Ante el alarmante incremento de robos de cobre en España, especialmente en Cataluña, la Generalitat está negociando con el Gobierno central una reforma del Código Penal. El objetivo es que estos delitos, que causan graves interrupciones en servicios esenciales, sean considerados un crimen mayor y sus responsables enfrenten penas de prisión, dejando de tratarse como simples hurtos patrimoniales.
El cobre se ha convertido en el metal más codiciado en España, no por su valor ornamental, sino por el masivo robo de toneladas de este material. La Generalitat está en conversaciones con el Gobierno central para modificar el Código Penal, buscando que los ladrones de cable sean encarcelados directamente. La consellera portavoz, Sílvia Paneque, confirmó esta semana la intención de dejar de clasificar el robo de cobre como un mero hurto patrimonial, dada la magnitud de sus consecuencias: paralización de trenes, apagones de semáforos y la interrupción de líneas telefónicas en comunidades enteras.
La cantidad de cobre sustraído es considerable. Como ejemplo, en Lleida, los Mossos d'Esquadra detuvieron a dos individuos cortando cable junto a la vía entre Lleida y Puigverd. Estos fueron vinculados a un robo anterior de dos toneladas de cable de un almacén de Adif en Raimat. Durante tres meses, habían vendido cobre a chatarrerías locales a 10 euros el kilo. Uno de los implicados también estaba relacionado con otro robo de 5.500 euros en septiembre.
La línea R3 de Rodalies, que conecta L'Hospitalet y Puigcerdà, es una de las más afectadas, con 63 robos de cable solo en 2026. El Ministerio de Transportes ha activado un contrato de emergencia de 17 millones de euros para adquirir 70 kilómetros de cable de repuesto y reforzar la vigilancia con cámaras. La reapertura total de esta línea se ha pospuesto hasta enero de 2027. Cada incidente deja a miles de viajeros del Vallès, Osona y el Ripollès sin servicio, obligándolos a usar autobuses de sustitución. La Estación de Francia en Barcelona sufrió seis robos en diez días este mes, y un robo en Vinaixa provocó un incendio que dejó dos líneas sin servicio durante semanas. El Ministerio de Transportes aboga por endurecer las penas para combatir estas situaciones.
En 2024, las fuerzas de seguridad registraron 4.333 robos de cableado de cobre en España, un aumento del 87% en comparación con cinco años antes, con 978 detenidos, el doble que en 2019. Castilla-La Mancha lideró entonces la lista con 799 casos, seguida de Andalucía con 745. Lo destacable en 2026 es la rapidez con la que se alcanzan estas cifras: durante el primer semestre se igualaron los números de años completos. Solo en Cataluña, Adif presentó 229 denuncias entre enero y agosto, superando las 184 de todo 2025.
El verano comenzó con el desmantelamiento de una organización internacional que resultó en 39 detenciones en Ávila, La Rioja y Córdoba, y la recuperación de 134 kilómetros de cable robado, sumando 157 toneladas con un valor económico superior a un millón de euros. Sin embargo, solo se recuperaron 22 toneladas. La organización, con base en Córdoba y compuesta por ciudadanos del este de Europa, almacenaba el material en naves de Logroño, Francia y Portugal antes de enviarlo a Rumanía. El verano concluyó con la Operación de Alto Impacto CERES 2.0, que detectó 26 infracciones y kilos de cobre robado en varias chatarrerías de La Sagra (Toledo).
Cataluña no es un caso aislado. A nivel estatal, Adif contabilizó 409 denuncias por robo de cable entre enero y junio, un récord para un primer semestre desde que se tienen registros comparables en 2018. Solo 2025 se le acerca, con 462 en todo el año. Cataluña concentra el 40% de los robos, muy por encima de su promedio histórico del 27,7%. Le siguen Aragón, el País Vasco y Castilla-La Mancha, con una diferencia considerable.
La razón económica es clara: el cobre registra precios históricos. A finales de septiembre, cotizaba alrededor de 6,8 dólares la libra, casi un 50% más que hace un año, tras superar los 14.500 dólares la tonelada en la Bolsa de Metales de Londres en septiembre. La demanda de los centros de datos que impulsan la inteligencia artificial, los vehículos eléctricos y la escasez minera en Chile están elevando el precio sin un techo a la vista. Cuanto más valioso es el metal, más rentable resulta cortar un cable y venderlo por kilos en una chatarrería. El paladio ya generó una situación similar con los catalizadores de coche.
El artículo 240.2 del Código Penal sanciona con entre dos y cinco años de prisión el robo con fuerza de cableado esencial, pero solo si hay un "quebranto grave". El problema es que la mayoría de los robos de cobre se cometen sin forzar entradas, lo que la ley cataloga como hurto simple, un delito menor que no conlleva prisión a menos que el ladrón acumule tres condenas firmes. Esto se debe a la reciente ley catalana contra la multirreincidencia, que desde abril permite hasta tres años de cárcel independientemente del valor sustraído. Por ello, el Ministerio de Transportes propone un subtipo agravado, con penas de entre dos y seis años, específico para robos que afecten la circulación ferroviaria. Cataluña insta a acelerar este proceso.
Aún se recuerda el caso de una banda de ladrones ingleses que en 2020 sustrajo 97 kilómetros de cable de cobre, dejando a 45.000 familias sin electricidad. Los trenes británicos acumularon 72.000 minutos de retraso en un solo año por este delito; los alemanes perdieron 700 horas; y los belgas vieron cómo las sustracciones se disparaban un 300%.
En el mercado del oro ya se utilizan marcadores de trazabilidad para que las pruebas radiológicas identifiquen la pieza original. Sin embargo, el cobre, irónicamente, es "demasiado" barato para ciertos procedimientos de este tipo. El cobre robado no debería ser comercializado, pero la situación actual lo permite.
