La creciente inaccesibilidad de la vivienda en España, una preocupación recurrente, ha escalado a un punto crítico con el desahucio de Maricarmen, una anciana de 87 años. Este caso ha desatado una ola de indignación y protestas, impulsando al Gobierno a acelerar la tramitación de un real decreto ley sobre vivienda. La situación actual podría marcar un antes y un después en el debate habitacional del país.
Desde hace años, encuestas como las del CIS han señalado que la vivienda, cada vez más costosa e inasequible, es la principal preocupación de los españoles, superando a temas como la guerra, la corrupción o la inflación. El Gobierno, consciente de esta realidad, ha intentado en diversas ocasiones modificar el marco legal, pero con poco éxito. La última tentativa en julio fue frenada por la falta de apoyo parlamentario. Ahora, el Ejecutivo se enfrenta al mismo desafío en un contexto diferente: el desahucio de Maricarmen ha transformado la crisis habitacional de una mera estadística en un potencial detonante de un nuevo movimiento social similar al 15M.
A pesar de haberla declarado como una de sus "prioridades" durante años, la cuestión de la vivienda ha sido un obstáculo para el Gobierno. La ausencia de una mayoría sólida, la distribución de competencias con las Comunidades Autónomas y la necesidad de conciliar las posturas de aliados tan diversos como Sumar y Junts han diluido sus propuestas en este ámbito. En algunos casos, incluso han fracasado durante su proceso de tramitación, como ocurrió en julio, cuando el ministerio desistió de aprobar un real decreto antes del receso estival, posponiendo la decisión a septiembre ante la falta de apoyos y para evitar un nuevo fracaso.
El Gobierno probablemente no anticipó que la situación en septiembre se complicaría aún más. El desahucio de Maricarmen, una mujer madrileña de 87 años desalojada de su hogar de siete décadas por un 'fondo buitre', ha provocado una indignación masiva que ha crecido hasta amenazar con un nuevo 15M. En los últimos días, Madrid ha sido escenario de multitudinarias protestas, y desde el sábado, la Puerta del Sol ha vuelto a llenarse de tiendas de campaña, evocando mayo de 2011. Sin embargo, en esta ocasión, no son 'indignados' coreando "El pueblo unido jamás será vencido", sino inquilinos y jóvenes frustrados por la imposibilidad de independizarse, portando carteles con el lema "Ser casero no es una profesión". A diferencia del 15M, no hay un movimiento transversal que busque una reforma general y vaga de las instituciones, sino un cambio profundo y específico: se demanda vivienda asequible.
Hace unos días, desde Moncloa expresaban su esperanza de que el 'caso Maricarmen' sirviera como "un punto de inflexión" en el debate sobre la vivienda en el Congreso, una herramienta para cambiar el voto de "los partidos que tenían bloqueado" su real decreto ley. Una "ventana de oportunidad", en palabras del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. El domingo, mientras las tiendas de campaña se extendían por la Puerta del Sol, el Ejecutivo incluso anunció que trabajaba a contrarreloj para presentar un Real Decreto Ley sobre Vivienda en el Consejo de Ministros del martes. "Pido a los grupos parlamentarios que hagamos un último esfuerzo para que sea convalidado. Es una cuestión de humanidad", afirmó Sánchez en Getafe.
La controversia generada por el desahucio, si bien podría abrir una "ventana de oportunidad", también incrementa la presión sobre el Ministerio de Vivienda y eleva el nivel político de la negociación, en la antesala de un año con elecciones generales y locales. El motivo no es solo el desalojo de la anciana. La Confederación de Sindicatos de Inquilinas (CIS) y el Sindicato de Madrid han tomado este caso como bandera y exigen lo que ya se conoce como el "decreto Maricarmen", un conjunto de propuestas que, según ellos, debe guiar el texto que se presente al Consejo de Ministros. ¿Qué reclaman? El viernes, los portavoces de CIS plantearon cinco propuestas: "medidas estructurales" para prevenir desahucios, una reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos para regular los alquileres de temporada y por habitaciones, la congelación de los precios actuales, la aprobación de "prórrogas efectivas" y una renovación automática de los contratos para que se conviertan en indefinidos. Desde entonces, el colectivo ha mantenido sus líneas rojas, insistiendo en que la regulación de los contratos indefinidos es "irrenunciable" y que el decreto debe incluir las prórrogas automáticas. La importancia de estas demandas radica no solo en su contenido, sino en el momento y la forma en que se presentan. Las protestas por la vivienda han llegado a Barcelona, coincidiendo con un acto público de Sánchez.
"No vamos a aceptar migajas ni medidas vacías. (...) Esto quiere decir que la medida que no se puede quitar son los contratos indefinidos", enfatizó Alicia del Río, portavoz del sindicato de arrendatarios, esta mañana. No es la única en pronunciarse en este sentido; otros miembros insisten en que la organización no aceptará "un decreto falso o tibio".
La presión se siente tanto en las calles como en los despachos, donde el Gobierno debe dar forma al decreto que presentará al Consejo de Ministros. El departamento de Isabel Rodríguez no solo tiene el desafío de redactar un texto que convenza a su socio de coalición, Sumar, que ha amenazado con no apoyar al PSOE si considera que el decreto solo ofrece "parches". Incluso si el decreto recibe la aprobación del Consejo de Ministros, deberá superar otra prueba, igual o más compleja: la votación en el Congreso en un plazo de 30 días. Esta convalidación es crucial y complicada. Vivienda debe elaborar un texto que satisfaga a socios tan dispares como Sumar y Junts, que, por ejemplo, ha exigido rebajas fiscales para los propietarios, una medida que Sumar considera "injusta". La incógnita ahora es qué equilibrios logrará establecer el Gobierno y hasta qué punto los socios estarán dispuestos a ceder. Por el momento, con las protestas extendiéndose a Barcelona, Sumar advirtió hace unas horas que el decreto aún está "muy lejos".
Aunque habrá que esperar para conocer el resultado de las negociaciones a contrarreloj del Gobierno y cómo reflejan las exigencias de los inquilinos, se sabe que hay una serie de propuestas sobre la mesa. ¿Cuáles son? Protección frente a desahucios, limitación de la especulación de los fondos buitre en el mercado de la vivienda, ayudas para el acceso a la vivienda y una "estabilización" de los contratos de arrendamiento. También se ha avanzado que la lista incluye cambios en el tratamiento fiscal para propietarios e inquilinos, el fortalecimiento del parque de vivienda estatal y el endurecimiento del marco legal para los alquileres de temporada y los apartamentos turísticos, dos áreas en las que Moncloa ha puesto el foco en los últimos años.
