Un mes después de la llegada de miles de migrantes a Ceuta, persisten interrogantes cruciales sobre su número y la razón de su permanencia. A pesar de las afirmaciones gubernamentales sobre el "abandono" de la región por la mayoría, aún existen asentamientos consolidados. La complejidad de la situación se debe a un entramado de factores regulatorios, sociales y de política interna y externa que dificultan una solución rápida.
Casi un mes después de la llegada de decenas de miles de inmigrantes a Ceuta, dos preguntas fundamentales siguen sin una respuesta clara: ¿Cuántos permanecen en la ciudad? Y, dado que cruzaron la frontera de forma irregular, ¿por qué no han sido devueltos a Marruecos o a sus países de origen? ¿Por qué en Ceuta aún existen asentamientos consolidados, como el de El Trampolín, si el Gobierno asegura que la inmensa mayoría de los inmigrantes que llegaron a finales de julio ya habían "abandonado" la región unos días después? La respuesta es una compleja combinación de factores regulatorios (tanto a nivel nacional como comunitario), sociales y de política interna y externa.
La pregunta más básica, ¿cuántos migrantes quedan en Ceuta?, sigue sin una respuesta clara. Se estima que a finales de julio entraron irregularmente en Ceuta unos 72.000 inmigrantes (algunas estimaciones elevan la cifra a 80.000), aunque 70.000 ya habían salido de la ciudad unos días después. A partir de ahí, las cifras varían considerablemente. Hace una semana, el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, sugirió que aún hay más de 10.000 "vagando por las calles, entre las playas, colinas y los barrancos de Ceuta".
¿No hay cifras? Sí, y ese es precisamente el problema. En las últimas semanas han circulado varias cifras que se sitúan en el rango de los miles, pero la realidad es que han ido cambiando con el tiempo (o según la fuente que las proporcione) sin que ninguna pueda considerarse cien por cien fiable. Hace unos días, Carlos E. Cué preguntó a la ministra Elma Saiz cómo era posible que el Ejecutivo tardara tanto en contabilizar a los inmigrantes, y la respuesta que recibió revela más por lo que calla que por lo que dice: "Interior ha priorizado la filiación de los menores, ya ha hecho 2.500". Poco después, el Gobierno admitió que en Ceuta aún hay al menos 2.200 migrantes que siguen en las calles.
¿Por qué siguen allí? Esta es la pregunta clave. El problema es que, al formularla de esa forma, se simplifica en exceso una realidad mucho más compleja que no puede abordarse sin tener en cuenta varios factores. El principal es que no todos los inmigrantes se encuentran en la misma situación. Hay adultos y hay menores. Hay personas que proceden de países considerados "seguros", como Marruecos, y otros llegados de naciones "no seguras", una lista que incluye Sudán, Siria o Afganistán. Puede haber incluso migrantes que se declaren apátridas. Y, sobre todo, es probable que haya personas que soliciten asilo, una petición que las autoridades españolas no pueden ignorar sin más. La realidad que se presenta ante cada uno de esos perfiles tiene sus propios matices.
¿Hay más factores? Por supuesto. Si lo anterior no fuera suficiente, la situación se complica aún más cuando se considera el contexto. La avalancha masiva de migrantes no se produjo en un lugar cualquiera. Se concentró en cuestión de 48 horas en Ceuta, una ciudad de poco más de 80.000 habitantes censados que se ha visto tensionada tanto a nivel institucional como político y social, y en la que se ha abierto un pulso entre las autoridades regionales y el Gobierno central.
Por ejemplo, una de las cuestiones más sensibles es dónde alojar a los inmigrantes irregulares llegados en julio, sobre todo si se tiene en cuenta que esos espacios deben cumplir unos mínimos. Una posibilidad es recurrir a los polideportivos, pero el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas (PP), lo ha rechazado de plano. Incluso amenaza con encerrarse para impedirlo.
¿Tan importante es? Sí. A priori, quizás parezca una cuestión menor, pero el problema del emplazamiento es clave. Si se retrasa, también lo hace el trámite de control y filiación necesario para poner en marcha la maquinaria administrativa que, llegado el caso, puede concluir con la devolución de un inmigrante irregular.
Y ese es solo uno de los muchos ingredientes de la crisis. Otro es el papel de las autoridades de Marruecos, país desde el que cruzaron los migrantes a finales de julio, cuya colaboración resulta fundamental y que ha aprovechado el contexto para agitar la idea de que Ceuta y Melilla son emplazamientos "ocupados".
Aún hay otros dos factores más a tener en cuenta. El primero es que Ceuta no es solo una ciudad autónoma española o parte de la frontera del Estado español. Lo es también de la UE, que no ha tardado en pronunciarse sobre la crisis migratoria desatada en julio para recordar que las devoluciones están amparadas por la ley comunitaria. En España, sin embargo, pesa todavía el recuerdo de lo ocurrido en 2021, cuando la repatriación exprés de menores marroquíes le salió muy cara a dos cargos del Gobierno ceutí: una condena a nueve años de inhabilitación.
¿Qué dice la ley? Si nos fijamos estrictamente en el marco regulatorio, hay que partir de una norma base: la Ley Orgánica 4/200, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España. También su desarrollo en el Decreto 1155/2024. Ese marco establece que la expulsión de un inmigrante debe seguir un procedimiento que atienda a las peculiaridades de cada caso. Si hablamos de un menor de edad, en la ecuación se incluye además un régimen específico.
En el caso de los inmigrantes asentados en Ceuta influye otra cuestión: el calendario. Todos los que entraron entre el 30 y 31 de julio han superado con creces las 72 horas de estancia en España, el plazo a partir del cual se complica la expulsión. Es entonces cuando el Gobierno recurre a centros de internamiento de extranjeros (CIE) o, en el caso de Ceuta, el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI). La duración de los internamientos, la identificación y proceso de alegaciones también está regulado y puede durar meses.
¿Y eso, por qué? Porque si algo demostró el caso de 2021 es que el procedimiento debe respetar escrupulosamente la ley. "Para todos hay un paraguas legal, somos un Estado de derecho, tenemos una ley de extranjería. Cada caso tiene que ir acompañado con un expediente individual", reivindicaba Saiz durante su entrevista con El País, en la que insistía en la importancia de "agrupar" a los migrantes en un lugar para "hacer listados y hacer filiaciones". "No son actos automáticos, tienes que conocer la historia de vida de esa persona. No es lo mismo alguien que huye de su país porque su vida está en serio peligro que otros procesos migratorios. Un recurso de atención humanitaria no sale como un champiñón en un campo. Requiere una entidad con personal formado, que tiene que venir a Ceuta, que tiene que tener donde dormir, algo que no es sencillo. Cuesta mucho", zanja la ministra de Inclusión y Migraciones.
¿Cuestión de tiempos? A modo de referencia, Juan Jesús Vivas denunciaba hace poco que el Gobierno de España está resolviendo entre 25 y 30 expedientes de devolución al día. El líder ceutí no aclaró de dónde sale el cálculo, pero sí lanzó una interpretación evidente si se tiene en cuenta que el propio dirigente popular hablaba a comienzos de agosto de entre 8.000 y 11.000 inmigrantes: "A este ritmo no saldrían de Ceuta todos los que han llegado por lo menos en un año". De telón de fondo, el complejo debate en torno al marco comunitario y cuál es la línea roja de la "ilegalidad". Sobre todo después de que la CE haya abogado por el retorno "rápido" a Marruecos de todos los inmigrantes irregulares de Ceuta, incluidos los menores. En concreto, Bruselas alude a la directiva de retornos original y el reglamento de junio que actualiza y endurece las normas.
