El Ministerio de Educación ha anunciado la creación de una especialidad docente para lenguas no oficiales con protección legal, como el asturiano y el aragonés. Esta medida busca regularizar la situación de cientos de profesores interinos que llevan décadas cubriendo estas asignaturas sin acceso a plazas fijas. La decisión, que se apoya en la Constitución y la Carta Europea de las Lenguas, representa un paso significativo para la estabilidad laboral de estos docentes y la promoción de la diversidad lingüística en España.
La situación de los profesores de asturiano ha sido precaria durante años. Un ejemplo claro se vivió una noche de marzo, cuando un grupo de ellos, junto a sindicalistas, pernoctaron en el gimnasio de un colegio de Gijón. Su objetivo era visibilizar la falta de plazas fijas, una situación que algunos arrastraban desde hacía cuatro décadas, sin haber tenido la oportunidad de opositar porque la especialidad no existía oficialmente.
La asignatura de asturiano se introdujo en 1984 como optativa en algunas escuelas. Desde 1998, la ley exige que todos los centros la ofrezcan, pero la especialidad propia para sus docentes nunca se materializó, a pesar de ser una demanda de más de 40 años. Mientras tanto, profesores interinos han cubierto una necesidad educativa permanente con contratos temporales, una realidad reconocida incluso en el texto de la reforma actual. El último curso registró 318 docentes, 295 de asturiano y 23 de eonaviego (variedad conocida legalmente como gallego-asturiano), atendiendo a más de 30.000 alumnos, un incremento del 34% respecto al año anterior, impulsado en parte por la etapa de Infantil.
El real decreto de Secundaria, hasta ahora, solo contemplaba especialidad para lenguas de comunidades con cooficialidad. Sin embargo, la reforma actual abre esta posibilidad a lenguas no oficiales que cuenten con protección legal. El Ministerio fundamenta esta decisión en el artículo 3.3 de la Constitución, que ampara la riqueza de las modalidades lingüísticas, y en la Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias, ratificada por España en 2001. Este cambio, aunque importante, no requiere pasar por las Cortes, pero aún necesita el informe del Consejo de Estado y la aprobación del Consejo de Ministros. Posteriormente, el Principado de Asturias deberá emitir un decreto único para asturiano y eonaviego, lo que dará paso a las convocatorias de plazas.
Durante meses, el Ministerio se había negado a la creación de esta especialidad, argumentando que el asturiano no era una lengua oficial, a diferencia del catalán, euskera, gallego y valenciano. Tras una huelga docente en mayo y junio, el Principado firmó en julio de 2025 el pacto Asturias Educa, comprometiéndose a solicitar el cambio. Los profesores acudieron al Defensor del Pueblo en diciembre y, en febrero, el parlamento asturiano aprobó la reclamación, en medio de acusaciones políticas. A finales de marzo, decenas de docentes se encadenaron en Madrid frente al Ministerio, y en mayo hubo otro encierro en la Consejería. Finalmente, el 9 de julio, con Milagros Tolón ya como ministra, se alcanzó el acuerdo, que ella presentó como un reconocimiento a la diversidad lingüística del país.
Para el alumno, la situación no cambia: la asignatura de asturiano seguirá siendo voluntaria. Sin embargo, para el profesor, el cambio es sustancial. Podrá presentarse a oposiciones para obtener una plaza en propiedad y contará con un marco propio de selección, provisión y movilidad. El presidente Barbón ha enmarcado esto como una solución a un problema laboral, señalando que la interinidad prolongada contradice el Estatuto Básico del Empleado Público. El decreto lo aborda en términos de gestión, facilitando el acceso a plazas por cauces ordinarios, cubriendo vacantes y sustituciones, y planificando plantillas. La creación de esta especialidad no implica la oficialidad de la lengua, sino que está diseñada precisamente para las lenguas que no lo son. La oficialidad del asturiano, protegida por el artículo 4 del Estatuto, que también promueve su enseñanza voluntaria, requeriría una reforma estatutaria con el apoyo de 27 de los 45 votos de la Junta General, una propuesta que en junio de 2025 sumó 22 votos a favor y 21 en contra. En septiembre, Barbón propuso que esta reforma fuera una de las primeras leyes de la siguiente legislatura.
Los docentes ya existen y reciben remuneración, por lo que el cambio principal radica en la naturaleza de su contrato. El gasto visible se enfoca en otras áreas. El Principado presupuestó 5 millones de euros para introducir la lengua en Infantil, con un centenar de docentes, y aprobó una estrategia con 245 medidas hasta 2030. La Consejería de Cultura destina 415.320 euros a servicios de normalización en 36 concejos, que cubren el 60% de la población. El presupuesto autonómico para 2026 asciende a 6.993 millones de euros. Vox, por su parte, estima que el Principado gasta al menos 55 millones de euros en promoción lingüística y que la oficialidad costaría 250 millones anuales, acusando al Gobierno de intentar una oficialidad indirecta. En 2024, la Academia de la Llingua, partidaria de la oficialidad, calculó un coste anual de 25 millones, 14 más que la inversión en normalización de ese momento. El Gobierno y los sindicatos, sin embargo, se centran en los derechos laborales de un colectivo que sostiene una enseñanza protegida por el Estatuto.
La nueva normativa se refiere a lenguas no oficiales con protección legal. La ministra mencionó otras lenguas protegidas por ley, y la creación de la especialidad quedará a decisión de cada comunidad autónoma que así lo desee.
El leonés, por ejemplo, encaja en esta categoría, ya que el Estatuto de Castilla y León le otorga protección específica. Aunque en 2022 la consejera de Educación consideró inviable su enseñanza por falta de gramática oficial y profesorado titulado, en 2023 el Procurador del Común solicitó a la Junta financiar su enseñanza, respaldado por una recomendación del Consejo de Europa. Desde 2024, la Universidad de León ha ofrecido el curso 'El leonés en el aula', dirigido a docentes, y la Junta subvenciona la Cátedra de Estudios Leoneses con 70.000 euros anuales. Sin embargo, en diciembre de 2024, PP y Vox rechazaron una moción del PSOE para ofertar la asignatura.
¿Y el aragonés? Es la única lengua exclusiva de Aragón, con un número limitado de hablantes. Un censo de 2011 estimó 25.556 personas que afirmaban saber hablarlo, un 1,9% de los aragoneses, muchos de ellos hablantes pasivos. Se conserva principalmente en el norte de Aragón y la UNESCO la considera una lengua en peligro. Ante la antigüedad de estos datos, el Consejo de Europa pidió a España una cifra más precisa, y el Gobierno de Aragón impulsó un estudio sociolingüístico en 2023.
La enseñanza del aragonés comenzó con cuatro maestros en Jaca, Biescas, L'Aínsa y Benasque, llegando a unos 20 docentes y cerca de 1.500 alumnos en 60 escuelas. Actualmente, quedan unos 20 profesores, interinos desde el curso 1997-1998, sin posibilidad de consolidar plaza. La Universidad de Zaragoza ofrece, desde 2020-2021, un grado de Magisterio con mención en Lengua Aragonesa en Huesca. La reforma estatal les abre la puerta a una plaza fija, pero no las crea directamente: primero se deben modificar tres decretos y luego Aragón tomará sus propias decisiones.
Aragón ya había tomado la iniciativa en 2022, sometiendo a información pública una orden propia para establecer la especialidad. El aragonés cuenta con amparo en el Estatuto y en una ley de 2013, pero un estudio de 2021 indicó que su presencia en colegios e institutos oscenses dependía de la voluntad de cada centro. Actualmente, el gobierno de PP y Vox, que firmaron un pacto en 2023 para revisar la ley de lenguas, ha visto cómo Vox propuso en 2024 eliminar la condición de lenguas propias al aragonés y al catalán en la ley de patrimonio cultural, aunque el PP votó en contra. Sobre la especialidad, el Ejecutivo aragonés no ha emitido pronunciamientos públicos. Sumar, por su parte, ha registrado en el Congreso una proposición para reconocerla.
El proceso sigue su curso. La consulta pública previa finalizó el 31 de julio del curso pasado. Contando desde el anuncio, el plazo de cinco o seis meses para la implementación del real decreto situaría su resolución entre diciembre y enero de 2027. Después, el Principado necesitará su propio decreto. Hasta entonces, más de 300 interinos continúan a la espera.
