La audiencia de medida de coerción por la Operación Cobra 2.0-A fue aplazada hasta el miércoles, luego de que las defensas solicitaran un plazo para revisar el voluminoso expediente. El proceso ahora incluye a una nueva imputada, la doctora Isabel Heredia Vallejo, elevando a 22 el número de profesionales de la salud involucrados en esta fase de la investigación. El Ministerio Público acusa a los implicados de facturar servicios médicos que, presuntamente, no fueron prestados.
La jornada de este lunes en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva concluyó sin que el tribunal abordara la petición de medida de coerción contra los 25 acusados en la Operación Cobra 2.0-A. Esto ocurrió después de que los abogados defensores pidieran un plazo extendido para analizar el expediente presentado por el Ministerio Público y tras la incorporación de una nueva persona imputada al procedimiento. La sesión, correspondiente a la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, se llevó a cabo en la sala del Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional debido a limitaciones de espacio.
El Ministerio Público estuvo representado por el director general de Persecución, Wilson Camacho, y la titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Mirna Ortiz. Por su parte, los representantes legales de los acusados argumentaron que no dispusieron de tiempo suficiente para examinar la documentación y las pruebas presentadas.
Un aspecto relevante del día fue la entrega voluntaria de la doctora Isabel Heredia Vallejo, quien se presentó ante las autoridades la mañana de este lunes. Durante la audiencia, el Ministerio Público también formalizó la solicitud de medida de coerción en su contra, y el juez Rigoberto Sena unificó su expediente con el caso que atañe a los demás acusados, incrementando a 22 el total de médicos sometidos en esta etapa de la investigación.
Al salir del tribunal, Mirna Ortiz explicó que el órgano acusador estaba preparado para proceder con la medida, pero que las defensas pidieron un lapso para estudiar las evidencias. La procuradora añadió que la pesquisa ha descubierto autorizaciones médicas que, según la teoría del Ministerio Público, fueron facturadas y cobradas a SeNaSa por procedimientos que supuestamente nunca se realizaron.
El expediente consta de aproximadamente 525 páginas, y el Ministerio Público solicita 18 meses de prisión preventiva para los imputados, además de que el proceso sea declarado complejo. Por parte de la defensa, el abogado Billy Gerónimo, quien representa a Angeury Guzmán Vásquez, había anticipado que solicitaría la postergación, dado que la petición le fue entregada el domingo, avanzada la tarde, y contenía una gran cantidad de documentos.
El planteamiento fue finalmente aceptado por el tribunal, que fijó la continuación de la audiencia para el miércoles 23 de septiembre a las 2:00 de la tarde. La investigación de esta nueva etapa examina, entre otros aspectos, 4,363 autorizaciones de consultas y procedimientos por un valor aproximado de RD$41.1 millones, correspondientes al periodo entre enero de 2021 y febrero de 2025. Según el Ministerio Público, una parte de dichas autorizaciones estaría vinculada a servicios que los afiliados habrían declarado no haber solicitado ni recibido.
