España ha desplegado un gran número de agentes en 14 aeropuertos para controlar a más de 8.200 viajeros de terceros países procedentes de Italia, tras la suspensión unilateral del Acuerdo de Schengen por parte de Italia. Esta medida ha generado críticas por su desproporción en resultados y ha llevado a la Comisión Europea a investigar posibles vulneraciones del derecho comunitario. El Gobierno español ha declarado la situación de interés para la Seguridad Nacional en Ceuta, creando un mando único para gestionar la crisis.
España ha desplegado 1.219 agentes de Policía en 14 aeropuertos para controlar a 8.216 viajeros de terceros países que han llegado desde Italia en apenas dos semanas. La semana pasada, esta cifra ya superaba los 4.000. En contraste, Italia, que inició la controversia al suspender Schengen con España, ha rechazado a solo 21 personas en el mismo periodo. Esta desproporción entre el ruido político y el resultado real encapsula la naturaleza de esta crisis. Hoy, 25 de agosto, la Comisión Europea ha confirmado que está estudiando si estos controles españoles infringen el derecho comunitario. Mientras tanto, Pedro Sánchez ha convocado por primera vez al Consejo de Seguridad Nacional para abordar específicamente la crisis. El Gobierno ha decretado la "situación de interés para la Seguridad Nacional" en Ceuta y ha establecido un mando único, liderado por el ministro Ángel Víctor Torres, que también integrará a la Delegación del Gobierno, el CNI y Juan Jesús Vivas como presidente ceutí.
El Acuerdo de Schengen se firmó el 14 de junio de 1985 en un pueblo de Luxemburgo, junto al río Mosela, por Alemania, Francia, Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo. La premisa era sencilla: suprimir las fronteras internas y permitir la libre circulación de personas y mercancías sin controles adicionales. Cuarenta años después, el espacio Schengen abarca 29 países y a más de 400 millones de personas. Al ser un pilar simbólico de la construcción europea, junto al euro, alterarlo representa una declaración política que rompe con cuatro décadas de consenso.
Entre 60.000 y 80.000 personas cruzaron a Ceuta desde Marruecos el 30 y 31 de julio, con al menos 72 muertos por ahogamiento (según el Gobierno, mientras que AMDH sostiene que fueron 141). La presidenta Giorgia Meloni calificó la situación como una amenaza a la seguridad europea y, el 31 de julio, suspendió unilateralmente Schengen con España "por el tiempo necesario". España respondió mediante la Orden INT/846/2026, restableciendo controles temporales a todo vuelo o enlace marítimo procedente de Italia. Los mismos aeropuertos —Barcelona, Madrid, Málaga, Sevilla, Valencia— y el mismo pretexto de "presión migratoria irregular" fueron utilizados. Algo más de dos semanas después, el resultado es la cifra que inicia este texto: 8.216 controlados en España frente a apenas 21 rechazados en Italia.
Recordemos que Ceuta y Melilla tienen un estatus diferenciado dentro del propio tratado. Quien entra de forma irregular en cualquiera de las dos ciudades autónomas no puede circular libremente por el resto de España ni por el espacio Schengen; debe superar un control adicional antes de desplazarse a la Península. Los controles cruzados que ahora se implementan en aeropuertos italianos y españoles responden a un temor —la "fuga" automática de irregulares hacia el resto de Europa— que el propio reglamento ya impedía de partida.
La normativa europea de asilo establece que el primer país de entrada a la UE es responsable de tramitar la solicitud del migrante. Alemania fue la primera en activar esa regla contra la propia Italia a comienzos de agosto, exigiendo la aplicación estricta del pacto migratorio europeo. Le siguieron Suiza, Austria, Finlandia, Suecia, Países Bajos e Irlanda, que se sumó este mismo fin de semana. Siete países europeos preparan ya devoluciones de solicitantes de asilo hacia Italia, invocando la misma lógica de "primer país de entrada" que Meloni usó contra España. Austria y Suecia ya han ejecutado las primeras devoluciones. Elly Schlein, líder de la oposición italiana, dijo que "El bumerán de la ocurrencia propagandística de Meloni es escandaloso".
Entre 2021 y 2026, entraron en Italia unos 470.000 irregulares, cifra que relativiza la indignación de Meloni con Ceuta. Frontex, la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas, constató una caída del 37% en entradas irregulares en el primer semestre de 2026. Las rutas del Mediterráneo oriental y central concentran más del 60% del total de llegadas irregulares, mientras que la ruta de África occidental (la de Canarias) ha registrado el mayor descenso, con una caída del 67% interanual.
La relación entre Washington y Madrid sirve de telón de fondo ante semejante teatro. En marzo, tras el veto español al uso de las bases de Rota y Morón para una eventual ofensiva contra Irán, Trump respaldó abiertamente la propuesta del senador Lindsey Graham de retirar todas las tropas estadounidenses de España, llamando "cobardes" a los aliados que no colaboraban en la seguridad del estrecho de Ormuz. Desde España, el "socio terrible", escuchábamos a Trump lanzar una nueva amenaza ligada al 5% del PIB en defensa que España se negaba a asumir, señalando a Rota y Morón como "activos negociables" por primera vez desde el convenio bilateral de 1988. El embajador de EEUU ante la OTAN llegó a decir en julio que Trump estaba "decepcionado" con España. El mismo Donald Trump que llamó "woke" a Claude siguió repitiendo amenazas por el escaso gasto militar español, si bien las cifras revelan un aumento del 50 % respecto a 2025, alcanzando los 34.265 millones de euros, según informe del Instituto Internacional de Estocolmo para la Investigación de la Paz (SIPRI). La cumbre de Ankara reforzó un amor marcado por amenazas recurrentes sobre activos estratégicos como el control efectivo del estrecho de Gibraltar.
Mientras tanto, los números no cuadran. España cerró 2025 con 96,8 millones de turistas extranjeros y se encaminaba a superar por primera vez los 100 millones en 2026, con 46,5 millones de viajeros solo en el primer semestre, un 4,6% más que el año anterior. Junio mostró síntomas de frenazo por el calor; la crisis fronteriza extendida hasta el 7 de septiembre está haciendo el resto. Miles de pasajeros llegados de Italia siguen sufriendo retrasos por controles de identidad, pasaporte y, en el caso de terceros países, revisión de visado. Una fricción diplomática que afecta a quienes menos culpa tienen. Porque, al parecer, Italia sigue sin pensar en retirar sus controles. Mientras siete países europeos presionan a Roma con la misma arma que Roma usó contra Madrid, se estima que del gran éxodo espoleado por Marruecos apenas quedan dos mil personas en suelo español. El líder de la oposición exige la devolución de "todos". Abascal clama por una "Europa blanca". El Gobierno, en paralelo, inicia una semana de comparecencias parlamentarias: siete ministros desfilarán por el Congreso, empezando por la ministra de Defensa, Margarita Robles y su declaración de “españolidad”, y cerrando el lunes 31 con Sira Rego. Entre las medidas sobre la mesa figuran agilizar las devoluciones a Marruecos, trasladar a la Península a 500 menores no acompañados y ayudas económicas para los comercios ceutíes, que arrastran semanas de pérdidas.
