La República Dominicana experimentó una leve reducción en su tasa de informalidad laboral durante 2026 en comparación con el año anterior, aunque esta cifra sigue siendo considerablemente alta, superando el número de empleados formales. Los datos del Banco Central revelan que más de la mitad de la fuerza laboral del país opera dentro del sector informal, lo que plantea importantes desafíos en términos de derechos laborales y estabilidad económica para millones de personas.
La proporción de empleo no regulado en la República Dominicana ha mostrado un descenso en el año 2026 respecto al 2025, sin embargo, se mantiene en un punto elevado dentro del país, superando el número de trabajadores con empleos regulados. En el 2025, la proporción de empleo no regulado se ubicaba en un 54.1%, mientras que en el 2026 se sitúa en un 53.8%, lo que representa una disminución del 0.3%, una cifra considerada mínima.
Los datos proporcionados por el Banco Central indican que el país cuenta actualmente con 5 millones 271 mil 5 individuos trabajando, de los cuales 2 millones 836 mil 201 corresponden al sector no regulado, representando un 53.8%. En contraste, 2 millones 434 mil 804 personas pertenecen al mercado de empleo regulado de la República Dominicana.
Según los resultados de la Encuesta Nacional Continua de Fuerza de Trabajo (ENCFT), en el segundo trimestre de 2026, el número total de personas empleadas en la economía dominicana alcanzó los 5,271,005 trabajadores, lo que representa un incremento interanual del 2.9%, equivalente a 147,456 nuevos empleos netos en comparación con el período de abril a junio de 2025. Con este resultado, la tasa de ocupación (TO) y la tasa global de participación (TGP) se ubicaron en 63.2% y 66.8% respectivamente, manteniéndose en niveles cercanos a sus máximos históricos y evidenciando una alta utilización de la fuerza de trabajo en el contexto regional.
En cuanto a la composición de la creación de puestos de trabajo, del aumento interanual de 147,456 empleos netos registrado en los últimos doce meses, los trabajadores en el sector formal contribuyeron con 74,794 nuevos empleos, lo que equivale al 50.7%, mientras que los trabajadores informales aportaron los 72,663 restantes, es decir, el 49.3%. De esta manera, la proporción de empleo no regulado total se situó en 53.8% en el segundo trimestre de 2026, por debajo del promedio histórico del 56.7% registrado en la serie de la ENCFT desde 2014.
¿Qué implicaciones tiene la elevada tasa de empleo no regulado en la República Dominicana?
En términos prácticos, esto significa que millones de trabajadores tienen una relación laboral sin las mismas condiciones y protecciones asociadas al empleo regulado. Entre las diferencias pueden encontrarse la falta de acceso a la seguridad social, cotizaciones para una jubilación, vacaciones pagadas, salario de Navidad, beneficios laborales y otros derechos establecidos para los trabajadores formales, dependiendo de la naturaleza de la actividad y del tipo de relación laboral.
La falta de formalidad también tiene un efecto en la capacidad de los trabajadores para construir una protección económica a largo plazo. Aquellos que trabajan sin regulación pueden enfrentar mayores obstáculos para acumular aportaciones para su jubilación, acceder a ciertos productos financieros o demostrar ingresos estables al momento de solicitar préstamos.
Para la economía dominicana, este fenómeno también representa un reto fiscal y productivo. Una gran proporción de trabajadores y empresas fuera de la formalidad implica que una parte considerable de la actividad económica no genera las mismas contribuciones fiscales y de seguridad social que las actividades reguladas. Al mismo tiempo, muchos trabajadores informales tienen ingresos variables y menor estabilidad, lo que puede limitar su capacidad de consumo y de planificación financiera.
Sin embargo, el empleo no regulado no significa necesariamente que una persona esté sin trabajo o que no obtenga ingresos. Un trabajador informal puede tener una actividad económica constante y generar recursos para su hogar, pero lo hace sin estar completamente integrado a los mecanismos formales de contratación, tributación o protección social.
