Pensionista debe devolver 32.857 euros por incumplir requisitos de residencia de pensión no contributiva

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Una mujer de 77 años deberá reembolsar más de 32.000 euros a la Seguridad Social tras una resolución judicial. La beneficiaria, que percibía una pensión no contributiva de incapacidad, incumplió los requisitos de residencia al permanecer largos periodos en Marruecos. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha confirmado la decisión, destacando que la ley establece un límite de 90 días de ausencia anual del territorio español para mantener este tipo de prestación.

Una pensionista de 77 años, que viajaba con frecuencia a Marruecos y permanecía allí por semanas o meses, ha sido requerida por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña para devolver 32.857,20 euros. La resolución se debe a que la mujer incumplió los requisitos de residencia asociados a la pensión no contributiva que recibía, la cual exige vivir en España para ser percibida.

Según la sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, la mujer cobraba desde diciembre de 2013 una pensión no contributiva de incapacidad. Este tipo de ayuda requiere acreditar una discapacidad y residir legalmente en España, sin necesidad de haber cotizado lo suficiente para una pensión ordinaria. Su prestación ascendía a unos 604 euros mensuales, más un complemento de aproximadamente 37 euros, a lo que se sumaba otra pensión de Marruecos de unos 97 euros al mes.

El problema surgió porque la beneficiaria permaneció fuera de España 135 días en 2018, 136 días en 2019, 260 días en 2020 y 149 días en 2021, sumando un total de 680 días en cuatro años, según la sentencia.

El artículo 10.2 del Real Decreto 357/1991, que regula las prestaciones no contributivas, establece que la residencia legal "no se considerará interrumpida por las ausencias del territorio español inferiores a noventa días a lo largo de cada año natural", salvo enfermedad justificada. Superado este límite, la ley considera que hubo un traslado real de residencia fuera de España, sin necesidad de demostrar una instalación definitiva en otro país; basta con contabilizar los días que la beneficiaria pasó fuera del territorio nacional. La Seguridad Social revisa estos expedientes periódicamente, de manera similar a cómo se exige la fe de vida a los pensionistas que residen en el extranjero.

El expediente detectó dos irregularidades. La primera fue la duración de las ausencias al extranjero, que "superó ampliamente los 90 días cada año" permitidos por la ley. La segunda, los ingresos de la unidad familiar. La sentencia del TSJ de Cataluña detalla que en 2021, la unidad familiar tuvo ingresos que sumaron 73.291,08 euros, una cantidad muy superior al límite de 33.835,2 euros fijado para su caso.

Con base en estos dos motivos, la Generalitat de Cataluña anuló la prestación con efectos retroactivos desde junio de 2018 y reclamó la devolución de todo lo cobrado desde entonces, ascendiendo a 32.857,20 euros. La beneficiaria recurrió, argumentando que el cierre de fronteras debido a la pandemia le impidió regresar a España a tiempo en 2020.

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña no aceptó este argumento. La sentencia recordó que España mantuvo canales de regreso para sus residentes incluso durante los meses más restrictivos de la pandemia. Respecto a los ingresos familiares, el fallo fue aún más contundente, señalando que "es evidente que se superó muy ampliamente el límite de ingresos".

El fallo también confirmó que no se requiere probar un cambio formal de residencia para perder la pensión, ya que una ausencia al extranjero "superior a 90 días es causa de extinción". Los magistrados añadieron que no es necesario demostrar que la persona pasó a vivir legalmente en el otro país; basta con exceder el plazo de permanencia fuera del país para anular la prestación. En consecuencia, la pensionista debe devolver a la Seguridad Social los 32.857,20 euros recibidos indebidamente durante esos cuatro años, dado que no cumplía con los requisitos para su prestación.