Japón, enfrentado a un declive demográfico y una creciente dependencia de la mano de obra extranjera, ha implementado un drástico aumento en el coste y los requisitos para la residencia permanente. Esta medida, que eleva la tarifa de solicitud en un 2.000%, busca una convivencia más "ordenada" según el gobierno, pero genera controversia en un momento de gran necesidad de trabajadores foráneos.
Japón se enfrenta desde hace años a una compleja situación demográfica: la natalidad disminuye, la población envejece y existe una escasez de trabajadores para mantener sectores económicos vitales. La respuesta ha sido una mayor apertura a la inmigración, lo que ha llevado a que el número de residentes extranjeros supere los 4,12 millones. Sin embargo, en un momento de creciente dependencia de esta población, el gobierno de Sanae Takaichi ha decidido endurecer significativamente las condiciones para establecerse en el país. Desde octubre, el coste para solicitar la residencia permanente se ha multiplicado por 20, pasando de 10.000 a 200.000 yenes.
Este incremento no es menor, ya que representa la mayor subida aplicada hasta la fecha a la residencia permanente en Japón. La tarifa de solicitud ha pasado de aproximadamente 64 dólares a unos 1.270 dólares, lo que supone un aumento cercano al 2.000% en comparación con la tarifa anterior. La cifra es aún más impactante si se considera la antigua tarifa general de 6.000 yenes mencionada por algunos medios, lo que elevaría el porcentaje a más del 3.000%.
Como consecuencia de este cambio, se observaron colas excepcionales antes de su entrada en vigor, con esperas de más de siete horas en la principal oficina de inmigración de Tokio. Numerosos extranjeros intentaron presentar sus documentos antes del encarecimiento.
El aumento del precio es solo el primer paso de esta nueva política. Pagar más no será suficiente, ya que los aspirantes a la residencia permanente deberán demostrar ingresos estables iguales o superiores a la media japonesa (los datos más recientes sitúan la renta media de los hogares en torno a 5,75 millones de yenes anuales). Además, se exigirá una expectativa de pensión comparable a la de alguien que haya cotizado durante 30 años al sistema de empleados.
A partir de abril, se añadirán requisitos básicos de japonés y se evaluará el conocimiento de las normas y costumbres del país. Esto convertirá el proceso de obtención de la residencia permanente en algo mucho más exigente tanto económica como socialmente.
La paradoja demográfica es evidente. Entre 2020 y 2025, Japón perdió más de tres millones de habitantes, y su envejecimiento poblacional ha alcanzado cifras extraordinarias, con más de 100.000 personas centenarias. La escasez de mano de obra ha forzado a las empresas a buscar trabajadores en el extranjero para cubrir desde puestos industriales hasta los servicios de cuidado necesarios para una población cada vez más mayor.
Como resultado, los extranjeros representan actualmente alrededor del 3,4% de los aproximadamente 119 millones de habitantes del país. Aunque sigue siendo una proporción pequeña, esta cifra marca un máximo histórico. A finales de 2025, había más de 4,12 millones de residentes extranjeros, un aumento del 9,5% en apenas un año, mientras que los residentes permanentes habían crecido aproximadamente un 17% desde 2020. A esto se suma el fenómeno del turismo, que, impulsado por la debilidad del yen, alcanzó un récord de 42,7 millones de visitantes en 2025.
Esta combinación de turistas y nuevos residentes ha transformado la presencia extranjera en una cuestión política mucho más relevante de lo que había sido tradicionalmente en un país conocido por su política migratoria restrictiva.
La primera ministra Takaichi argumenta que el rápido aumento de extranjeros ha generado preocupación, "ansiedad" e injusticia entre algunos ciudadanos. Defiende que las nuevas reglas permitirán una convivencia más "ordenada". El endurecimiento no se limita a la residencia permanente: Japón también ha incrementado el coste de otros permisos, ha elevado significativamente algunas tasas turísticas y ha endurecido las condiciones de ciertos visados empresariales.
Sus críticos interpretan esta estrategia como un giro antiinmigración que podría fomentar la xenofobia. El Gobierno, por su parte, lo presenta como una forma de asegurar que quienes se establezcan en Japón puedan integrarse y contribuir de manera estable al sistema.
La gran contradicción es innegable: el país necesita más trabajadores extranjeros, ya que su propia población no es suficiente para cubrir las necesidades de una sociedad que envejece y disminuye. Sin embargo, el aumento de estos mismos extranjeros está provocando una reacción política que impulsa medidas en la dirección opuesta.
Japón no está cerrando completamente la inmigración; las empresas seguirán necesitando trabajadores y el Gobierno cuenta con programas para atraerlos. Lo que está haciendo es elevar considerablemente el precio y las condiciones para transformar una estancia temporal en un proyecto permanente. En medio de una crisis demográfica, Japón necesita la llegada de extranjeros y, al mismo tiempo, acaba de dificultar significativamente que algunos de ellos puedan quedarse de forma definitiva.