Los ayuntamientos de El Burgo de Ebro y Villanueva de Gállego han iniciado una protesta formal contra Amazon Web Services (AWS) porque la empresa paga el Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE) de sus centros de datos aragoneses en Madrid, privando a los municipios de ingresos significativos. Esta situación ha generado un debate sobre quién asume los costes y beneficios de la instalación de estas infraestructuras, en un contexto de creciente expansión de los centros de datos en Aragón y otras regiones.
Amazon Web Services (AWS) está expandiendo sus centros de datos en Aragón, pero abona el Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE) en Madrid, según ha revelado Heraldo. Esta práctica significa que los municipios aragoneses que albergan estas grandes infraestructuras no reciben dichos ingresos. Dos de estos municipios, El Burgo de Ebro y Villanueva de Gállego, han manifestado su descontento y han iniciado una protesta formal, buscando presentar una reclamación conjunta.
Este caso representa la punta del iceberg de una problemática emergente en torno a los centros de datos: mientras las grandes corporaciones obtienen beneficios sustanciales, surge la interrogante sobre quién asume los costes y quién se beneficia de su instalación en las proximidades de las comunidades.
Los ayuntamientos afectados argumentan que el IAE de los centros de datos debería pagarse en el lugar donde se genera la actividad y no en Madrid mediante una cuota nacional. Vicente Royo, alcalde de El Burgo de Ebro, expresó su indignación: “Es verdaderamente lamentable y vergonzoso que los impuestos no se queden en el territorio”. Ambos municipios reclaman no solo cientos de miles de euros que estiman haber dejado de percibir desde 2022, sino también la cuantiosa suma millonaria que no ingresarán por los nuevos centros que están en construcción y los que ya están proyectados.
Royo y Susana González, segunda teniente de alcalde de Villanueva, recuerdan que ya se quedaron sin el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) debido a que el proyecto se tramitó como Plan de Interés General de Aragón (PIGA) por parte del Gobierno autonómico. Royo ha anunciado que no firmará el convenio incluido en el PIGA hasta que se alcance un acuerdo económico que contemple el IAE y una compensación adecuada.
Las estimaciones anuales del IAE para la primera ampliación, según la documentación del PIGA citada por Eco de Zaragoza, ascienden a 522.777 euros en total. De esta cifra, 384.503 euros corresponderían a Zaragoza, 90.817 a Huesca, 33.400 a Villanueva y 14.056 a El Burgo de Ebro.
Para comprender el trasfondo legal, la Instrucción del IAE establece que cuando la tarifa de una actividad contempla más de una clase de cuota (municipal, provincial o nacional), el contribuyente tiene la potestad de elegir cuál abonar. Según Heraldo, AWS habría optado por la cuota de ámbito nacional.
Aragón se ha consolidado como un centro neurálgico para los datos. AWS opera en Zaragoza y Huesca desde noviembre de 2022. En su sitio web oficial para España, la compañía cifra en 15.700 millones de euros la inversión prevista y estima la creación de unos 17.500 empleos equivalentes a tiempo completo en empresas locales, de los cuales espera que 6.800 se localicen en Aragón. También proyecta una contribución de aproximadamente 21.600 millones al PIB de España hasta 2033. En marzo de 2026, la inversión total se elevó a 33.700 millones (18.000 millones adicionales), con una proyección de 31.700 millones al PIB hasta 2035 y el equivalente a 29.900 empleos a tiempo completo de media anual. Todas estas son estimaciones proporcionadas por la propia empresa.
La expansión continúa: AWS seleccionó La Puebla de Híjar, una localidad de aproximadamente 935 habitantes, para establecer su primer centro en Teruel, con una capacidad garantizada de 100 MW. Por su parte, Blackstone está desarrollando un campus en Calatorao que podría albergar hasta ocho centros, con una capacidad de 650 MW y una inversión de 11.800 millones de euros. Microsoft también tiene planes para otro centro cerca de Puerto Venecia, en Zaragoza. A pesar de estas cifras de potencia, estimaciones y aportaciones declaradas por las compañías, persiste la incertidumbre sobre el impacto real y los beneficios que se quedan en Aragón, la región que provee el terreno y los recursos.
El consumo energético en Aragón experimentó un aumento del 7,1% en 2025, en contraste con el 2,7% a nivel nacional. Este incremento, según El Periódico de Aragón, se atribuye al auge de los complejos de AWS. De acuerdo con el Plan de Interés General, una vez que las ampliaciones planificadas estén completas (que incluyen 32 edificios, 11 fases y abarcan diez años), la demanda energética anual se aproximará a los 10.800 GWh. Esta cifra supera el consumo total de toda la comunidad en 2024, que fue de 10.543 GWh (un aumento del 2,4%). El desafío técnico reside en los picos de potencia, que en otras ubicaciones se cubren con gas, energía nuclear o carbón; la pregunta es si las fuentes renovables serán suficientes para satisfacer estas demandas.
En cuanto al consumo de agua, las cifras disponibles son variadas y miden diferentes aspectos. El mismo plan estima un consumo total proyectado de 755.000 metros cúbicos anuales para refrigeración. Los centros actualmente operativos tienen un límite autorizado de 36.461 metros cúbicos al año cada uno, y AWS solicitó un aumento del 48% (hasta 53.961) a finales de 2024, según informó El País. Amazon, en un comunicado de junio de 2026, afirmó que sus centros aragoneses utilizaron aproximadamente 68 millones de litros en 2025, lo que representa el 0,03% de la demanda industrial de la Demarcación Hidrográfica del Ebro.
La queja de los municipios de El Burgo de Ebro y Villanueva de Gállego no es un incidente aislado. En Cuarte, la movilización vecinal logró que Amazon desviara una línea de alta tensión que originalmente iba a cruzar la localidad. En Zaragoza, la plataforma Salvemos los Pinares de Venecia ha presentado 349 alegaciones contra el centro de Microsoft, cuestionando el destino de las tierras excavadas. En Teruel, la comunidad de regantes de Gaén mantiene bloqueadas las negociaciones, negándose a ceder agua del Ebro si ello compromete el futuro agrícola de la zona. Mientras tanto, Amazon muestra una dualidad: paga el IAE en Madrid, pero contribuirá con 13,8 millones de euros a un plan antiinundaciones.
Las quejas sobre los centros de datos no se limitan a España. En Talavera de la Reina, el proyecto de Meta ha reavivado el debate sobre el consumo de agua: los documentos técnicos iniciales mencionaban hasta 4.800 millones de litros al año. Después de varias revisiones, la cifra se ha reducido a 200 litros anuales, aunque con la advertencia de escasez por parte de la Confederación Hidrográfica del Tajo. Este mismo proyecto fue trasladado por Meta desde Países Bajos debido a la oposición vecinal y de las autoridades.
En Extremadura, Ecologistas en Acción advierte que cuatro proyectos (en Badajoz, Navalmoral de la Mata, Valdecaballeros y Cáceres) requerirían entre 3,5 y 4 GW, lo que equivale a casi toda la electricidad generada en la región. La Junta de Extremadura, sin embargo, apoya los proyectos y ha solicitado la retirada de un borrador de decreto estatal que exige operar desde la UE y cubrir al menos el 80% del consumo con energías renovables. Extremadura no es la única comunidad que ha presentado alegaciones; Andalucía, Aragón y Madrid también lo han hecho.
La situación es similar en Europa y Estados Unidos. Ciudades como Ámsterdam, Londres o Dublín ya no pueden soportar el elevado consumo de los centros de datos. En 2023, estos centros consumieron entre el 33% y el 42% de toda la electricidad en urbes como Frankfurt o las capitales de Reino Unido y Holanda, según datos de Greenpeace. En respuesta, las ciudades europeas están implementando medidas: Ámsterdam impuso moratorias y el operador danés Energinet suspendió nuevas conexiones a gran escala. La ciudadanía también se ha movilizado: hace un par de semanas, cientos de personas protestaron contra el centro de Google en un pueblo austriaco por falta de transparencia y el uso de agua del río Enns.
Al otro lado del Atlántico, la situación no es mejor: el precio mayorista de la electricidad ha aumentado hasta un 267% en cinco años en zonas con grandes concentraciones de centros. Argus Media detalla que en la red PJM, la más grande de Estados Unidos, que abarca 13 estados e incluye el mayor clúster de centros de datos del mundo en Virginia, los costes de capacidad han ascendido a unos 23.000 millones de dólares. Los residentes también denuncian infrasonidos, que escapan a los sonómetros y normativas legales, pero que provocan síntomas como mareos, náuseas, vértigos y problemas para conciliar el sueño.
