Ante la devastadora temporada de incendios de 2026, la Xunta de Galicia ha presentado un anteproyecto de ley que busca responsabilizar a los propietarios de la limpieza de sus terrenos, e incluso de los colindantes si estos incumplen. La normativa amplía el periodo de alto riesgo, incrementa las distancias de seguridad y permite a los vecinos desbrozar fincas ajenas, generando controversia en una región con una compleja estructura de la propiedad.
Desde hace siglos, alterar una linde ha sido considerado una infracción grave. El Deuteronomio prohíbe mover los linderos ancestrales y maldice a quienes lo hacen. En Roma, el mojón era divinizado, con sacrificios anuales ante la piedra de Término. Ovidio, en un tono informal, instó al dios Término a no ceder ante el arado del labrador, recordando que no cedió ni siquiera ante Júpiter.
Sin embargo, el año 2026 ha sido el peor en la historia de los incendios. A 28 de septiembre, el monte sigue activo, con fuegos recientes en Galicia (Porto do Son, Gondomar, O Xurés), Puertollano y Ayamonte. En este contexto, la Xunta ha propuesto el anteproyecto de su nueva ley de incendios, basada en la premisa de que cada uno debe limpiar su propiedad y, si no lo hace, también la del vecino. Aquí surge la principal complicación.
El anteproyecto, que fue revisado por el Consello Forestal el 22 de septiembre y se espera que llegue al Parlamento en octubre, actualiza la Ley 3/2007, cuya tramitación ha durado dos años. La nueva normativa extiende un mes el periodo de alto riesgo, del 16 de junio al 15 de octubre, y mantiene la franja de seguridad de 50 metros alrededor de núcleos habitados y viviendas. La Xunta podrá aumentar esta franja a 100 metros en aldeas con situación 2 y duplicarla en zonas estratégicas. También se incrementan las distancias de seguridad junto a autopistas (20 metros), carreteras y tendidos eléctricos (10 metros) y gasoductos (5 metros).
Por primera vez, se obliga a los propietarios de terrenos urbanos que colindan con el monte a mantener la biomasa por debajo de 50 centímetros y las copas de los árboles alejadas de los tejados, incluso si el ayuntamiento no ha delimitado la franja. Se mantiene la prohibición de eucaliptos, pinos y acacias, con algunas excepciones ornamentales. Las multas por incumplimiento van de 100 a 1.000 euros para infracciones leves y de 1.001 a 100.000 euros para las graves en zonas estratégicas. En el Pirineo aragonés ya se están implementando iniciativas conjuntas para crear anillos antiincendios.
La temporada de incendios de 2026 ha sido histórica. Se ha reportado que el incendio de Ávila demostró cómo los récords se superan de un año a otro, y que en el primer semestre de 2026 ya había ardido seis veces más superficie que en 2025. El balance de EFFIS confirma 299.501 hectáreas quemadas hasta el 24 de septiembre, lo que representa el triple de la media (unas 95.000 hectáreas) y el 44,1% de toda la superficie quemada en la Unión Europea. No obstante, no supera a 2025, que en la misma fecha sumaba 390.084 hectáreas y cerró con 393.079, siendo la peor cifra desde 1994.
Lo más grave de 2026 fueron los 43 grandes incendios registrados a mediados de agosto, destacando el de Niebla (Huelva) como el mayor de la historia de Andalucía y la primera emergencia de interés nacional por fuego, y el de Los Gallardos (Almería), el más mortífero del sur de España, con 13 víctimas. Más de 90.000 personas fueron evacuadas o confinadas.
La novedad del anteproyecto es la posibilidad de intervenir en fincas ajenas. El artículo 39.3 permite (no obliga) que el propietario de una vivienda o explotación agrícola desbroce la finca vecina dentro de los 50 metros de seguridad, con servidumbre forzosa de paso, si su titular ha incumplido durante dos años consecutivos o si la biomasa supera los 50 centímetros de altura media. Previamente, se debe avisar al ayuntamiento, que será responsable de localizar al propietario y sancionarlo. Sin embargo, no se permitirá la tala de árboles, que sigue siendo responsabilidad del dueño. La Asociación Forestal de Galicia ya ha manifestado su desacuerdo con estas medidas.
En algunas zonas de Galicia, la costumbre permitía plantar árboles hasta el mismo linde para fijarlo, aunque no junto a las casas. En contraste, el artículo 591 del Código Civil exige dos metros de distancia para árboles altos y 50 centímetros para arbustos. Se recuerda que la Audiencia de Málaga ordenó el año pasado la tala o trasplante de cinco árboles, ya que la antigüedad no legaliza la infracción. Además, un árbol que sirve de mojón no puede talarse sin el acuerdo de ambos colindantes. Un mismo seto puede ser ilegal por su cercanía, intocable por ser un linde y, según el anteproyecto, inflamable.
La cuestión de los minifundios es relevante. En 2010, la desaparición o movimiento de mojones de piedra generó numerosos problemas. El Código Penal sanciona con multa de tres a dieciocho meses la alteración de mojones, incluyendo elementos naturales como rocas o árboles. Solo se considera delito si hay ánimo de lucro; en caso de una discusión honesta, se recurre al deslinde civil. La dificultad radica en definir los límites de la propiedad. Para acceder a la finca del vecino, primero hay que saber dónde termina la propia. Para fincas de dueño desconocido, se mantiene la expropiación, pero en fincas abandonadas, la limpieza puede costar tanto o más que su valor catastral.
Es importante considerar algunos datos, aunque algo anticuados: Galicia cuenta con 11 millones de parcelas rústicas (el 28% de España) y 1,7 millones de propietarios, con un promedio de 6,7 parcelas de 2.500 metros cuadrados. El Catastro tenía mal identificada la propiedad de aproximadamente el 30% de estas parcelas. La Xunta estima que un 8% de las parcelas no tienen dueño conocido, un porcentaje que en zonas abandonadas asciende al 30-40% y en algunos polígonos hasta un 80% ni siquiera figura en el Catastro. Un levantamiento topográfico cuesta entre 200 y 800 euros por parcela.
En Galicia, los linderos se han marcado de diversas formas, incluyendo muros y árboles que ya no existen. Con la popularización de los chalés, se extendieron los cierres de tuyas, que ofrecen privacidad pero son altamente inflamables. Por ello, el anteproyecto promueve, según La Voz de Galicia, su "sustitución progresiva" en la interfaz urbano-forestal. También sugiere la retirada de brezos, enebros, palmeras, pinos, cipreses, cedros, piceas y abetos. Esto es una recomendación, no una orden, pero apunta a los setos que actúan como linde en una comunidad donde ni el Catastro tiene clara la delimitación.
El cumplimiento de la normativa es un desafío: en 2025, se revisaron 244.200 parcelas, de las cuales cerca del 64% estaban gestionadas, y se abrieron 226 expedientes sancionadores. Para este año, la ley de acompañamiento de los presupuestos prevé retener el 30% del Fondo de Cooperación Local a los ayuntamientos que no se adhieran al convenio de biomasa. El telón de fondo es el año 2025, con casi 120.000 hectáreas quemadas en Galicia. Décadas de abandono rural han propiciado la acumulación de combustible, y el fuego consume los cultivos que antes actuaban como barrera.
El anteproyecto puede imponer multas de 100.000 euros, autorizar a un vecino a usar una desbrozadora en una propiedad ajena y recomendar la retirada de setos. Sin embargo, aún no puede determinar la titularidad de cada finca. A pesar de estas dificultades, es crucial crear anillos de seguridad, ya que el fuego no respeta las escrituras. Las brasas pueden viajar kilómetros por delante del frente, y un estudio de UC Berkeley sobre cinco incendios californianos (2017-2020) atribuyó a las brasas casi un tercio de las igniciones, observando que 1,5 metros sin vegetación alrededor de una casa aumentaban su supervivencia. Esta franja, en un chalé con seto de tuyas, podría estar ocupada por el propio seto. Además, el mosaico de parcelas cultivadas que separa las lindes actúa como un cortafuegos natural. Se ha demostrado que la agricultura activa reduce en un 75% la exposición de los edificios, mientras que el abandono multiplica por siete las estructuras en alto riesgo.
