Castilla y León Propone un Nuevo Impuesto a Grandes Parques Solares y Eólicos

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La Junta de Castilla y León ha presentado un proyecto de ley que busca gravar a las instalaciones fotovoltaicas de más de cinco hectáreas y actualizar los tributos para la energía eólica. Esta medida, que afectaría también al autoconsumo industrial y agrícola, ha generado controversia, con críticas que la asocian a políticas pasadas que frenaron el desarrollo de las renovables y ven en ella un carácter meramente recaudatorio.

A poco más de un mes de las elecciones generales, Castilla y León ha manifestado su intención de que los grandes parques solares contribuyan económicamente por el uso del terreno. La Junta ha integrado en su propuesta de medidas tributarias para 2027 una expansión del Impuesto sobre la Afección Medioambiental, que impactará a las instalaciones fotovoltaicas que superen las cinco hectáreas. Esta información fue avanzada por El País, tras el anuncio del Ejecutivo regional sobre su Proyecto de Ley de Medidas, Tributarias, Financieras y Administrativas, en el marco de los Presupuestos de 2027, el cual también introducirá un segundo tributo inédito para las redes de comunicaciones.

Las reacciones negativas no se han hecho esperar, y ya se percibe esta modificación como un retorno a «épocas más oscuras del pasado», según declaró la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen. Su referencia apunta principalmente al impuesto implementado por el Gobierno nacional de Rajoy en 2015 que, conforme a Newtral, pudo haber obstaculizado el avance de las energías renovables en España como vía para la descarbonización económica.

¿Regresa el impuesto al sol?

El País detalla que PP y Vox pretenden extender el Impuesto sobre la Afección Medioambiental, el único de su tipo en la comunidad desde la eliminación del tributo sobre vertederos, a los parques fotovoltaicos que superen las cinco hectáreas. De ser aprobada, esta nueva disposición gravaría las instalaciones de paneles fotovoltaicos con un importe que oscila entre 600 y 2.000 euros por cada hectárea ocupada.

Según el mismo medio, el texto normativo justifica que este tipo de parques «alteran el entorno natural, el paisaje, la flora y la fauna animal, ocupando en muchos casos suelos agrarios productivos y modificando los usos tradicionales». También subraya la posición de Castilla y León como líder en la producción de energía renovable, exportando significativamente más de lo que consume. Datos compartidos por Red Eléctrica indican que esta comunidad, junto con Aragón, es la única región de España donde las tres principales tecnologías de generación energética son renovables. En 2025, la energía eólica encabezó la producción con 13,2 millones de MWh, seguida por la hidráulica con 9,8 millones de MWh y la solar con 4,8 millones de MWh.

Polémica por el cálculo del impuesto

Desde UNEF, tal como informa El Economista, se critica que el impuesto se determine en función de la superficie y no de la energía generada. Esta metodología penalizaría a los proyectos ubicados en zonas con menor insolación y a las plantas que hayan implementado medidas de integración ambiental, las cuales suelen requerir una mayor extensión.

Entre estas iniciativas se incluyen la agrovoltaica, explotaciones ganaderas o instalaciones que buscan fomentar la biodiversidad local, mitigando el impacto de las renovables en el ecosistema. El autoconsumo industrial también se ve afectado. La normativa impactará al autoconsumo industrial, actualmente exento, especialmente al de gran escala industrial o agrícola. A partir de su entrada en vigor, estas instalaciones deberán tener una potencia de generación instalada de al menos el 50%. De no cumplir esta condición, se interpretará que la instalación tiene como fin la venta de energía a la red y estará sujeta al mismo impuesto que los parques solares de las grandes eléctricas.

Y la eólica

Adicionalmente, el proyecto también revisa los montos de tributación ya existentes para la energía eólica, estableciendo dos nuevas tarifas de 14.000 y 16.000 euros por unidad para los aerogeneradores de mayor potencia, según detalla El País. Asimismo, se suspenderá la exención fiscal del 100% que estas instalaciones disfrutaban durante sus primeros cinco años de operación, al considerarse que ya no «tienen justificación», y se reducirá a dos años. No obstante, las empresas eléctricas afectadas podrán compensar este incremento mediante proyectos de repotenciación de molinos para disminuir su número o de repoblación en los municipios rurales impactados por sus instalaciones.

9 millones de euros de recaudación

Según El País, Castilla y León sería la tercera región en establecer un impuesto a la energía solar, siguiendo los pasos de Aragón o La Rioja (también gobernadas por el Partido Popular), aunque con una carga impositiva considerablemente superior. El Ejecutivo autonómico, compuesto por PP y Vox y liderado por Alfonso Fernández Mañueco, defiende su propuesta argumentando que se adecúa a la realidad actual de la región y que asigna un costo a actividades que están «generando costes sociales y medioambientales» para la ciudadanía.

Conforme al borrador, este impuesto generaría una recaudación de aproximadamente 9 millones de euros, que la ley obligará a destinar a programas de gasto de índole medioambiental y de eficiencia energética.

Un impuesto al futuro

No obstante, la medida no ha sido bien recibida por otros actores del sector. José Donoso, director general de UNEF, ha calificado el impuesto de «absolutamente recaudatorio e injustificado», según informa El País. El Economista también recoge la postura de la patronal, que estima que una medida de este tipo podría desincentivar nuevas inversiones y mermar la competitividad de las empresas.

Finalmente, la vicepresidenta del Gobierno, Sara Aagesen, ha declarado en Bluesky que «hay quienes, al repetir los errores del pasado, oscurecen el futuro de todos. Frente a quienes aprueban un impuesto al sol, nuestra apuesta es clara: energía renovable, autóctona y asequible», tal como lo indica El Periódico de La Energía.