El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco ha ratificado el despido de un trabajador de Kutxabank, acusado de acceder sin autorización a información confidencial de clientes, justificando su acción como "simple curiosidad". Este incidente se desencadenó por la sospecha de una directiva de ArcelorMittal, cuya información bancaria fue presuntamente consultada. La entidad bancaria, tras una auditoría interna, confirmó que el empleado había realizado consultas ajenas a sus funciones, llevando a su despido disciplinario.
El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco ha confirmado el despido de un empleado de Kutxabank, la entidad bancaria bilbaína formada por la fusión de BBK, Kutxa y Caja Vital. El motivo del despido fue la consulta de datos a los que tenía acceso técnico, pero para los que carecía de autorización. Su justificación fue "simple curiosidad".
Según se ha detallado, el origen del caso se remonta a una conversación informal de la esposa del empleado, quien criticó los elevados salarios del comité de dirección de ArcelorMittal y mencionó que su marido trabajaba en un banco, lo que sirvió como pista. El Diario Vasco informó que el TSJ ha ratificado el despido disciplinario de este trabajador, que estaba destinado en Hondarribia.
Una directiva de la siderúrgica, miembro del comité de dirección, se enteró por su consejero delegado de que su información bancaria ya no era privada. Al ser la única integrante de ese órgano con una cuenta en Kutxabank, presentó una denuncia a través del canal ético de la entidad, lo que llevó a la apertura de una auditoría interna en enero de 2025. Los registros informáticos revelaron consultas que no correspondían a las funciones del empleado, quien en ese momento percibía 5.346,60 euros mensuales y había trabajado en el banco desde julio de 2008.
De acuerdo con los hechos que la Justicia ha dado por probados, el trabajador accedió, en siete jornadas diferentes entre enero de 2021 y marzo de 2025, a datos confidenciales de al menos tres empleados de ArcelorMittal, una importante siderúrgica con más de 20.000 empleados. Para localizarlos, también revisó a otros siete clientes con nombres y apellidos similares. Sus consultas no se limitaron a las nóminas, sino que examinó ingresos, movimientos de cuentas, préstamos hipotecarios, garantías y operaciones con tarjeta. Al ser interrogado, alegó "simple curiosidad" y su interés por conocer los ingresos de las personas, negando haber compartido cualquier información con su esposa. También afirmó que la consulta libre de esos sistemas era una práctica tolerada por el banco.
La Sala de lo Social, en una sentencia del 20 de octubre, desestimó el recurso del trabajador presentado en primera instancia en abril de 2026. La clave, según el tribunal, no reside en si los datos fueron difundidos, sino en si el empleado tenía derecho a acceder a ellos. La conclusión fue negativa: los empleados bancarios están sujetos a un estricto deber de secreto, y el acceso técnico no constituye un permiso para ver información no autorizada. Su antigüedad tampoco fue considerada un atenuante; los magistrados concluyeron que su experiencia debía haberle hecho plenamente consciente de la gravedad de su conducta. No se impuso condena en costas, y aún cabe un recurso de casación para la unificación de doctrina ante el Tribunal Supremo.
Este caso guarda similitud con otro ocurrido en enero, donde una directora de CaixaBank en Les Preses (Girona) consultó los movimientos de 170 clientes durante 210 días entre noviembre de 2022 y diciembre de 2023. De estos, 84 eran familiares o allegados y 121 residían en su misma localidad. La búsqueda se realizaba por nombre y apellidos, no por DNI, y la empleada confesó haberlo hecho por "xafardería" (cotilleo). La entidad la despidió el 31 de enero de 2024 por transgresión de la buena fe contractual, fraude y abuso de confianza, y el TSJ de Cataluña validó la decisión, la cual, según la propia entidad, es firme.
El marco legal aplicable incluye el Reglamento europeo de protección de datos, que exige el tratamiento de la información con integridad y confidencialidad (artículo 5.1.f), y la ley orgánica española, que extiende este deber a todas las personas que intervengan en cualquier fase del tratamiento, no solo a la empresa. El Código Penal, en su artículo 197.2, sanciona a quien, sin autorización, accede a datos reservados registrados en ficheros informáticos. La lección es clara: poseer una llave de una propiedad ajena no otorga permiso para entrar sin la autorización del dueño, y mucho menos para curiosear en sus pertenencias.