Un estudio reciente de WWF, titulado "Aquí se roba agua", ha revelado la alarmante situación de más de 80.000 hectáreas de cultivo en seis importantes acuíferos españoles, donde se utiliza agua con claros indicios de ilegalidad. Esta práctica, que implica la transformación de secanos tradicionales en regadíos superintensivos, conlleva graves consecuencias ambientales y económicas para el país, afectando a zonas de alto valor ecológico como Doñana y las Tablas de Daimiel.
“Aquí se roba agua” es el título del estudio que WWF ha presentado tras un año y medio de investigación sobre los acuíferos en España. La conclusión principal es que más de 80.000 hectáreas de cultivo, distribuidas en seis acuíferos importantes, se riegan con agua extraída con "claros indicios de ilegalidad". Las repercusiones de esta situación afectan a toda la sociedad.
La investigación, que empleó datos oficiales de 2023 y 2024 sobre parcelas con derechos de riego, señala el Alto Guadiana (Ciudad Real), Almonte-Marismas (Huelva, que abastece a Doñana), Los Arenales (Castilla y León), Baza (Granada), Campo de Cartagena (Murcia, próximo al Mar Menor) y una zona del sureste que abarca Albacete, Alicante y Almería; esta última analizada en colaboración con la organización ANSE. Los seis puntos comparten un patrón común: la transición de un secano tradicional a una agricultura industrializada de regadío superintensivo, caracterizada por un uso intensivo del agua. Teresa Gil, responsable del programa de agua de WWF, resume que "no son ejemplos aislados, sino una muestra de un problema mucho más generalizado", describiendo esta situación como un delito ambiental "extendido e impune".
El epicentro de este problema se encuentra en La Mancha. Ninguna zona presenta una situación más crítica que el acuífero de la Mancha Occidental, que debería alimentar las Tablas de Daimiel: más de 39.000 hectáreas (un 22% de la superficie total regada) emplean agua con indicios claros de ilegalidad, lo que representa aproximadamente 69 hectómetros cúbicos al año. La sobreexplotación real es aún mayor, estimándose una extracción de un 86% más de lo permitido por el Plan Hidrológico del Guadiana. Mientras tanto, el parque sobrevive más gracias a las lluvias superficiales que al acuífero: al 1 de septiembre de 2026, mantenía 523 hectáreas inundadas, el 30,16% de su superficie, después de un invierno extraordinariamente húmedo que, a pesar de todo, apenas logró recuperar el nivel piezométrico de las masas subterráneas centrales.
En cuanto a la reserva hídrica española, a día de hoy se sitúa en el 60,3% de su capacidad —33.801 de los 56.043 hm³ totales—, según la última actualización del Boletín Hidrológico del Miteco, del pasado 22 de septiembre, tras un descenso semanal de 669 hm³ habitual en estas fechas. Este dato es más alentador que alarmante, ya que supera en 2.487 hm³ lo almacenado hace un año y en casi 8.400 hm³ la media de la última década para estas fechas. El problema surge al analizar por regiones: la vertiente atlántica está al 63% y solo el Ebro se sitúa por debajo del 50% (47,9%) entre las grandes cuencas, mientras que el resto presenta una mejor situación (Guadalquivir al 70,3%, cuencas internas de Cataluña al 74,4%) e incluso el Segura ha pasado de unos críticos 206 hm³ hace un año a 589 hm³ ahora (51,7%). De cara al futuro, la predicción estacional de AEMET para octubre-noviembre indica un trimestre más cálido de lo normal (con un 60-70% de probabilidad), pero también más lluvioso.
La situación de Doñana muestra mejoras. En el acuífero Almonte-Marismas, WWF estima unas 3.300 hectáreas regadas de forma irregular y 13,34 hm³ extraídos ilegalmente. Esta cifra ha disminuido respecto a 2024 gracias a un control más riguroso, y el cultivo ilegal bajo plástico en La Rocina ha remitido, aunque esta superficie está siendo ocupada ahora por el olivar superintensivo. No obstante, la Unesco advirtió en la 48ª sesión de su Comité de Patrimonio Mundial en Corea del Sur que Doñana podría ser incluida en la Lista de Patrimonio Mundial en Peligro si no se revierte "rápida y eficazmente" el deterioro de su acuífero. Esto ocurre a pesar de que se han clausurado 1.214 pozos desde 2019. España tiene hasta el 1 de febrero de 2027 para presentar un nuevo informe.
WWF presta especial atención al reciente sobreseimiento de la investigación sobre los pozos de la Casa de Alba en Aznalcázar (Sevilla): a principios de septiembre, el juez archivó la investigación abierta por la Fiscalía de Medio Ambiente al concluir que las diligencias "generan importantes dudas" sobre el daño al acuífero, después de que la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir legalizara en mayo los pozos investigados. Días después, Ecologistas en Acción recurrió esta decisión. Existe otro precedente: los hermanos Campos Peña, propietarios de una finca en el mismo municipio, fueron los primeros condenados a prisión por sustraer agua a Doñana. Habían extraído 19,4 millones de metros cúbicos entre 2008 y 2013. La Audiencia de Sevilla les redujo la pena en apelación de tres años y cinco meses a un año y medio. Estos terratenientes recibieron 420.000 euros de la PAC entre 2021 y 2022.
La zona donde el plan de acción sí está generando resultados es el Mar Menor: la superficie con indicios de riego ilegal en el Campo de Cartagena ha disminuido de 11.000 hectáreas en 2019 a 3.271 en 2024, lo que representa un descenso del 65%. Parece que la combinación de la Ley del Mar Menor de 2020, el Marco de Actuaciones Prioritarias del MITECO desde 2022 y, este mismo mes, el visto bueno ambiental a los dos primeros "filtros verdes" del Cinturón Verde, está empezando a tener efecto. Estos filtros son capaces de eliminar hasta el 97,5% de los nitratos de la laguna.
Existen dos historias contrastantes. En Los Arenales, entre Segovia, Valladolid y Ávila, la superficie con sospechas de ilegalidad se redujo de 17.000 a 16.481 hectáreas entre 2019 y 2023, gracias a acuerdos entre la Confederación del Duero y las comunidades de usuarios, aunque la masa de Tierra del Vino sigue 26 metros por debajo de su nivel habitual. En Baza (Granada), más de 4.000 hectáreas, un 62% del regadío de la comarca, estarían utilizando agua robada, y el acuífero de Sierra de las Estancias podría soportar una presión equivalente al 208% de su capacidad, con manantiales ya secos. Por otro lado, la zona sureste, que comprende Albacete, Alicante y Almería, presenta un empeoramiento. Hay unas 15.230 hectáreas con indicios claros de ilegalidad, con un crecimiento "insostenible" liderado por la zona de Albacete, justo cuando el resto de los focos, a excepción de Baza, comienza a mejorar. WWF solicita ahora más recursos técnicos y jurídicos para las confederaciones hidrográficas, una mayor implementación de la teledetección y contadores, y una coordinación efectiva entre el Estado, las comunidades autónomas y los ayuntamientos, en un momento en que se está redactando la nueva planificación hidrológica para un escenario con menor disponibilidad de agua.
