El Ministerio Público ha solicitado 18 meses de prisión preventiva para 25 implicados en la Operación Cobra 2.0-A, una nueva etapa de la investigación sobre un presunto esquema de corrupción que habría defraudado al Seguro Nacional de Salud (SeNaSa). La solicitud, presentada ante la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, busca también declarar el proceso como complejo debido a la multiplicidad de hechos y personas involucradas, estimando el desfalco en más de 40 millones de pesos dominicanos.
El Ministerio Público ha solicitado una medida de coerción de 18 meses de prisión preventiva para 25 individuos relacionados con la Operación Cobra 2.0-A, una reciente etapa de la indagación sobre una supuesta red de corrupción que habría sustraído recursos del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa). La petición de coerción fue presentada ante la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional por un equipo de fiscales liderado por Mirna Ortiz, quien encabeza la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca). El Ministerio Público también requirió que el procedimiento sea clasificado como complejo, argumentando la diversidad de eventos, víctimas y posibles involucrados. Esta línea de investigación ha cuantificado en más de 40 millones de pesos dominicanos los fondos que habrían sido sustraídos ilegalmente.
El expediente, que consta de aproximadamente 525 páginas, incluye a profesionales de la medicina, antiguos trabajadores de SeNaSa y otras personas que, según la acusación preliminar, habrían participado en acciones para defraudar a la administradora de riesgos de salud estatal. Entre los acusados se encuentran Angeury Guzmán Vásquez, Heidy Coronado Paulino, Starky Atahualpa Arturo Rodríguez Nova, Lucreisy Polanco Núñez y Einstein Rafael Borromé Valdez. También figuran los médicos Juan Henry Poueriet, Hanna Rashell Rodríguez Almánzar, Luz Esther Reyes Durán de Ramírez, Edwin Alberto Batista Cruz, José Luís Díaz Hernández, Carlos Job Ynoa Olivero, Guillermo Enrique Dicló Garabito, Griselda Altagracia Basora Ramírez y Juan Gabriel Rodríguez Ravelo. La petición también abarca a Martha María Saldaña Saldaña, Elsa Evelyn de la Rosa Vásquez, Engels Federico Díaz Mendoza, Keila Beatriz Acosta Leonardo, Rafael Mauricio Cabral González, Laura Altagracia Santana Evangelista, Víctor Felipe Rodríguez García, Wander Manuel Díaz Encarnación, Yocaira Antonia Méndez Beltré, Marcelino Eusebio Figuereo y Ray Ernesto Mercedes Lugo.
La Pepca advierte que la investigación podría expandirse. “Lo que hemos presentado hoy es una prueba más de esto. Esta es la tercera operación que relaciona fondos sustraídos al Seguro Nacional de Salud en esta tercera etapa de la investigación”, declaró Ortiz. “Hemos solicitado medidas de coerción contra 25 personas, entre ellas, médicos, individuos vinculados al sector de la salud, exempleados de SeNaSa y personas que se coordinaron con ellos para llevar a cabo esta estafa contra esta entidad y contra la ciudadanía dominicana porque el dinero del Seguro Nacional de Salud son recursos públicos, es dinero del pueblo”, manifestó. Ortiz señaló que, por ahora, la solicitud se dirige contra personas físicas, pero advirtió que las indagaciones podrían crecer. “Pero, como saben, nuestras investigaciones suelen ampliarse y apenas estamos empezando”, expresó.
La Operación Cobra 2.0-A comprendió 37 allanamientos efectuados en el Distrito Nacional, la provincia Santo Domingo, Santiago, Cotuí y La Vega. En los operativos participaron 45 fiscales, 200 agentes de la Policía Nacional y 16 miembros de la Unidad de Investigaciones Criminales, además del soporte de la Dirección Nacional de Investigaciones (DNI). Esta nueva fase intensifica las indagaciones iniciadas con la Operación Cobra, mediante la cual el Ministerio Público procesó judicialmente a antiguos funcionarios de SeNaSa y a otros individuos por un supuesto esquema de corrupción en detrimento de la aseguradora estatal. El tribunal deberá ahora establecer la fecha de la audiencia para revisar la solicitud de medida de coerción contra los 25 acusados.
