A diferencia de la percepción común que equipara la solución de Fukushima con la de Chernóbil, la realidad de la central japonesa es mucho más intrincada. Quince años después del terremoto y tsunami que la afectaron, la gestión de sus reactores dañados sigue siendo un tema de debate. Este artículo detalla el accidente, las estrategias adoptadas y las controversias actuales, especialmente en torno al tratamiento y vertido del agua contaminada.
Aunque es frecuente pensar que la situación en Fukushima se resolvió de manera similar a Chernóbil, con la construcción de un gran sarcófago de hormigón, la realidad es considerablemente más compleja y diferente. Desde el terremoto que provocó el tsunami hace quince años, el estado interno de los reactores ha sido un asunto controvertido que aún genera discusión.
El 11 de marzo de 2011, Japón experimentó un terremoto de magnitud 9.0 en sus costas orientales. Este evento desencadenó un tsunami con olas de más de 10 metros que impactaron la central nuclear de Fukushima Daiichi, resultando en un incidente de extrema peligrosidad. El agua inundó los equipos eléctricos y los generadores diésel de emergencia, lo que causó la pérdida de la alimentación eléctrica vital para mantener la refrigeración. Como consecuencia, tres de los reactores operativos de la planta sufrieron fusiones del núcleo y se produjeron varias explosiones de hidrógeno en los tres días siguientes, liberando materiales radiactivos y contaminando la zona. Las primeras evaluaciones detectaron altos niveles de radiactividad en las proximidades de la central. El accidente fue clasificado como nivel 7 en la Escala Internacional de Sucesos Nucleares y Radiológicos (INES), el mismo nivel alcanzado solo por el desastre de Chernóbil en 1986.
Según la Asociación Mundial Nuclear, el terremoto, que duró aproximadamente 3 minutos, activó la parada automática de los once reactores de las cuatro centrales nucleares en la región afectada, y ocho de ellos lograron la parada en frío en cuatro días. Sin embargo, los tres reactores de Fukushima Daiichi no pudieron hacerlo, ya que todo el complejo fue inundado por el maremoto. La inundación inutilizó casi toda la alimentación eléctrica de emergencia; solo un generador diésel refrigerado por aire en la unidad 6 permaneció operativo. A diferencia de la central de Prípiat, en Fukushima no se ha construido un sarcófago.
En los meses posteriores al accidente de 1986, se erigió un sarcófago de emergencia para contener las emisiones radiactivas del Reactor 4 en Chernóbil. Posteriormente, en 2015, se instaló El Arca, una enorme estructura de confinamiento diseñada para limitar la dispersión de materiales radiactivos y facilitar el desmantelamiento del sarcófago original. No obstante, en Fukushima, no existe una estructura de confinamiento equivalente que encapsule los tres reactores dañados. La estrategia adoptada ha sido mantenerlos refrigerados, controlar el agua contaminada y avanzar progresivamente en la retirada del combustible fundido. Lo que sí existe es un complejo industrial donde los equipos de la central intervienen de forma regular para monitorear los reactores, inyectar agua e intentar extraer el combustible.
Según Space Group, diariamente se inyectan aproximadamente 150 metros cúbicos de agua en los tres reactores dañados para enfriar continuamente los residuos de la fusión, que aún emiten calor quince años después del accidente. Esta cantidad de agua, equivalente a más de sesenta bañeras llenas, previene un aumento peligroso de la temperatura y reacciones incontroladas. A pesar de los esfuerzos, la retirada total del combustible fundido no se ha logrado debido a la dificultad de acceso a estos reactores y a la intensa radiactividad que los rodea.
Una vez utilizada para enfriar los núcleos dañados, ¿qué sucede con los 150 metros cúbicos de agua contaminada? Esta agua es sometida a un proceso de tratamiento mediante el sistema ALPS, diseñado para eliminar la mayoría de los radionúclidos. El tritio es la principal excepción, ya que no puede ser separado del agua. Según France24, este proceso se realiza a niveles considerados seguros, conforme a los estándares nacionales e internacionales. Desde agosto de 2023, Japón ha estado liberando esta agua tratada y diluida en el océano. Esta decisión ha generado oposición de organizaciones ecologistas, parte de la comunidad pesquera y algunos gobiernos de la región. En 2021, varios expertos independientes en derechos humanos de la ONU también manifestaron su preocupación por los posibles efectos en la salud y el medioambiente.
