La propuesta de un alquiler indefinido ha emergido como un punto crucial en la política española, impulsada por la creciente indignación social y el "caso Maricarmen". Esta medida busca ofrecer mayor estabilidad a los inquilinos, eliminando las fechas de caducidad en los contratos, y ha generado intensas negociaciones entre el Gobierno y sus socios, reflejando un esfuerzo por abordar la crisis residencial.
Lo que inicialmente se preveía como un desahucio más, el "caso Maricarmen" ha catalizado un cambio significativo en la política española. En medio de una ola de descontento nacional y con Sol transformado en un campamento improvisado, rememorando los tiempos del 15-M, el Gobierno se ha visto impelido a negociar con urgencia un decreto que aborde, al menos parcialmente, la crisis de vivienda. Entre las propuestas consideradas se encuentran un "escudo anti desahucios", el endurecimiento de la regulación para alquileres temporales y de habitaciones, e incluso una "congelación" de precios.
Sin embargo, un aspecto particularmente delicado que ha generado fricciones hasta momentos antes de que Sumar y el PSOE se reunieran en el Consejo de Ministros para aprobar el Real Decreto sobre vivienda es el alquiler indefinido. La idea es que propietarios e inquilinos establezcan acuerdos sin un plazo temporal fijo, a semejanza de los contratos laborales. Esto eliminaría las fechas de caducidad y los pactos de cinco o siete años (en el caso de sociedades) con posibles prórrogas, como ocurre actualmente. La intención es que el contrato se renueve automáticamente si el inquilino cumple con los pagos.
El objetivo principal es que los inquilinos puedan vivir sin la preocupación de que, tras un período de cinco u ocho años, el propietario les solicite desocupar la vivienda o les imponga un aumento desproporcionado en la renta mensual. Naturalmente, el arrendador podría recuperar la vivienda si la necesita, siempre y cuando acredite una causa justificada.
La figura del alquiler indefinido no ha sido la única fuente de tensión en las negociaciones entre el Gobierno y sus aliados, pero sí ha desempeñado un papel fundamental. La razón es que el Sindicato de Inquilinas, el colectivo que ha capitalizado la indignación generada por el desahucio de Maricarmen, ha declarado que esta es una demanda "irrenunciable". "No aceptaremos migajas ni medidas vacías. (…) Esto significa que la medida que no se puede eliminar son los contratos indefinidos", afirmó Alicia del Río, portavoz, el día anterior.
La presión sobre Moncloa no solo provino de los acampados en Sol. Sumar, socio de coalición del PSOE, adoptó esta reivindicación y ejerció presión hasta el último momento para lograr una renovación automática de los contratos. De hecho, al no encontrar la medida en el borrador del decreto entregado por el Ministerio de Vivienda, la formación de Yolanda Díaz elevó el tono. A tal punto que, en la misma mañana, el acuerdo entre PSOE y Sumar parecía incierto.
Finalmente, el alquiler indefinido se incluirá, pero de una forma particular, en la propuesta que el Gobierno presentará al Parlamento. Esto implica que el PSOE y Sumar han optado por impulsar dos decretos ley distintos. Según El País, ambas formaciones han acordado medidas de protección contra los desahucios hasta 2030, la regulación de los alquileres de temporada y por habitaciones, la prohibición de compras por parte de 'fondos buitre' hasta 2028, y una prórroga de 24 meses para los contratos que expiren antes de diciembre de ese mismo año. A la espera de que Vivienda detalle el acuerdo, también se ha alcanzado un consenso para la renovación automática de los alquileres, pero esta se incorporará en un segundo decreto.
Este matiz es relevante porque las medidas acordadas en el Consejo de Ministros requieren de un trámite adicional: deben ser convalidadas en el Congreso, donde se presentarán el viernes. Allí necesitan obtener los apoyos necesarios, una tarea delicada, como ya ha experimentado el Gobierno. No es suficiente con los votos favorables del PSOE y Sumar. Se necesita el respaldo de formaciones como Junts, cuyas prioridades en materia de vivienda no siempre coinciden, e incluso chocan, con las de los socios de izquierda del Ejecutivo. La formación de Puigdemont aboga por rebajas fiscales para los propietarios, una medida que los responsables de Sumar no ven con buenos ojos.
En realidad, las renovaciones automáticas de alquiler no son un concepto nuevo en España. La Ley de Arrendamientos Urbanos de 1964 contemplaba prórrogas forzosas e incluso la subrogación de familiares, una situación que se mantuvo hasta mediados de los años 80, durante el gobierno de Felipe González, cuando el Decreto Boyer permitió pactar la duración de los contratos. La experiencia de hace cuatro décadas es de interés porque, según algunos analistas, puede ofrecer indicios sobre el impacto de los contratos indefinidos. "Con esas condiciones, alquilar dejó de ser rentable, los propietarios retiraron viviendas del mercado y dejaron de invertir en las que ya tenían arrendadas", explica Santiago Calvo, doctor en Economía, en El Mundo. Las estadísticas del Observatorio de la Vivienda, recopiladas por el diario, reflejan este cambio: en la década de 1970, casi un tercio (30,1%) de los hogares vivían en régimen de alquiler; en 2021, su proporción se había reducido al 16,1%.
España no sería el primer país en implementar la fórmula de las prórrogas automáticas, sin fecha de caducidad. Hace unos meses, Reino Unido decidió modificar el marco legal establecido en la época de Thatcher con una ley que respalda los alquileres sin una fecha de finalización predefinida. El objetivo es similar al que se busca en España: proporcionar estabilidad a los inquilinos y prevenir los desahucios sin justificación. Este cambio entró en vigor en mayo y ha sido frecuentemente citado por el Sindicato de Inquilinas en los últimos días. Los contratos sin fecha de finalización también existen en Alemania, Países Bajos, Austria o Suecia, aunque con variaciones significativas entre países. El caso alemán es probablemente el más relevante, tanto por la alta proporción de personas que viven de alquiler como por el hecho de que las prórrogas automáticas son la norma. "En Alemania, el alquiler se percibe como una forma de residencia a largo plazo, no como una etapa transitoria antes de adquirir una vivienda en propiedad", explica al Huffpost Pekka Sagner, economista del IW Köln.
El contexto es crucial. El mercado residencial español posee particularidades. Una fundamental es el peso de los pequeños propietarios. En abril, el Ministerio de Derechos Sociales presentó un informe que indica que el 39% de las viviendas en alquiler son gestionadas por pequeños propietarios con una sola propiedad arrendada. El 61% restante está en manos de particulares con al menos dos propiedades alquiladas, sociedades o administraciones públicas. Otro análisis del Banco de España muestra que la influencia de los fondos de inversión es limitada, situándose por debajo del 5% en comunidades como Asturias, Extremadura o Galicia.
