Ante la grave situación de escasez hídrica, municipios como la Hermandad de Campoo de Suso en Cantabria están implementando medidas drásticas, incluyendo la vigilancia con drones. El objetivo es detectar usos indebidos del agua, como el llenado de piscinas o el riego irregular, que comprometen el suministro básico. Esta estrategia busca garantizar la disponibilidad de agua para todos los residentes y evitar sanciones.
"Cuatro piscinas pueden vaciar un depósito entero". Con esta frase, el alcalde de la Hermandad de Campoo de Suso, Pedro Luis Gutiérrez, describe la problemática que ha llevado a esta localidad cántabra a monitorear el consumo de agua de sus habitantes mediante drones. El Ayuntamiento ya ha iniciado expedientes por el llenado y vaciado de piscinas, así como por riego no autorizado, con multas que oscilan entre 300 y 3.000 euros. El suministro de agua depende en muchos casos de camiones cisterna.
Cabe recordar que Las Rozas de Valdearroyo y la Hermandad de Campoo de Suso han estado recibiendo agua potable en depósitos y cisternas durante meses para cubrir al menos tres meses de consumo esencial, una iniciativa que ha supuesto una inversión regional de 300.000 euros. En Karrantza, Bizkaia, la Diputación coordina el envío diario de entre 250.000 y 300.000 litros de agua mediante dos camiones que realizan un promedio de seis viajes al día. En Siero, Asturias, una comunidad rural costea camiones de 15.000 litros a más de 200 euros la unidad y aplica cortes nocturnos de diez horas para extender la reserva diurna. Salamanca ha tenido que abastecer con cisternas a 64 pueblos, no solo por la sequía, sino también porque la presencia de nitratos y pesticidas inutilizó pozos enteros.
La disparidad en el consumo fue el detonante. La situación se hizo evidente al comparar Naveda y Celada, dos localidades con el mismo sistema de abastecimiento. Mientras Naveda consumía 132.000 litros, Celada apenas utilizaba 32.000. Esta diferencia encendió las alarmas y el suministro de Naveda llegó a depender de camiones cisterna.
Antes de atribuir responsabilidades, el Ayuntamiento clausuró todos los contadores de una localidad para determinar si el problema radicaba en la red pública o en posibles errores de lectura. El consumo se redujo a cero de inmediato, confirmando que no había fugas. El gasto excesivo provenía de propiedades privadas, lo que llevó a implementar la vigilancia aérea con drones. Estos dispositivos analizan la clorofila y la vegetación para identificar riegos ocultos.
El principal problema son las piscinas. Algunos contadores registraron más de un millón de litros consumidos en pocos meses, mientras que los depósitos de la zona apenas pueden almacenar 50.000 litros cada uno. El municipio se ha visto obligado a rellenar el depósito de Salces dos veces con cisternas propias, mientras vecinos que no eran responsables sufrían cortes nocturnos para permitir la recuperación del nivel del agua.
La legalidad de esta medida es un punto importante. Un dron puede sobrevolar una propiedad privada sin permiso siempre que mantenga una altura mínima de 20 metros y no capte imágenes identificables de personas. Si graba y detecta datos personales, entran en juego el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) y la Ley Orgánica 3/2018 de protección de datos, que exigen información previa, registro del tratamiento y medidas de seguridad. La clave legal reside en el objetivo: en este caso, no se filma a individuos, sino que se mide la clorofila, lo que lo sitúa fuera del ámbito de intromisión en la vida privada que protege el artículo 18 de la Constitución.
No existe un umbral de consumo de agua mágico a nivel nacional, pero sí referencias. Los expertos establecen un consumo razonable entre 110 y 130 litros por persona y día. El Instituto Nacional de Estadística (INE) certificó que la media española real fue de 128 litros por habitante y día en 2024. Curiosamente, Cantabria es la comunidad que más agua gasta de toda España, con 186 litros por habitante y día. El problema no es la sequía en sí, sino que el patrón de consumo en Cantabria ya era elevado antes de la llegada del calor.
La situación no es exclusiva de Cantabria. El verano de 2026 ha estado marcado por un mapa de restricciones. En Galicia, cerca del 80% de los municipios mantienen limitaciones, con ríos en mínimos históricos. Mallorca vio sus reservas caer al 39%. En Álava, municipios como Elburgo o Agurain prohibieron baldear calles, lavar coches y llenar piscinas, aunque el grifo doméstico seguía abierto. Deià, en Mallorca, repite restricciones severas por tercer verano consecutivo.
El coste de una piscina es significativo. Una piscina doméstica promedio de 8x4 metros y 1,5 metros de profundidad requiere 48.000 litros solo para el llenado inicial. Pero el gasto no termina ahí: en pleno verano, la evaporación consume entre 100 y 200 litros diarios en ese mismo modelo, lo que equivale a 700-1.400 litros semanales y aproximadamente 6.000 litros al mes. Sumando los tres meses de mayor uso (junio, julio y agosto), una sola piscina puede consumir cerca de 66.000 litros entre llenado y mantenimiento. Multiplicado por las cuatro que, según el alcalde de Campoo de Suso, son suficientes para vaciar un depósito entero, el problema deja de parecer una exageración.
Prohibir, multar, sobrevolar. El abanico de medidas este verano ha ido escalando pueblo a pueblo, y Campoo de Suso ha llevado el argumento a su versión más tecnológica. España tiene pocas piscinas, pero en un pueblo de montaña sin una red de regulación como Naveda, esa proporción se dispara. El culpable habitual siempre es el mismo. Y es evidente que un dron intimida más que educa. De hecho, el simple anuncio de la vigilancia fue suficiente para que el consumo disminuyera. "Fue publicar la noticia y dejó de ser un problema", admite Gutiérrez. Los depósitos volvieron a registrar agua en sus aliviaderos sin necesidad de multar a nadie aún.
