El envejecimiento poblacional y el aumento de la esperanza de vida impulsan a los gobiernos a retrasar la edad de jubilación. En España, la Disposición Transitoria 34 surge para evitar penalizaciones excesivas en jubilaciones anticipadas con altas bases de cotización. Esta normativa, diseñada para una situación específica, busca equilibrar la sostenibilidad del sistema y los derechos de los trabajadores, aunque su aplicación ha generado controversias recientes.
El progresivo envejecimiento de la población, junto con el incremento de la esperanza de vida, está obligando a los gobiernos a nivel mundial a retrasar la edad de jubilación para asegurar la viabilidad de sus sistemas de pensiones. En España, desde 2011 se ha implementado un periodo de transición que, de manera gradual, retrasa la edad de jubilación hasta los 67 años si no se han cotizado los 38 años y seis meses requeridos para jubilarse a los 65. Sin embargo, surge la pregunta de qué ocurre si se han cotizado más de esos 38 años.
Para desalentar las jubilaciones anticipadas, el Gobierno estableció una serie de penalizaciones: por cada mes que se adelante la jubilación, se aplica una reducción en la pensión. Alfonso Muñoz Cuenca, funcionario de la Seguridad Social y especialista en jubilaciones, detalla en un video de su canal de YouTube la clave para acceder a la jubilación y minimizar parte de estas penalizaciones: la "disposición transitoria 34".
Esta norma fue concebida para corregir una particularidad del sistema. Antes de 2021, un trabajador con una base de cotización muy elevada podía adelantar su jubilación con una pérdida económica mínima. Su pensión teórica, incluso con la aplicación de los coeficientes de penalización, se mantenía por encima del tope máximo. Por lo tanto, su pensión no variaba, independientemente de si adelantaba o no su retiro. El propósito de la norma, según el funcionario, es "penalizar a aquellos trabajadores que, jubilándose anticipadamente y aplicándose la normativa general, no sufrirían penalización en el importe de su pensión".
La reforma de 2021 buscó subsanar esta laguna, pero de forma escalonada. Se optó por un sistema progresivo que, año tras año, iría aumentando las penalizaciones para estas pensiones más elevadas.
La situación se comprende mejor con un ejemplo. Para evitar un impacto abrupto en las pensiones más altas, la ley estableció una trayectoria de diez años, desde 2024 hasta 2033. Cada año, el coeficiente de penalización se incrementaría ligeramente, y este coeficiente se aplicaría sobre la pensión máxima, no sobre la base reguladora real. De esta forma, las cotizaciones más elevadas empezarían a experimentar la misma presión que el resto.
Muñoz ilustra con el caso de una persona con una base reguladora de 4.000 euros y más de 44 años y medio cotizados. Si adelanta su jubilación dos años, el recorte general sería del 13%. Sin embargo, dado que la pensión resultante supera el tope máximo, al final percibiría la misma cantidad que si se jubilara a los 65 y no a los 63. Es decir, en estos casos, las medidas para desincentivar la jubilación anticipada no estarían logrando el efecto deseado.
En contraste, la disposición transitoria 34 le aplica una penalización del 6,7% en 2026. Este porcentaje se calcula sobre la pensión máxima, que para ese año se fijó en 3.359,60 euros mensuales. La diferencia entre aplicar la disposición transitoria 34 o no, ronda los 212 euros mensuales, lo que suma casi 3.000 euros al año.
En enero de 2026, la Seguridad Social decidió dejar de aplicar este periodo transitorio y comenzó a aplicar directamente los coeficientes previstos para 2033, que son los más severos de la tabla. Según lo publicado por elDiario.es, un trabajador afectado podría ver cómo la penalización de su pensión anticipada aplicaba un recorte del 21%, el cual debería aplicarse en 2033, en lugar del 9,34% que le correspondería en 2026 con la aplicación de la disposición transitoria 34.
Los sindicatos expresaron su desacuerdo con la anulación de la disposición transitoria 34, que estaba afectando las pensiones de los trabajadores con más años cotizados. El Ministerio de Elma Saiz rectificó semanas después, restableciendo la aplicación de la mencionada disposición 34. La norma sigue vigente hasta 2033, tal como se especifica en la propia normativa en el BOE.
Para aquellas personas que tramitaron sus jubilaciones durante la breve derogación de esta disposición y a quienes se les aplicaron coeficientes de reducción más estrictos, no será necesario presentar ninguna reclamación. Tal como Muñoz indica en su video: "estas pensiones serán revisadas de oficio, es decir, el interesado no necesita presentar reclamación". Esta revisión, además, conlleva los atrasos correspondientes a la parte de la pensión que se recortó indebidamente. La diferencia, como ilustra el ejemplo de los 4.000 euros, puede ascender a miles de euros.
