En España, una tendencia preocupante en el mercado de alquiler, especialmente para jóvenes, implica la eliminación de zonas comunes como salones para crear dormitorios adicionales. Esta práctica, impulsada por la búsqueda de mayores rentabilidades por parte de los caseros, está generando una situación de hacinamiento. El Gobierno ha manifestado su intención de regular esta situación para proteger a los inquilinos y asegurar condiciones de habitabilidad adecuadas.
Tradicionalmente, un apartamento se concibe con dormitorios, cocina, baño, pasillos y un salón, quizás con una terraza. Sin embargo, para un número creciente de jóvenes que viven de alquiler, esta realidad está cambiando. Los propietarios, buscando maximizar sus ganancias, están transformando las áreas comunes en dormitorios adicionales, lo que es un indicio de la creciente problemática de hacinamiento en España.
Hilal, una joven austriaca de 21 años que estudia informática automotriz, alquila un piso universitario en Málaga. Lo particular de su situación es que no duerme en una habitación convencional, sino en un salón que ha sido adaptado como dormitorio, equipado con su cama, escritorio, armario y cómoda. Por este espacio, paga 450 euros mensuales, una cantidad superior a la de sus dos compañeras, quienes abonan 360 y 410 euros por habitaciones de distinto tamaño.
El caso de Hilal ilustra una tendencia cada vez más extendida en el mercado de alquiler español: apartamentos sin zonas comunes o con estos espacios sacrificados para convertirlos en dormitorios. La lógica detrás de esta práctica es sencilla: el propietario reconfigura la vivienda para añadir más habitaciones, lo que le permite aumentar el número de inquilinos y, consecuentemente, sus ingresos mensuales. En el piso de Hilal, el salón fue transformado. En otros casos, se cierra una terraza o se reduce el comedor para crear un nuevo dormitorio.
Esta práctica se ha vuelto lo suficientemente común como para que el Gobierno se haya propuesto fortalecer la regulación del alquiler de habitaciones individuales. Este intento se manifestó en los decretos exprés sobre vivienda que no prosperaron en el Parlamento a principios de octubre, y se reitera con los decretos-ley que buscan validarse en la Diputación Permanente del Congreso. El objetivo es desincentivar situaciones como la de Hilal, donde los caseros eliminan zonas comunes para incrementar el número de inquilinos.
Desde La Moncloa, se aclara que “Cuando se trate del alquiler de habitaciones, la suma de todas las habitaciones alquiladas no podrá superar la renta que se aplicaría para alquilar la vivienda completa en las zonas de mercado residencial tensionado”. Actualmente, los propietarios pueden reorganizar sus pisos y transformar espacios compartidos en dormitorios, los cuales suelen alquilarse de forma individual con precios variados según su tamaño, siempre que respeten las condiciones de habitabilidad establecidas por el ayuntamiento.
Alba, otra universitaria que vive de alquiler, relata que al buscar apartamentos, solo encontraba opciones sin salón. Inicialmente, se resignó a vivir sin ese espacio común para ver televisión, relajarse en el sofá o socializar con amigos, y terminó en el mismo piso que Hilal. Sin embargo, su percepción ha cambiado. “Con un salón te relacionas más con las compañeras. Al final, la cocina tampoco es muy grande y como estemos dos, la tercera ya no entra”, confiesa la joven de 20 años. Después de la experiencia de pasar gran parte del tiempo encerrada en su cuarto, reconoce que “en realidad sí lo necesito”.
Su situación no es un caso aislado. Una búsqueda rápida en internet revela testimonios similares. Por ejemplo, Lucía (25 años) encontró un piso en Ciudad Universitaria, Madrid, donde el propietario había modificado el espacio para añadir un dormitorio, cerrando la terraza y reduciendo el salón. Más impactante es la experiencia de Sonia y Camila, quienes, al buscar apartamento en Barcelona, encontraron un inmueble donde cada habitación se alquilaba como si fuera un ‘piso’ independiente por 800 euros, sin ningún espacio de convivencia.
La desaparición de las zonas comunes en los pisos de alquiler, especialmente aquellos dirigidos a jóvenes, es un reflejo de una problemática más amplia: la crisis residencial en España. El desequilibrio entre la oferta y la demanda eleva los precios, retrasa la edad de emancipación y fuerza a los inquilinos a buscar alternativas que no comprometan su presupuesto mensual, incluso si eso implica compartir apartamento o dormitorio. Este fenómeno ha sido estudiado por organismos como Eurostat.
En su último informe sobre el tema, la oficina de estadística de la UE señala que España ha experimentado un aumento constante en su “tasa de hacinamiento”, un indicador que mide hogares “superpoblados” donde no hay una habitación disponible para cada pareja o adulto. Si se considera la vivienda en general (tanto en propiedad como en alquiler), este indicador alcanza el 9,5% en España, una cifra inferior a la media de la UE (16,8%), pero que revela una tendencia preocupante. En 2024, el porcentaje era del 9,1%, y en 2016, del 5,4%. De hecho, la tasa nacional ha aumentado progresivamente desde 2021.
Un análisis más detallado de las tablas de Eurostat muestra que el hacinamiento no afecta a toda la población por igual. El problema es particularmente agudo entre los jóvenes y en las viviendas de arrendamiento. Al enfocarse únicamente en los alquileres (excluyendo la vivienda en propiedad), la tasa española se eleva al 20,5% (un quinto del total), acercándose a la media comunitaria (23,8%). Además, ha crecido en los últimos años, distanciándose del 11,7% registrado en 2016.
Los jóvenes son los más afectados. Eurostat revela que en 2025, el 26,9% de los jóvenes entre 15 y 29 años en la UE residían en hogares saturados. En este colectivo, la tasa es 10,1 puntos porcentuales superior a la media general (16,8%). Aunque los jóvenes de Rumanía, Letonia, Bulgaria, Grecia, Croacia e Italia presentan los indicadores de hacinamiento juvenil más altos de Europa, el problema también es significativo en España. Aquí, el indicador de hacinamiento juvenil alcanza el 16,2%, considerablemente por encima de la media general del 9,5%. En 2011, era del 11,2%, y hace una década, ni siquiera llegaba al 10%.