Europa Evalúa el Costo de la Soberanía Tecnológica en la Nube: Un Estudio Calcula 115.000 Millones de Euros

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La Unión Europea busca reducir su dependencia de proveedores de servicios en la nube extranjeros, dominados por empresas estadounidenses, a través de la propuesta legislativa Cloud and AI Development Act (CADA). Un estudio reciente, financiado por una asociación que incluye a gigantes tecnológicos, estima que implementar estas medidas de soberanía podría costar 115.000 millones de euros en diez años. Este debate subraya el desafío de equilibrar la seguridad y autonomía con los impactos económicos para administraciones y empresas.

La soberanía tecnológica, aunque parezca un concepto abstracto, tiene implicaciones muy concretas. Consideremos una administración que necesita mantener sus aplicaciones operativas o una empresa que ha construido gran parte de sus sistemas sobre servicios de un proveedor de nube. Ambas se benefician de esta infraestructura, pero también dependen de decisiones que no controlan totalmente. Esta situación es particularmente relevante en Europa, donde la mayoría del mercado está en manos de proveedores internacionales, y esta dependencia ha generado interrogantes.

La independencia tiene un costo. Bruselas intenta abordar este dilema con la Cloud and AI Development Act (CADA), una propuesta legislativa presentada en junio de 2026. Recientemente, el debate ha incorporado una cifra significativa: 115.000 millones de euros a lo largo de diez años. Este es el costo calculado por un estudio del European Centre for International Political Economy (ECIPE), financiado por CCIA Europe, una asociación que incluye a Amazon, Google y Meta. El autor del estudio asegura que sus conclusiones son independientes de la organización financiadora.

Tres grandes empresas dominan el mercado. La Comisión Europea estima que Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure y Google Cloud concentran más del 70% del mercado europeo de servicios en la nube. Paralelamente, la cuota de las compañías de la UE disminuyó del 29% en 2017 al 15% en 2022 y, según Bruselas, no se ha recuperado. Esta concentración plantea un problema que va más allá de la competencia: algunos proveedores están sujetos a legislaciones extranjeras que pueden exigir acceso a datos, y ciertas decisiones tomadas fuera del bloque comunitario podrían afectar la continuidad de sus servicios.

La iniciativa no busca prohibir proveedores. La propuesta establece cuatro niveles de garantías de soberanía, desde el almacenamiento y procesamiento de datos en territorio europeo hasta el cumplimiento de condiciones más estrictas sobre control empresarial y autonomía tecnológica. Las administraciones tendrían que evaluar sus riesgos y contratar servicios que se ajusten al nivel correspondiente. La propuesta también pretende fomentar la innovación y ampliar la capacidad europea de centros de datos. Además, en circunstancias justificadas y previa consulta a los Estados miembros, la Comisión podría exigir evaluaciones y medidas de mitigación a determinadas empresas privadas de sectores esenciales mediante actos delegados.

La mayor factura recaería en las empresas. Para llegar a los 115.000 millones de euros, los investigadores construyeron un escenario intermedio para la aplicación de las exigencias europeas entre 2027 y 2036. El cálculo contempla aproximadamente 35.100 millones de impacto económico para el sector público, de los cuales 33.300 millones serían costos directos para las administraciones, y cerca de 80.000 millones para empresas privadas de sectores esenciales. Sin embargo, esta última cantidad depende de un supuesto crucial: que las exigencias se extiendan al 25% de sus cargas de trabajo en la nube.

El problema no se limita a los servidores. Una aplicación bancaria alojada en la nube puede utilizar bases de datos, sistemas de identificación y herramientas diseñadas para funcionar con un proveedor específico. Si tuviera que trasladarse a otro, simplemente copiar sus archivos no sería suficiente; sería necesario adaptar componentes, revisar el código y verificar que todo funcione correctamente. Esta es la principal fuente de costos identificada por ECIPE: según sus cálculos, migrar aplicaciones, reescribir programas y rediseñar sistemas representarían el 69% del impacto económico estimado. No se trata únicamente de cambiar de infraestructura, sino también de adaptar el software que depende de ella.

Las empresas tecnológicas también buscan retener clientes. Mientras la asociación que representa sus intereses advierte sobre los costos de la propuesta, Amazon y Google ya comercializan soluciones de nube soberana para clientes europeos. AWS lanzó su infraestructura específica en enero de 2026, varios meses antes de que Bruselas presentara CADA, y Google ofrece diversas alternativas para reforzar el control sobre los datos y las operaciones. Ambas pueden así responder a estas demandas sin abandonar el mercado europeo. Esta posición contrasta con la de CISPE, una asociación de proveedores de infraestructura en Europa que considera insuficientes algunas garantías previstas por Bruselas y reclama reforzarlas.

La independencia también presenta un dilema. Por ahora, Bruselas tiene una propuesta legislativa pendiente de aprobación y una estimación económica que depende de cómo se aplique finalmente. El estudio financiado por CCIA ayuda a dimensionar los posibles costos de ciertas exigencias. De ahí que el debate vaya más allá de elegir entre proveedores estadounidenses o europeos. La cuestión fundamental es cómo reducir riesgos reales sin imponer a empresas y administraciones cargas económicas innecesarias.