Estados Unidos ha intensificado su postura contra la compañía china DeepSeek, ordenando a las agencias civiles de la rama ejecutiva federal que eliminen su tecnología de los sistemas informáticos. Esta medida, que prohíbe nuevas adquisiciones y exige la retirada de productos existentes, refleja una creciente preocupación por la seguridad de los datos y la soberanía tecnológica. La orden también afecta a productos de terceros que integren la tecnología de DeepSeek, ampliando significativamente el alcance de las restricciones.
DeepSeek ha sido el foco de una prolongada controversia que trasciende la mera capacidad o rentabilidad de los modelos de inteligencia artificial. Desde su aparición con R1, la empresa china ha estado bajo el escrutinio de gobiernos, reguladores y compañías estadounidenses en el contexto de una competencia tecnológica cada vez más intensa. Washington ha dado un paso adicional, instruyendo la retirada de su tecnología de una parte de los sistemas de la Administración federal.
La directriz de Estados Unidos se aplica inicialmente a un segmento específico de la Administración: las agencias civiles pertenecientes a la rama ejecutiva federal. La orden, fechada el 24 de julio de 2026 y recientemente publicada en el Federal Register, impone a estas entidades la obligación de detener nuevas adquisiciones de productos y servicios desarrollados por DeepSeek, así como de eliminar los ya presentes en sus infraestructuras informáticas. La medida contempla excepciones previa solicitud y excluye los sistemas de seguridad nacional y los sistemas de información clasificada de dichas agencias.
La prohibición también se extiende a productos de terceros. DeepSeek no se limita a un chatbot accesible por internet; sus modelos también pueden ser empleados mediante su API para potenciar funcionalidades en aplicaciones y servicios desarrollados por otras empresas, lo que permite la integración de su tecnología en herramientas con diferente denominación. Aquí reside la faceta menos obvia de la orden: un producto podría no identificarse como DeepSeek y, aun así, verse afectado si ha sido desarrollado utilizando una implementación de su tecnología.
La problemática se centra igualmente en los datos. Gran parte de la inquietud de Washington surge al considerar la información que el modelo procesa. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) afirma en la propia orden que la compañía aloja sus servidores en China y que sus servicios tienen la capacidad de recopilar datos personales, rastrear usuarios y procesar la información introducida en las consultas. La agencia teme que estos datos puedan ser accesibles para las autoridades chinas, de acuerdo con su legislación, y ser utilizados, ya sea de forma aislada o combinada con otras fuentes, para obtener información sobre ciudadanos estadounidenses o programas del Gobierno de EE. UU.
Esta no es la primera medida de restricción. Estados Unidos ya había comenzado a limitar el acceso de DeepSeek dentro de su Administración. Una ley promulgada en diciembre de 2025 encomendó al Director de Inteligencia Nacional la tarea de establecer normativas para retirar la aplicación de DeepSeek, así como cualquier aplicación o servicio sucesor, de los sistemas de seguridad nacional operados por o en nombre de la comunidad de inteligencia, aunque contemplaba excepciones para fines de investigación y ciertas aplicaciones de seguridad nacional. La diferencia actual radica en el perímetro: la nueva orden extiende las restricciones a todas las agencias civiles de la rama ejecutiva federal.
DeepSeek es objeto de más sospechas. El escrutinio estadounidense no se limita al manejo de datos. En septiembre, la NSA, el FBI y la CISA alertaron sobre campañas de destilación a gran escala dirigidas a modelos estadounidenses, y DeepSeek figura entre las empresas señaladas. Esta técnica, simplificadamente, consiste en utilizar las respuestas de un modelo para contribuir al entrenamiento de otro y no es inherentemente problemática. La controversia surge por el presunto uso no autorizado: tanto OpenAI como Anthropic han atribuido a la compañía intentos de esta índole contra sus sistemas.
China ha refutado el argumento estadounidense. Pekín ha respondido acusando a Washington de una expansión excesiva del concepto de seguridad nacional y de politizar asuntos tecnológicos y comerciales. El Ministerio de Asuntos Exteriores chino ha asegurado además que defenderá los derechos e intereses legítimos de sus empresas. Más allá del conflicto diplomático, la orden subraya claramente la magnitud de esta disputa: ya no se trata solo de qué modelos puede emplear directamente una administración, sino también de qué tecnología puede estar integrada en los servicios y herramientas que adquiere.