El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha emitido una sentencia crucial que refuerza la protección de los usuarios frente a ciberestafas. A partir de ahora, las entidades bancarias están obligadas a devolver el dinero sustraído a sus clientes de forma inmediata, incluso si sospechan negligencia por parte del usuario. Esta decisión busca evitar que las víctimas deban iniciar largos procesos legales para recuperar sus fondos.
Ser víctima de una ciberestafa es una experiencia desagradable, y aún más doloroso es que el banco niegue el reembolso, atribuyendo la culpa al usuario. Esta situación ocurre con mayor frecuencia de lo deseado, a pesar de la existencia de normativas diseñadas para proteger a los consumidores de este tipo de delitos.
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha dictado una sentencia que inclina la balanza a favor de los usuarios afectados por ciberestafas. La resolución establece que el banco debe proceder al reembolso del dinero primero y, si es necesario, investigar la responsabilidad del cliente después, invirtiendo el proceso habitual.
El caso que originó esta sentencia se remonta a Polonia, donde una mujer fue víctima de una ciberestafa al vender un objeto en línea. Un supuesto comprador le envió un enlace que simulaba ser de la plataforma de venta, pero en realidad dirigía a una página web clonada de su banco. Al introducir sus credenciales, el estafador logró sustraerle aproximadamente 700 euros, en lo que se considera un caso clásico de phishing.
La víctima informó al banco al día siguiente, pero la entidad se negó a reembolsar el dinero, argumentando que la clienta había sido negligente en la custodia de sus credenciales de seguridad. Sin embargo, el TJUE ha fallado a favor de la clienta. Las conclusiones de la sentencia indican que una "negligencia grave" por parte del usuario "no le permite rehusar la devolución inmediata" del dinero. Si el cliente notifica la estafa sin demora, el banco tiene la obligación de devolver el importe a más tardar al cierre del siguiente día hábil.
Tradicionalmente, la directiva europea sobre servicios de pago contemplaba una excepción que permitía a los bancos no reembolsar el dinero si existían motivos razonables para sospechar que el cliente había cometido el fraude o alguna irregularidad. En tales casos, la entidad debía notificarlo por escrito a la autoridad nacional. No obstante, algunos bancos habían generalizado esta excepción, utilizándola como argumento para evitar los pagos, escudándose en la supuesta negligencia grave del usuario.
El artículo 45 de la normativa de servicios de pago ya establecía la obligación de los bancos de reembolsar de inmediato las operaciones no autorizadas. De hecho, los tribunales ya habían comenzado a poner freno a esta práctica. En abril de 2025, el Tribunal Supremo español obligó a Ibercaja a devolver 56.474 euros a la víctima de un caso de SIM swapping. Los jueces criticaron que un evento tan inusual como quince transferencias realizadas en una sola noche no hubiera activado las alarmas de la entidad de manera inmediata. Asimismo, en Galicia, varios juzgados condenaron a bancos en casos de phishing al no encontrar negligencia grave en las víctimas.
La esencia de la sentencia del Tribunal europeo radica en el orden de los pasos en el proceso de reembolso del dinero sustraído. El tribunal diferencia claramente entre la devolución del dinero y la determinación de quién debe asumir la pérdida. La devolución siempre debe ser el primer paso, y siempre corresponde al banco realizar el abono de forma "inmediata". El tribunal argumenta que, si el banco pudiera negarse inicialmente, como ocurre en la actualidad, esto "privaría de efecto útil a la obligación de devolución inmediata" contemplada en la normativa europea. Además, obligaría al cliente a demandar al banco para recuperar su dinero, con los consiguientes costes legales.
Si el banco logra demostrar que el cliente actuó de mala fe o con negligencia grave, solo entonces podrá reclamarle la devolución del dinero. Esto implica un cambio en la carga de la prueba: ya no es el usuario quien debe demostrar su inocencia, sino que es responsabilidad del banco probar que el usuario actuó negligentemente. En su voto particular, el magistrado general Rantos anticipó que, si el cliente se niega a devolver ese pago indebido, será el banco quien estará legitimado para acudir a los tribunales y reclamarlo.
El fraude con tarjetas y transferencias bancarias fue la principal causa de las reclamaciones admitidas por el Banco de España en 2025, representando casi el 28% del total. Según datos del Balance Trimestral de Criminalidad de 2025, elaborado por el Ministerio del Interior, durante el año pasado se registraron aproximadamente 430.493 estafas informáticas.