La Guardia Civil ha adquirido un avanzado sistema que permite acceder y registrar de forma remota el contenido de teléfonos móviles bajo investigación, tanto Android como iOS, sin necesidad de incautar físicamente los dispositivos. Este software facilita un acceso transparente a la información y comunicaciones del objetivo, operando discretamente y agilizando los procesos de investigación. La herramienta fue comprada por 2,5 millones de euros a la empresa Fortier Europe.
La Guardia Civil ha adquirido una herramienta diseñada para registrar de forma remota los teléfonos móviles de personas bajo investigación, eliminando la necesidad de incautar los dispositivos físicamente. El contrato, publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE), aunque escaso en detalles técnicos, revela las capacidades del sistema: espionaje a distancia.
Según el contrato, la herramienta es compatible con sistemas operativos Android e iOS. Su propósito es alojar software en los teléfonos objetivo y proporcionar un “acceso transparente” a sus contenidos y comunicaciones. Esto significa que las autoridades pueden acceder a toda la información del teléfono sin que la persona afectada se percate. Habitualmente, el procedimiento implica la incautación del teléfono móvil para su posterior análisis; sin embargo, esta nueva herramienta simplifica significativamente esos pasos.
El acuerdo, según la publicación del BOE, fue adjudicado el 26 de marzo de 2026 a Fortier Europe, una empresa con sede en Boadilla del Monte, Madrid. El software fue adquirido por la Guardia Civil por 2.066.115,70 euros antes de IVA, lo que asciende a aproximadamente 2,5 millones de euros incluyendo impuestos. El contrato se negoció sin licitación pública y solo se recibió una oferta, lo cual es comprensible dado que el anuncio indica que el fabricante había otorgado los derechos exclusivos de suministro y distribución a la mencionada empresa.
Los documentos publicados no revelan el fabricante ni especifican las características detalladas del producto. Tampoco se explica cómo se instalaría el software en un teléfono, ni si se requiere acceso físico al dispositivo. La falta de esta información genera incertidumbre sobre el alcance real de la herramienta.
La disponibilidad de esta herramienta no implica que los agentes puedan registrar el teléfono de cualquier persona. La Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) de España permite registros remotos únicamente con autorización judicial. Según El Confidencial Digital, la ley habilita a un juez a aprobar un software que examine un dispositivo de forma remota y sin el conocimiento de su propietario, pero solo para una lista específica de delitos:
- Delitos cometidos en el seno de organizaciones criminales.
- Terrorismo.
- Delitos contra menores o personas con capacidad modificada judicialmente.
- Delitos contra la Constitución, traición y delitos relacionados con la defensa nacional.
- Delitos cometidos a través de tecnologías informáticas o de telecomunicación.
La orden judicial debe especificar qué dispositivos se verán afectados, cómo se accederá a los datos y se incautarán, qué agentes están autorizados a ejecutar la medida y cómo se garantizará la integridad de los datos. Esta medida tiene una duración máxima de un mes, prorrogable por periodos iguales hasta un máximo de tres meses, según informan desde el medio.
Fortier Europe, fundada en marzo de 2011, es un proveedor recurrente en contratos del Ministerio del Interior. El Digital de Albacete ha reportado al menos 13 contratos por un valor aproximado de 15,6 millones de euros antes de IVA. Entre sus adjudicaciones de este año se incluyen un contrato de 743.802 euros para dos sistemas portátiles destinados a localizar dispositivos móviles y extraer información de ellos, y otro contrato de 495.570 euros para dispositivos de captura de audio y GPS. Los registros también muestran un acuerdo de mantenimiento con la Guardia Civil en 2020 para la plataforma EGOBOX.