El Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT), junto a la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (DIGESETT), llevó a cabo operativos de inspección en Santiago. Estos controles resultaron en la retención de doce vehículos y la fiscalización de igual número de choferes, debido a infracciones a la Ley 63-17. Las acciones buscan asegurar el cumplimiento de la normativa vigente en el transporte de pasajeros.
El Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT), en colaboración con la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (DIGESETT), llevó a cabo la inspección de doce operadores de vehículos y retuvo una docena de unidades durante las acciones ejecutadas en distintas rutas del servicio público en Santiago, por transgredir la Ley 63-17.
Durante las revisiones aleatorias, se identificaron automóviles sin permiso de circulación, conductores con permisos de conducir caducados y personas que no portaban ningún tipo de identificación. Entre los casos registrados, se encontraron un ciudadano venezolano y uno haitiano, asociados a vehículos de servicio público que circulaban sin la documentación necesaria, así como un conductor que operaba un auto con una habilitación correspondiente a motocicletas.
Los operativos fueron ejecutados por expertos del INTRANT y agentes de DIGESETT en las vías de la avenida 27 de Febrero y en las inmediaciones de la Zona Franca de Rafey-Cienfuegos. Las rutas supervisadas fueron la CJ 27, CJT y S-O 166, vinculadas al Sindicato de Choferes de Santiago y a la Confederación Nacional de Trabajadores del Transporte (CNTT).
Del total de conductores sujetos a revisión, nueve se dedicaban al transporte público de usuarios y fueron sorprendidos con permisos de conducir vencidos. De igual manera, fueron incautados dos vehículos cuyos choferes no se encontraban presentes y que estaban relacionados con ciudadanos extranjeros, un venezolano y un haitiano, quienes carecían de la documentación obligatoria.
Los doce vehículos incautados fueron trasladados al Centro de Operaciones del INTRANT en Santiago, para las gestiones pertinentes. Estas acciones forman parte de un plan de verificación que se desarrolla a nivel nacional, por directriz del director ejecutivo del INTRANT, Juan Manuel Méndez, quien encomendó a los equipos asegurar la observancia de las disposiciones establecidas en la Ley 63-17.
El artículo 44 de la Ley 63-17 establece sanciones para quienes ofrezcan de manera ilegal el servicio de transporte público de viajeros sin las licencias correspondientes o utilizando identificaciones no autorizadas. Las penalizaciones estipuladas para estas situaciones oscilan entre cinco y diez salarios mínimos.
Asimismo, el artículo 210 de la mencionada ley castiga la conducción sin permiso o licencia vigente, así como el manejo de vehículos con una categoría de permiso diferente a la requerida. Esta contravención implica una multa equivalente a cinco salarios mínimos del sector público centralizado, además de la reducción de puntos de la licencia de conducir, según el reglamento aplicable.
