El hotel El Algarrobico, una imponente estructura de 20 plantas y 411 habitaciones, ha permanecido inacabado y vacío durante dos décadas en una playa virgen del Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar. Su construcción ilegal en suelo protegido ha desencadenado una prolongada odisea judicial y administrativa, convirtiéndose en el caso de urbanismo más intrincado de España y un emblema de la ambición desmedida y la vulneración de la ley en el boom inmobiliario.
Veinte plantas, 411 habitaciones, incluyendo varias suites con grandes ventanales. Cero huéspedes en dos décadas, a excepción de roedores. El hotel El Algarrobico, desde 2006, se alza imponente en la arena de una de las playas más prístinas del Mediterráneo, dentro del Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar, sin haber abierto sus puertas jamás. Es considerado uno de los edificios más antiestéticos de España y, a la vez, uno de los más persistentes, dada su historia. Desde la carretera, su apariencia evoca la de un trasatlántico encallado en un cabo casi desolado. Una mole blanca salpicada de imperfecciones, erigida sobre una Reserva de la Biosfera, un espacio Ramsar y Red Natura 2000, rodeada de praderas de posidonia que se cuentan entre las mejor conservadas del Mediterráneo. En Carboneras, un pueblo de 8.458 habitantes, todos atesoran recuerdos del inicio de esta construcción: algunos lo asocian con trabajo, otros con vergüenza, y algunos más con una oportunidad perdida.
La historia se remonta a 2003. El Ayuntamiento de Carboneras, entonces bajo el gobierno del PSOE, concedió una licencia de obras a la promotora Azata del Sol para edificar un complejo hotelero directamente sobre la playa del Algarrobico. El terreno, técnicamente, estaba clasificado como suelo protegido: el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de Cabo de Gata lo designaba como no urbanizable, y cualquier alteración requería una modificación formal aprobada por el Consejo de Gobierno andaluz y publicada en el BOJA. Alguien optó por omitir este procedimiento legal, sustituyéndolo por una reclasificación de facto. La Fiscalía señalaría más tarde que esta maniobra era nula de pleno derecho, ya que nunca hubo un acuerdo del Ejecutivo andaluz ni una publicación oficial. Durante algunos años, esto fue suficiente: la constructora comenzó a levantar estructuras de hormigón sobre las dunas, dentro de una franja de dominio público marítimo-terrestre, como si el parque natural fuera un terreno edificable cualquiera.
En 2005, una treintena de activistas de Greenpeace protagonizaron una protesta frente al hotel. Nada detuvo la obra; para 2006, el edificio estaba casi terminado: 43.840 metros cuadrados construidos, con un volumen aparente de 142.480 metros cúbicos. Esto representaba unos 60.000 metros cúbicos de residuos potenciales si algún día se procedía a su demolición. Fue entonces cuando intervino el primer juzgado.
En febrero de 2006, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Almería ordenó la paralización de las obras. Desde ese momento, El Algarrobico se transformó en el caso judicial más complejo del urbanismo español: más de una decena de sentencias del Tribunal Supremo y del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía han confirmado, repetidamente, que el hotel fue edificado en suelo protegido y que debe ser demolido. Pasó un año, y los activistas de Greenpeace pintaron un gigantesco “ILEGAL” en la fachada. Transcurrió otro año y el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) desestimó los recursos presentados por el Ayuntamiento de Carboneras y la promotora Azata del Sol. La licencia fue declarada nula. Pero la contienda continuó: los activistas cubrieron el hotel con 18.000 metros de tela verde. La Fiscalía General ordenó abrir diligencias de investigación para determinar si existía un delito de prevaricación. En 2011, Greenpeace recolectó más de 27.000 firmas para su demolición. Incluso instalaron una gigantesca bola de demolición con grúas. En 2012, la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía solicitó al Gobierno la expropiación. Pocos meses después, la Abogacía del Estado negó que el Gobierno fuera competente para demoler el hotel. El ciclo era irrisorio: el Supremo determinó que, antes de demoler, era necesario anular la licencia municipal que permitió la construcción. El Ayuntamiento de Carboneras, que otorgó ese permiso, se negó a anularlo. Y sin una licencia anulada, no era posible un derribo legal. Y sin demolición, la mole seguía ahí, oxidándose bajo el sol. En 2021, después de 15 años de sentencias condenatorias, su demolición fue cancelada por el TSJA (Tribunal Superior de Justicia de Andalucía).
Durante estos años, sus fachadas comenzaron a llenarse de arte urbano y pintadas de protesta, pero algunos ya habían obtenido cuantiosas sumas de dinero. La Fiscalía de Almería abrió diligencias para investigar a 7 concejales de Carboneras por un posible delito de prevaricación administrativa, a raíz del acuerdo plenario del 17 de junio de 2026 que nuevamente aplazó la anulación de la licencia. Cinco de ellos estaban vinculados al PSOE. Mientras tanto, Greenpeace, Ecologistas en Acción y WWF continuaron ejerciendo presión, apelando a la Ley de Costas. Tras el reiterado rechazo a su demolición, la ONG sigue presentando recursos que el Tribunal Supremo desestima. Afortunadamente, la Audiencia Nacional también rechazó que las administraciones indemnizaran a la promotora (con nada menos que 70 millones de euros). El edificio ya es una estructura vacía y el caso avanzó hasta 2024, cuando el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) investigó si las decisiones judiciales españolas eran normales o irregulares.
El giro decisivo llegó por una vía diferente a la judicial. En febrero de 2025, el Gobierno central declaró la utilidad pública de los terrenos que el hotel ocupa dentro del dominio público marítimo-terrestre, un primer paso para expropiarlos al amparo de la Ley de Costas. Azata del Sol recurrió. En agosto de 2025, el Ministerio para la Transición Ecológica rechazó el recurso de alzada y cerró la vía administrativa: la expropiación siguió adelante. Ahí comenzó otra disputa, esta vez por dinero. El Gobierno ofreció 16.496 euros por el suelo expropiado, una cifra que asume que solo se paga el terreno, no el edificio. Azata del Sol exigió 44,5 millones: incluyó en su cálculo el valor del hotel construido, más un 5% adicional por "daño moral" y descrédito empresarial. El desacuerdo pasó entonces a un jurado provincial de expropiación, que tiene hasta 6 meses para fijar un precio justo. En la práctica, es un tribunal que debe decidir el valor de una relación que nunca debió haber comenzado.
El otro frente —el municipal— también avanzó. El 7 de julio de 2026, el Pleno del Ayuntamiento de Carboneras aprobó, en un segundo intento, anular la licencia de obras de 2003. Votaron a favor el alcalde, Salvador Hernández (Ciudadanos), junto a 7 concejales presentes. Cuatro ediles —entre ellos dos del PSOE investigados— abandonaron la sala justo antes de la votación, dejando sus sillas vacías en la imagen final. La decisión llegó después de un ultimátum del TSJA, que había dado 20 días al Consistorio para actuar bajo amenaza de ejecutar la anulación por su cuenta. En un municipio de menos de 9.000 habitantes donde muchas batallas se discuten en bares, todos saben quién se levantó de la silla y quién se quedó. Con la licencia anulada, desapareció el último obstáculo administrativo puro que quedaba en pie. Pero esto no termina aquí: el proceso sigue abierto en dos frentes paralelos: la expropiación estatal del 40% del suelo, la franja que invade el dominio público, y la restauración ambiental del entorno, competencia de la Junta según un reparto de tareas pactado en 2011. Tras otra queja, Greenpeace registró el 27 de julio de 2026 un escrito exigiendo a Carboneras que activara ya el procedimiento de derribo.
Un informe de la empresa pública Tragsa, elaborado en 2012, calculó el coste global de la demolición y restauración en 7,1 millones de euros. De ellos, 3,9 millones se destinarían a demoler el edificio y tratar unos 60.000 metros cúbicos de residuos; 1,5 millones, a restaurar el paraje; el resto, a estudios previos, proyecto, dirección de obra y seguridad. El transcurso del tiempo ha encarecido esa factura: solo el aumento del precio de la energía, de la mano de obra y de la gestión de residuos puede haber inflado el presupuesto hasta un 50%. Greenpeace encargó su propio estudio, elaborado por el colectivo de arquitectura n'UNDO. Propuso un desmantelamiento selectivo en lugar de una demolición tradicional. Su propuesta mantiene una cifra similar —unos 7,3 millones de euros—, pero promete reciclar hasta el 98% del material y reducir los costes en torno a un 11%, convirtiendo la playa en un laboratorio de I+D de demolición, gestión de residuos y restauración de paisaje durante dos años. La propuesta calcula la generación de 380-410 empleos, 530 horas de cursos y 71 toneladas de CO2 no emitidas. Ninguna administración la ha adoptado todavía.
El Algarrobico, más que un hotel fallido, es la constatación de que durante los años del boom inmobiliario, el cemento llegó más lejos que la ley. El afán por el dinero pisoteó incluso un parque natural protegido por la Unesco. Cada pleno y cada recurso de Azata del Sol alimenta la sensación de que la ilegalidad, sostenida el tiempo suficiente, se convierte en parte del paisaje. Porque la verdad se defiende sola; la mentira necesita la ayuda de los tribunales.
