Hostelero cordobés condenado a cinco años de prisión y más de 1.5 millones de euros por fraude a la Seguridad Social

Tecnologia
Un empresario hostelero ha sido condenado a cinco años de prisión y multas e indemnizaciones que superan los 1.5 millones de euros, tras un esquema de fraude a la Seguridad Social que se extendió por ocho años. La sentencia de la Audiencia Provincial de Córdoba revela un entramado de sociedades que sistemáticamente evadían el pago de cuotas de trabajadores, causando un perjuicio significativo a la Tesorería General de la Seguridad Social. Un segundo implicado, actuando como testaferro, también recibió una condena en este caso que subraya la persistencia de las deudas impagas.

Existen obligaciones que, por más que se intenten ocultar, dejan un rastro evidente y no pueden ser eludidas. Un empresario del sector hostelero eludió una deuda durante ocho años, ocultándose tras un esquema que implicaba una sociedad que contrataba, dejaba de cotizar y luego se disolvía, siendo reemplazada por otra. El desenlace, según informan ABC y Cordópolis, ha resultado en la condena de dos personas a un total de cinco años de cárcel y más de 1.5 millones de euros en multas e indemnizaciones. Esto se desprende de la sentencia de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Córdoba, aunque el proceso aún podría tener desarrollos.

Entre 2013 y 2021, el principal condenado, identificado como Á.V.C.Á., gestionó una red de sociedades en el ámbito de la hostelería que de manera sistemática dejó de abonar las cuotas de sus empleados, generando un perjuicio de 606.615,31 euros a la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS). La sentencia le impone tres años de prisión: dos años y 300.000 euros de multa por el delito contra la Seguridad Social, sumado a un año y otros 300.000 euros por el impago de sus propias cuotas de autónomo. También se ha acreditado que cobraron diversos eventos en efectivo sin declarar.

El segundo condenado, J.U.N., un empresario de Lucena, enfrenta dos años de cárcel y una multa de 300.000 euros como coautor. La Audiencia lo describe como un “testaferro o tercero interpuesto de manual”, lo que significa que prestaba su nombre para que la verdadera gestión permaneciera oculta. Ambos han sido inhabilitados por cinco años para recibir cualquier tipo de subvenciones, ayudas públicas y beneficios fiscales o de la Seguridad Social.

La suma total de las deudas, un cálculo basado en los datos de la sentencia publicados por Cordópolis, asciende a 1.506.615 euros. Las multas suman 900.000 euros (600.000 del principal y 300.000 del testaferro). En el ámbito civil, el principal condenado debe indemnizar a la TGSS con 361.896,06 euros y, el segundo, con 244.719,25 euros por las deudas de una de las empresas. La suma de estas dos indemnizaciones iguala los 606.615,31 euros defraudados.

Inicialmente, la Fiscalía solicitó 23 años de cárcel para cuatro acusados, incluyendo 10 para el principal y 7 para el testaferro, además de multas millonarias. Durante el juicio, la petición se redujo a 4 y 3 años, al apreciarse la atenuante de reparación del daño por parte de quienes habían abonado una parte de la responsabilidad civil. Estas peticiones incluían un año por frustración de la ejecución, un delito de ocultación de bienes para evitar pagos, del cual la sentencia absuelve a ambos, así como a la hija del principal y a otra persona. De ahí que las condenas finales sean de 3 y 2 años. La defensa, por su parte, pidió que se consideraran las dilaciones indebidas debido a los 3 años transcurridos entre el auto de transformación, en 2023, y la vista, en 2026. La sentencia aplica esta atenuante y la de reparación parcial del daño. Durante el juicio, el acusado principal llegó a culpar a la Administración por la quiebra de sus empresas.

El Código Penal sanciona la defraudación a la Seguridad Social cuando las cuotas impagadas superan los 50.000 euros en un periodo de cuatro años naturales, con penas de hasta 5 años de prisión. La pena se agrava, de 2 a 6 años, si se superan los 120.000 euros, si se actúa dentro de una organización o grupo criminal, o si se utilizan personas interpuestas que dificulten la identificación del responsable, como es el caso de los testaferros. Por lo tanto, un simple impago no siempre constituye un delito, ya que los tribunales suelen exigir que exista algo más que la mera falta de pago.

Esta no es la primera vez que se destapa un caso de este tipo en la región. En octubre de 2025, otro hostelero cordobés fue condenado a 2 años de cárcel y una multa de 620.000 euros, más 463.939,56 euros de indemnización (superando el millón de euros entre ambas partidas), por impagos entre 2009 y 2018, utilizando sociedades ficticias y a sus hijas como administradoras nominales, según Cordópolis. En el verano de 2025, el Tribunal Supremo confirmó una condena de seis años y dos meses para un empresario cordobés que mantuvo a 39 empleados dados de alta sin pagar sus cotizaciones a través de 7 sociedades y que, además, simuló contratos para que otras personas cobraran prestaciones de forma fraudulenta.

Actualmente, la sentencia es de primera instancia, lo que permite la presentación de un recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA). Hasta el 9 de noviembre, no se ha informado si la sentencia ha sido recurrida ni si los condenados ingresarán en prisión: la defensa solicitó la suspensión de la ejecución de la pena y presentó un plan de pagos a la Seguridad Social. En el aspecto económico, las cuotas no cotizadas por las sociedades (606.615,31 euros a la TGSS) están pendientes de recuperación; se ha registrado un ingreso previo de 40.000 euros y existe el compromiso de abonar 2.000 euros mensuales.