Francia implementará una prohibición para que los menores de 15 años abran cuentas en redes sociales a partir del 1 de septiembre, extendiéndose a cuentas existentes en 2027. Esta medida, respaldada por una amplia mayoría parlamentaria, convierte a Francia en el primer país europeo en adoptar una restricción de este alcance. El desafío principal radica en cómo las plataformas verificarán la edad de los usuarios y gestionarán la privacidad sin crear procesos engorrosos.
Durante años, registrarse en una red social ha sido tan sencillo como proporcionar un correo electrónico, una contraseña y la fecha de nacimiento. En Francia, esta práctica cambiará a partir del 1 de septiembre para los menores de 15 años. La prohibición ya ha sido aprobada por el Parlamento, pero su implementación efectiva requerirá resolver cuestiones complejas: cómo verificar la edad de los usuarios, qué información se les solicitará y cómo afectará a servicios que van más allá de la publicación de fotos o vídeos. Aquí comienza el verdadero reto.
La decisión fue respaldada abrumadoramente el pasado martes por ambas cámaras francesas: 243 senadores votaron a favor y solo 2 en contra, mientras que la Asamblea Nacional aprobó el texto con 279 votos frente a 81. Emmanuel Macron, uno de los principales impulsores, celebró que Francia sea el primer país europeo en aprobar una prohibición de esta magnitud. La implementación se realizará en dos fases: las nuevas cuentas quedarán vetadas desde el 1 de septiembre y la restricción se aplicará a las cuentas ya existentes a partir de enero de 2027. No obstante, el calendario aún podría estar sujeto a la revisión del Consejo Constitucional.
La prohibición no establece una lista cerrada de plataformas afectadas, sino que se remite a las definiciones europeas de “plataforma en línea” y “servicio de redes sociales en línea”. Casos como TikTok, Instagram y Snapchat son claros, pero la frontera se vuelve menos definida en YouTube, WhatsApp, Reddit o Roblox, donde coexisten funciones sociales con otros usos. Según explicó la diputada Laure Miller, en algunos casos el control se aplicará únicamente a herramientas específicas. Las enciclopedias digitales y los directorios educativos o científicos están expresamente excluidos.
Las plataformas asumirán el control. El texto no contempla multas ni otras sanciones para los menores ni para sus padres. La responsabilidad recaerá en las empresas, que deberán verificar la edad de sus usuarios, impedir nuevas inscripciones que incumplan el límite y cerrar las cuentas afectadas una vez finalizado el periodo transitorio. La ministra de Asuntos Digitales, Anne Le Hénanff, considera que el plazo es realista, ya que existen herramientas de verificación y otras están en desarrollo.
Septiembre será la prueba de fuego. La fecha otorga a las plataformas apenas unas semanas de verano para convertir la obligación legal en controles funcionales desde el inicio del curso escolar. La dificultad no solo radica en detectar a los menores, sino también en verificar que el resto de los usuarios superan el límite de edad sin establecer un proceso inmanejable. Durante el debate, varios parlamentarios cuestionaron la rapidez con la que un sistema de esta complejidad podría estar operativo y advirtieron sobre posibles vías para eludirlo, citando el caso de Australia como ejemplo.
La privacidad también está en juego. Verificar si una persona ha cumplido 15 años no debería requerir necesariamente que revele toda su identidad. Una de las alternativas planteadas por el sector sugiere trasladar la verificación al propio teléfono, en lugar de solicitar documentos por separado en cada aplicación. Este enfoque busca reducir la circulación de información personal entre distintos servicios, aunque las fuentes no detallan cómo funcionaría ni qué datos conservaría cada actor. Francia deberá impedir el acceso de los menores sin que la solución se convierta en una nueva fuente de datos sensibles.
España prepara su propia prohibición. Pedro Sánchez anunció el 3 de febrero de 2026 que su Gobierno impulsaría la prohibición del acceso a las redes sociales para los menores de 16 años y exigiría sistemas efectivos de verificación de edad. El Ejecutivo explicó a principios de este mes que había presentado enmiendas para incorporar la medida al Proyecto de Ley Orgánica para la protección de las personas menores de edad en los entornos digitales. Al momento de escribir este artículo, la iniciativa sigue en la Comisión de Justicia del Congreso, en fase de informe.
Aprobar el texto fue solo el principio. Francia ha sido el primer país europeo en lograr la aprobación parlamentaria de una prohibición de este tipo, después de que Australia abriera el camino a nivel mundial. España se encuentra en una fase diferente y su propuesta aún puede modificarse durante la tramitación, pero el problema de fondo es compartido: transformar una edad mínima en un control efectivo y proporcionado con la privacidad.
