El Ministerio Público se prepara para solicitar medidas de coerción contra la gastroenteróloga Ysabel Heredia Vallejo, vinculada a la Operación Cobra 2.0-A. Se le imputa participación en un esquema de sustracción de fondos públicos a través del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa). La Fiscalía pedirá 18 meses de prisión preventiva y la declaración de complejidad del caso, evidenciando el alcance de la investigación anticorrupción.
En Santo Domingo, el Ministerio Público presentará ante la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional a la doctora Ysabel Heredia Vallejo, especialista en gastroenterología, con el fin de pedir la imposición de medidas de coerción. Esta acción se enmarca en la investigación del entramado de corrupción administrativa conocido como Operación Cobra 2.0-A. De acuerdo con las acusaciones, el caso se relaciona con un sistema que presuntamente desvió fondos estatales, explotando el Seguro Nacional de Salud (SeNaSa).
Heredia Vallejo, quien se entregó a las autoridades, deberá comparecer ante el tribunal, donde la Fiscalía presentará las pruebas que respaldan su solicitud y las acusaciones formuladas en su contra durante la investigación. En este contexto, se solicitará la imposición de dieciocho meses de prisión preventiva como medida de coerción y que el proceso sea declarado de tramitación compleja.
El sábado anterior, el Ministerio Público llevó ante la justicia a veinticinco individuos implicados, quienes fueron detenidos el día previo en el transcurso de la Operación Cobra 2.0-A. Los fiscales han solicitado que el caso sea declarado complejo, conforme a la normativa procesal vigente, debido a la multiplicidad de hechos, víctimas y posibles involucrados, lo que sugiere la presencia de delincuencia organizada en los términos descritos por el Ministerio Público.
Por este caso, fueron sometidos a la justicia Angeury Guzmán Vásquez, Heidy Coronado Paulino, Starky Atahualpa Arturo Rodríguez Nova y Lucreisy Polanco Núñez. Asimismo, los médicos Einstein Rafael Borromé Valdez, Juan Henry Poueriet, Hanna Rashell Rodríguez Almánzar, Luz Esther Reyes Durán de Ramírez, Edwin Alberto Batista Cruz, José Luís Díaz Hernández, Carlos Job Ynoa Olivero, Guillermo Enrique Dicló Garabito, Griselda Altagracia Basora Ramírez y Juan Gabriel Rodríguez Ravelo.
El Ministerio Público también ha solicitado prisión para los médicos Martha María Saldaña Saldaña, Elsa Evelyn de la Rosa Vásquez, Engels Federico Díaz Mendoza, Keila Beatriz Acosta Leonardo, Rafael Mauricio Cabral González, Laura Altagracia Santana Evangelista, Víctor Felipe Rodríguez García, Wander Manuel Díaz Encarnación, Yocaira Antonia Méndez Beltré, Marcelino Eusebio Figuereo y Ray Ernesto Mercedes Lugo.
El año pasado, durante la fase inicial de la Operación Cobra, el Ministerio Público arrestó, como medida cautelar, a Santiago Hazim Albainy, exdirector de SeNaSa y presunto líder de la red de corrupción. También fueron detenidos los coimputados Gustavo Enrique Messina Cruz, Francisco Iván Minaya Pérez, Germán Rafael Robles Quiñones, Rafael Luis Martínez Hazim, Ramón Alan Speakler Mateo, Cinty Acosta Sención, Heidi Mariela Pineda Perdomo, Eduardo Read Estrella y Ángel Luis Guzmán Vásquez.
Mediante la judicialización de los imputados, el Ministerio Público busca imponer sanciones penales y la confiscación de miles de millones de pesos presuntamente sustraídos al Estado dominicano. Al grupo se le atribuyen cargos como colusión de funcionarios, prevaricación, asociación ilícita, cobro de sobornos, estafa contra el Estado, desfalco, falsificación, uso de documentos falsos y lavado de activos.
A lo largo de la investigación, el Ministerio Público ha podido reunir pruebas de sobornos a gran escala, alteraciones de estados financieros y programas especiales sin sustento jurídico, empleados para desviar fondos mediante maniobras fraudulentas. El organismo acusador señaló que se trata de un esquema de corrupción sistemático implementado por el director ejecutivo de SeNaSa, en complicidad con funcionarios de dicha ARS y con la participación, en asociación criminal, de proveedores de servicios de salud, en detrimento del Estado dominicano.
Como parte de las líneas de investigación que se siguen en el proceso, el Ministerio Público también lanzó en junio pasado la Operación Onco 14. Esta operación llevó al arresto de tres personas por formar parte de una estructura que se aprovechó del Patronato Cibaeño Contra el Cáncer para enriquecerse con prácticas fraudulentas que impactaron al Instituto Oncológico Regional del Cibao (IORC), a pacientes oncológicos y a SeNaSa.
Por este caso, fueron detenidos Héctor Antonio Lora Cruceta, expresidente del Consejo de la asociación sin fines de lucro (ASFL) Patronato Cibaeño Contra el Cáncer y miembro de la junta directiva del IORC, y su esposa Luisa Yasiris Guzmán, presidenta de la fundación Tócate RD-Casa de Acogida. También fue arrestada su exesposa Dilcia Isabel Vargas Sánchez, quien se divorció del imputado en 2014 y ocupó la Vicepresidencia, además de desempeñarse como auditora interna y externa del patronato que administra el Instituto Oncológico Regional del Cibao mientras el imputado era presidente de la mencionada ASFL.
Lora Cruceta y su esposa Guzmán cumplen prisión preventiva, mientras que Vargas Sánchez se encuentra bajo arresto domiciliario. La Operación Cobra 2.0-A forma parte de las acciones emprendidas por las autoridades para investigar una presunta red de corrupción administrativa ligada al manejo de recursos públicos a través de SeNaSa.
