El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto que reforma el Servicio Universal de telecomunicaciones, con cambios que entrarán en vigor el 1 de enero. La normativa eleva la velocidad mínima de la banda ancha fija a 100 Mbps, extiende la obligación de garantizar el servicio a todos los operadores y amplía el acceso a tarifas asequibles para beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital, pymes y ONGs.
El Consejo de Ministros ha oficializado la aprobación del Real Decreto que establece el Reglamento del Servicio Universal de telecomunicaciones. Este reglamento incluye todas las modificaciones previamente anunciadas en el Proyecto de Orden gubernamental, las cuales comenzarán a aplicarse a partir del 1 de enero. Entre las novedades más destacadas, el nuevo reglamento elimina la exclusividad de Telefónica en la provisión de este servicio, extendiendo la responsabilidad a todos los operadores. Asimismo, se incrementa la velocidad mínima de la banda ancha fija de 10 a 100 Mbps, multiplicándola por diez. Adicionalmente, un mayor número de usuarios podrá acceder a tarifas asequibles de telefonía fija e internet, incluyendo a todos los perceptores del Ingreso Mínimo Vital, pequeñas y medianas empresas (pymes) y organizaciones no gubernamentales (ONGs).
El Servicio Universal de telecomunicaciones se define como la obligación legal de asegurar servicios básicos de telefonía fija y acceso a internet fijo con una calidad específica y a un costo razonable para todos los ciudadanos españoles, sin importar su ubicación geográfica o situación económica. Las prestaciones de este servicio han evolucionado a lo largo del tiempo; del mismo modo que se eliminaron las cabinas telefónicas y las guías, la conexión fija a internet con una velocidad mínima también se integró como un servicio básico. Actualmente, la velocidad mínima es de 10 Mbps, pero con la nueva normativa, que entrará en vigor el 1 de enero de 2027, esta velocidad se elevará a 100 Mbps, diez veces más.
Otra modificación relevante del Real Decreto es la ampliación del acceso a tarifas asequibles para todas las unidades de convivencia que perciben el Ingreso Mínimo Vital, lo que representa aproximadamente 800.000 hogares. Si un operador no ofrece las tarifas asequibles establecidas por la CNMC, deberá aplicar un descuento del 25% sobre el precio medio de mercado a los beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital. Además, el Real Decreto expande el perfil de usuarios que pueden beneficiarse del Servicio Universal. A partir del 1 de enero, no solo los consumidores podrán solicitarlo, sino también las microempresas, las pymes y las organizaciones sin ánimo de lucro (ONGs).
Esta medida representa una buena noticia para Telefónica. Durante casi 30 años, la CNMC había designado a Telefónica como la única empresa encargada de garantizar este servicio, debido a la falta de interés de otros operadores. Sin embargo, esta situación cambiará. La última adjudicación finaliza el 31 de diciembre, lo que significa que, a partir del 1 de enero, todos los operadores atenderán las solicitudes en las áreas donde proporcionen cobertura. Telefónica, no obstante, seguirá manteniendo las ofertas vigentes del actual Abono Social, que otorga bonificaciones a jubilados y pensionistas al contratar una línea de telefonía fija o una línea fija con conexión a internet.