudicaciones e indicios de posibles conexiones entre distintos proveedores favorecidos.
Uno de los casos que suscita mayor inquietud involucra a varios jóvenes de Azua que consiguieron contratos para proveer alimentos en San Pedro de Macorís. Nayelis Carolina Beltré Beltré, de 24 años, y Luisa Margarita Beltré Beltré, de 23, dueñas de Beltré Beltré SRL, obtuvieron una asignación de 48.1 millones de pesos dominicanos. Por su parte, Franniel Ramírez Beltré, de 24 años, recibió más de 24 millones, y Carolin Michel Díaz Beltré, con solo 19 años, se benefició de un contrato por 38 millones de pesos. La pesquisa indica que algunas de estas compañías fueron registradas apenas unos meses antes del proceso licitatorio, y que uno de los jóvenes se inscribió como proveedor del Estado cuando el procedimiento ya había comenzado. Posteriormente, los mismos proveedores fueron nuevamente seleccionados en una licitación para paquetes de alimentos crudos en la región Este, acumulando, entre los tres, contratos que ascienden a cientos de millones de pesos.
El reportaje también puso en tela de juicio la capacidad económica que estos jóvenes habrían tenido para emprender operaciones que exigen una considerable inversión inicial antes de recibir los pagos gubernamentales. Conforme a lo expuesto, para lograr una calificación de 77 puntos en la evaluación de una cocina, se requiere una inversión aproximada de 3.5 millones de pesos dominicanos solo en equipamiento, sin considerar las adaptaciones del local, la nómina, el combustible, los vehículos, los controles sanitarios y el capital de trabajo. La investigación también halló interrogantes sobre las certificaciones financieras empleadas para demostrar solvencia económica, incluyendo documentos vinculados a Coopsuplider, cuya inactividad fue confirmada por un antiguo miembro de su consejo directivo. A esto se sumaron las visitas de los reporteros a las cocinas de algunos de los adjudicatarios, donde surgieron dudas acerca de los equipos, las instalaciones y el origen de parte del personal, muchos de ellos provenientes de Azua.
El asunto cobró otra relevancia con la aparición del nombre de Jorge Luis Patricio Ramírez, quien, según el reportaje, habría visitado a un proveedor que denunciaba anomalías y se habría presentado como el dueño de las cocinas de los Beltré; además, comparte apellido con la madre de una de las jóvenes y figura vinculado a una empresa que también obtuvo una adjudicación millonaria en el mismo proceso.
Las acusaciones no se limitaron a San Pedro de Macorís. En Monseñor Nouel, proveedores afectados cuestionaron asignaciones por más de 1,269 millones de pesos dominicanos y denunciaron que una de las empresas ganadoras habría sido filmada instalando su cocina el mismo día de la inspección. La investigación también identificó similitudes entre compañías adjudicatarias, como números telefónicos compartidos entre firmas que participaron y ganaron dentro de un mismo proceso, lo que fue presentado como un posible indicio de colusión que merece ser investigado. A esto se añadió el testimonio de una suplidora que afirmó que, en una reunión informal, le pidieron 1 millón de pesos dominicanos por cada mil raciones para asegurar un contrato. Otro oferente entregó una grabación de audio en la que una voz no identificada habla de la venta de adjudicaciones por millones de pesos.
En Independencia, por otro lado, Sabor de Oro pasó de ser descalificada a ser habilitada por una vía excepcional y posteriormente obtuvo un contrato de 32.6 millones de pesos dominicanos; videos obtenidos por el programa muestran que, días antes, el local permanecía cerrado y sin señales de preparación de alimentos, mientras que luego comenzaron a llegar equipos durante la madrugada para acondicionar la instalación. Lo que inicialmente podría parecer una serie de incidentes aislados empieza a tomar una nueva dimensión cuando se analizan en conjunto los nombres que se repiten, las empresas que aparecen en diferentes procesos, las descalificaciones que se anulan, las cocinas que se habilitan tardíamente, los contratos millonarios y las denuncias sobre supuestas negociaciones de adjudicaciones.
El propio reportaje plantea una pregunta fundamental: si detrás de los proveedores que formalmente figuran como empresas independientes existe una estructura común de individuos que financian, organizan o controlan distintas compañías para aumentar su participación en las contrataciones públicas. De confirmarse alguna coordinación, el problema dejaría de ser únicamente el de expedientes cuestionables y pasaría a involucrar la posible concentración organizada de un negocio que mueve miles de millones de pesos y que tiene como propósito la alimentación diaria de cientos de miles de estudiantes. Hay demasiados elementos en juego como para considerar cada expediente por separado; ahora corresponde determinar quiénes están detrás de ellos y cómo se están distribuyendo los contratos del almuerzo escolar.
