Mientras la vivienda se consolida como la principal preocupación en España, con miles de desahucios y personas sin hogar, Marinaleda (Sevilla) emerge como un contrapunto. Este municipio ofrece casas de dos plantas con alquileres de 15 a 20 euros mensuales, sin límite de tiempo y sin posibilidad de venta. Su modelo se basa en la regulación del mercado, la autoconstrucción y la propiedad municipal, demostrando una alternativa a la especulación inmobiliaria.
Según los barómetros del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), la vivienda sigue siendo el problema más acuciante para los ciudadanos en España. Esta realidad se manifiesta en los casi 5.000 desahucios registrados en 2026, las cerca de 30.000 personas sin hogar y las protestas como las acampadas en plazas que respaldan el llamado “Decreto Maricarmen”, en respuesta a los fondos buitre y un mercado de alquiler desequilibrado. En este contexto, resulta sorprendente la propuesta de Marinaleda (Sevilla): casas de dos plantas por 20 euros al mes, sin fecha de caducidad y sin posibilidad de venta. Este municipio está ultimando 24 viviendas municipales que se alquilarán por entre 15 y 20 euros, donde el mercado no está roto, sino regulado.
Mientras que un apartamento de un dormitorio en España se ofrece por una media de 984 euros, casi 50 veces más, y el alquiler de Maricarmen, una madrileña de 87 años, se disparó de 500 a 2.650 euros, el modelo de Marinaleda ofrece una vía distinta. Aunque PSOE y Sumar cerraron un pacto para aprobar un decreto de vivienda, el caso de Marinaleda subraya la existencia de otras soluciones. El sistema actual en Marinaleda es simple: se accede a una casa y no se puede vender. Actualmente, hay dos promociones, de 10 y 14 casas de una o dos plantas. El alcalde, Sergio Gómez (Con Andalucía), asegura que los inquilinos pueden permanecer sin límite de tiempo y no tienen permitido vender la propiedad. La propiedad sigue siendo del Ayuntamiento y, al marcharse una familia, la vivienda vuelve a ser de carácter social. Para optar a ellas, es necesario llevar dos años empadronado y se evalúa cada situación personal.
El modelo de Marinaleda también implica que los futuros vecinos contribuyen en la construcción de su hogar. Una empresa local (nunca una multinacional) se encarga de la obra y los futuros residentes trabajan como peones, descontándose sus horas del precio final. Como documentó un medio local, Pilar Prieto se mudó a su casa en 1993 con su marido y su hijo de cuatro años, sin experiencia previa en construcción, y desde entonces paga menos de 20 euros al mes. Según el consistorio, más de 350 viviendas se han levantado bajo este esquema. El propio alcalde construyó su casa de esta manera y paga su alquiler al Ayuntamiento, como cualquier otro vecino.
Este sistema tiene sus raíces en la figura de José Domínguez, conocido como El Cabrero, un pastor sevillano que se convirtió en un influyente cantaor flamenco durante la Transición. Sus canciones hablaban de jornaleros, terratenientes, pobreza y libertad, y su compromiso con el movimiento libertario y las luchas del campo andaluz lo llevó a colaborar con los trabajadores de Marinaleda y a mantener una estrecha relación con el sindicalista Juan Manuel Sánchez Gordillo. Su figura se convirtió en un símbolo de la ocupación y colectivización de tierras, las cooperativas y el trabajo comunitario, dando origen a un sistema de vivienda que lleva su nombre. El modelo “El Cabrero” es un esquema de autoconstrucción financiado con fondos municipales, fondos del PER y trabajo voluntario de los vecinos, permitiendo la edificación de cientos de viviendas públicas cuyo coste para los habitantes ronda los 15 euros mensuales.
Las 24 casas más recientes ya estaban en construcción en octubre de 2024 y dependen de financiación autonómica. Según el alcalde, el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 asigna a Andalucía 718,2 millones estatales y 478,8 autonómicos, sumando un total de 1.197 millones. Andalucía ya ha recibido 136,8 millones correspondientes a 2026, pero en Marinaleda la Junta no había abierto la convocatoria hasta ahora. La posibilidad de quedarse en la vivienda de forma indefinida, una demanda clave del Sindicato de Inquilinas en el decreto Maricarmen, es una realidad asumida en Marinaleda desde hace décadas. Pilar, por ejemplo, paga una cuota que siempre puede afrontar. El borrador de la Ley de Vivienda, en contraste, planteaba una prórroga de dos años y la prohibición de desahucios solo hasta 2028.
Además del éxito en vivienda, es importante mencionar la finca de El Humoso, el motor económico de Marinaleda. Los jornaleros lograron emancipar sus 1.200 hectáreas en 1991, tras años de conflicto, pero su futuro aún requiere una solución firme. Ya enfrentó la amenaza de desalojo en plena crisis agraria y, aunque logró mantener la gestión pública, este pulmón económico no posee la misma fuerza que hace un lustro. La aspiración de tener una casa en propiedad, cada vez más difícil para los jóvenes, choca con la realidad de Marinaleda, donde Pilar Prieto busca gestionar la permanencia en su casa para legársela a su hijo, manteniendo la condición de inquilina del Ayuntamiento. El alcalde resume la situación: "No es un milagro, es gestión".
En Marinaleda, ni el alcalde ni ningún concejal cobran, ni siquiera por asistir a los plenos, y el Pleno votaría en contra de que una gran constructora edifique casas. De hecho, tampoco hay fuerzas policiales como tal. En un contexto donde la vivienda es más cara que nunca, Marinaleda, en lugar de seguir modelos como los de Madrid o Málaga, opta por proteger a sus 2.562 vecinos (siete más que el año anterior) con un formato que exige compromiso colectivo. Cuando el suelo es público y el trabajo lo aportan los vecinos, la cuota deja de ser un problema y permite vivir sin la preocupación de la vivienda.
