El municipio granadino de Murtas, con una población de aproximadamente 400 habitantes, presenta una particularidad en su censo electoral: la mayoría de sus votantes residen en el extranjero. Esta situación se deriva de la Ley de Memoria Democrática, conocida popularmente como 'ley de nietos', que ha otorgado la nacionalidad a descendientes de españoles exiliados. Recientemente, el Tribunal Supremo ha vetado el voto de los nacionalizados por esta vía que se acogieron a una presunción de exilio, generando un debate judicial y electoral.
En la Alpujarra granadina, Murtas es un municipio de unos 400 residentes con un único establecimiento de hostelería. Según información previa, de sus 1.399 electores, solo 332 viven en el pueblo, mientras que los restantes 1.067 figuran como residentes en el extranjero, lo que representa el 76% del censo, según datos del INE. El alcalde, José Miguel Romera, explica que la mayoría de estos individuos “no tienen vínculo con el pueblo ni lo conocen”, ya que sus familias emigraron en su momento a Argentina o Venezuela. Este fenómeno se relaciona con la aplicación de la 'ley de nietos', pero desde el pasado lunes, también ha derivado en un problema legal.
El Tribunal Supremo ha mantenido la restricción al voto para aquellos que obtuvieron la nacionalidad por esta vía, y Murtas fue uno de los casos mencionados durante la vista judicial. En dicha sesión, Iustitia Europa citó al municipio, destacando sus 330 vecinos y 1.038 inscritos en el CERA (Censo de Españoles Residentes Ausentes). Para entender el contexto, es importante aclarar que la 'ley de nietos' no es una ley formalmente, sino el sobrenombre de la disposición octava de la Ley 20/2022 de Memoria Democrática, la cual facilitó la nacionalidad a hijos y nietos de españoles exiliados que perdieron o renunciaron a ella. El plazo para solicitarla finalizó el 22 de octubre de 2025. El Gobierno estimaba cerca de un millón de beneficiarios; sin embargo, se presentaron aproximadamente 2,4 millones de solicitudes y, hasta agosto, casi 600.000 personas ya habían obtenido la nacionalidad.
La paralización de los efectos electorales se produjo a raíz de una instrucción. Pocos días después de la entrada en vigor de la ley, el Ministerio de Justicia emitió una instrucción que presumía la condición de exiliado para todo español que salió del país entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955. Para aquellos que emigraron entre 1956 y 1978, se requiere una prueba de exilio. Organizaciones como Vox e Iustitia Europa argumentaron que una instrucción no puede expandir el contenido de una ley, llevando el asunto al Tribunal Supremo. A principios de septiembre, el tribunal suspendió cautelarmente los efectos electorales de estas inscripciones en el CERA. Esta decisión se fundamentó en el crecimiento del censo exterior: de 2.328.260 electores en 2023 a 2.736.522 en julio de 2026, lo que representaba un “peligro fundado, real y serio” para la objetividad de las elecciones, según partidos como PP y VOX. Es importante destacar que la medida no revoca la nacionalidad, no anula la ley ni su instrucción, y no detiene la tramitación de expedientes.
El adelanto electoral ha complicado la situación. El Gobierno y la Fiscalía solicitaron levantar la suspensión, argumentando que sería “materialmente imposible” revisar los expedientes antes del 29 de noviembre. El Supremo rechazó esta petición y criticó a la Administración por no haber realizado el desglose solicitado, indicando que la Sala desconoce si se ha iniciado siquiera. La resolución incluyó el voto particular de la magistrada María Alicia Millán. El auto no suspende las elecciones. Esta medida no es un veto general: podrán votar quienes acrediten ante el registro consular que sus padres o abuelos fueron exiliados conforme a la ley, sin recurrir a la presunción. Los 163.020 afectados tienen un plazo de cinco días hábiles para personarse en la causa (este número se refiere a los afectados, no al total de nacionalizados).
La imposibilidad de cumplir con la revisión en el plazo establecido se debe a varios factores. En octubre de 2022 entró en vigor la ley y Justicia publicó su instrucción, y en octubre de 2025 se cerró el plazo de solicitudes. En julio de 2026, la Junta Electoral Central rechazó suspender el censo. A principios de septiembre, el Supremo suspendió los efectos electorales de las altas, decisión que mantuvo el 12 de octubre con 5 votos a favor y 1 en contra. Esta medida parece precipitada y se basa en un problema de gestión de datos. Separar las altas realizadas con prueba de las hechas con presunción implica revisar miles de expedientes en consulados y oficinas, con el tiempo en contra. En Murtas, no se ha hecho público cuántos de sus 1.067 electores están afectados.
Respecto a la constitucionalidad de la medida, existen argumentos en ambas direcciones. Quienes la critican señalan el artículo 23.1 de la Constitución, que protege el derecho de sufragio. Un magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) recuerda que los afectados no fueron notificados ni oídos. La magistrada discrepante Millán sostiene que la lesión al derecho al voto sería irreversible. Un abogado de los afectados denuncia la existencia de españoles “de primera y de segunda” en materia electoral. El Supremo, por su parte, responde que no está juzgando la constitucionalidad de la ley, sino la legalidad de la instrucción y su impacto en el censo, y que su objetivo es proteger el interés general de un censo preciso. Incluso quienes critican el efecto reconocen que los recurrentes tienen un argumento técnico sólido: la jerarquía entre ley e instrucción. La decisión final recae en el Tribunal Constitucional. El Gobierno está evaluando si puede recurrir a esta instancia. El magistrado citado duda de que los amparos individuales puedan detener la medida a tiempo (y descarta el recurso de la Abogacía del Estado por falta de legitimación).
La ley sigue vigente y los expedientes continúan tramitándose, aunque ya no se aceptan nuevas solicitudes. La sentencia de fondo determinará si la instrucción se mantiene. Si esta cae, los nacionalizados tendrían que demostrar su condición de exiliados, algo que un abogado del sector considera inviable para la gran mayoría. Dictar una resolución antes del 29 de noviembre es casi imposible. Millán recuerda que una resolución favorable posterior no restituiría el voto en unos comicios ya celebrados. Sumar propone incorporar la presunción directamente en la ley, pero con las Cortes disueltas debido al adelanto electoral, esta vía está en suspenso.
El impacto de esta situación es menor de lo que sugiere la discusión pública. En 2023, solo el 9% del CERA votó, y el voto exterior representó el 0,8% del total de papeletas. La Abogacía del Estado estima que esta vez el efecto se limitará a 14.120 votos. Sin embargo, un escaño sí puede ser decidido por este margen: en 2023, el voto exterior otorgó al PP el último diputado de Madrid. En Murtas, los 1.067 electores en el extranjero podrían alterar el mapa municipal (si se tratara de elecciones a la alcaldía), pero no el de la comunidad autónoma ni, mucho menos, el nacional.