El Ministerio Público, en el marco del expediente COBRA 2.0, enfatiza que la corrupción trasciende la mera pérdida económica estatal, afectando gravemente la institucionalidad y la calidad de los servicios públicos. La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) argumenta que estas prácticas benefician a redes ilícitas y pueden fortalecer el crimen organizado, perjudicando directamente a la ciudadanía. Para ello, fundamenta su postura en la Constitución dominicana y en convenios internacionales.
Dentro de otra sección del documento COBRA 2.0, la Fiscalía detalla las razones por las cuales considera que la corrupción es un inconveniente que excede la cantidad de dinero malversada del erario público. La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) asegura que la corrupción socava las bases institucionales, menoscaba los servicios públicos y, en última instancia, perjudica directamente a los habitantes. Respecto al asunto bajo investigación, indica que los fondos estatales presuntamente fueron empleados para favorecer a una red que aspiraba a obtener ganancias de forma ilegal.
El Ministerio Público asimismo plantea que esta clase de conductas puede propiciar la operación de organizaciones delictivas, por lo cual integra dicha perspectiva en la justificación del expediente. Para respaldar su argumento, la PEPCA invoca la Constitución dominicana y diversos tratados internacionales contra la corrupción y el delito organizado que han sido aprobados por la nación. Entre estos, nombra la Convención Interamericana contra la Corrupción, el Protocolo de Palermo y la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. En términos sencillos, la Fiscalía se vale de estas regulaciones para esclarecer la gravedad que imputa a los sucesos investigados y el efecto que, conforme a su acusación, habrían ejercido sobre los recursos públicos.
