El entorno del Mar Menor es escenario de una intensa controversia sobre el uso de motos de agua. Vecinos, ecologistas y el sector náutico mantienen posturas opuestas respecto a si estos vehículos son una diversión inofensiva o representan una amenaza para el ecosistema y la seguridad de los bañistas. Un dato clave es que las motos náuticas concentran el mayor número de denuncias por infracciones en la laguna, alimentando el debate sobre su regulación.
El Mar Menor, un paraje idílico con extensos arenales que atrae a miles de turistas cada verano, se ha visto envuelto en un espinoso debate en los últimos meses. La controversia gira en torno al impacto de la proliferación de motos de agua: ¿son una diversión inofensiva o una amenaza para el ecosistema de la laguna y la seguridad de los bañistas? ¿Perjudican la fauna y flora costera, como sostienen algunos ecologistas, o el sector náutico tiene razón al defender que no hay fundamento científico que demuestre ese impacto en la albufera?
Las autoridades se enfrentan a la presión de quienes aseguran que estos vehículos se han convertido en un peligro y una fuente de ruidos, lo que ha impulsado una campaña de recogida de firmas en Change para prohibirlas, la cual ya supera las 32.600 rúbricas. La Gola de Marchamalo, con medio metro de agua en muchas zonas, es descrita por algunos como un circuito de velocidad debido a la alta velocidad a la que transitan las motos de agua, tanto privadas como de alquiler, al salir al Mar Menor.
La polémica es palpable y una rápida búsqueda en Google lo confirma. Diversas organizaciones como Ecologistas en Acción, Asamblea Ciudadana Playa de La Isla de Mazarrón, SOS Mar Menor, Abrecemos el Mar Menor y la Asociación Náutica de la Región de Murcia se han pronunciado al respecto. Además, la campaña en Change busca emular el ejemplo del Parque Natural Cabo de Gata-Níjar, donde las motos de agua están vetadas.
Si bien todas las partes coinciden en la necesidad de una mayor vigilancia, discrepan en el punto central de la controversia: si estos vehículos representan una amenaza. Desde Ecologistas en Acción, son categóricos al advertir que el incremento de embarcaciones recreativas y con motor, incluyendo lanchas, yates y motos, está afectando los ecosistemas costeros. Pedro Luengo, de esta ONG, enfatizó en una entrevista el daño que causan en aguas de poca profundidad, explicando que se puede producir una resuspensión de sedimentos, liberando nutrientes para las microalgas y enturbiando las aguas. También señaló que a grandes velocidades pueden descalzar plantas, algas e incluso animales sujetos al fondo.
Además, vecinos denuncian comportamientos imprudentes por parte de los pilotos, que navegan a gran velocidad, poniendo en riesgo a otros bañistas y generando ruido. SOS Mar Menor subraya que la Gola de Marchamalo parece un circuito de velocidad. Por otro lado, la Asociación Náutica de la Región de Murcia tiene una perspectiva diferente. Su presidente, José Miguel Martínez, aboga por más vigilancia y sanciones para quienes infringen las normas, pero rechaza que se culpe a todos los usuarios de un daño ambiental que, según él, "nadie ha demostrado científicamente".
Un dato revelado por el diario La Verdad hace días añade más peso al debate: las motos de agua son responsables de casi la mitad de las sanciones registradas por Capitanía Marítima. Específicamente, entre el 1 de enero y el 26 de agosto, las autoridades contabilizaron 221 denuncias por infracciones náuticas en el Mar Menor, de las cuales 102 (el 46,1%) correspondieron a usuarios de motos náuticas. Esta cifra supera las faltas relacionadas con embarcaciones de recreo (99) y de pesca o servicios portuarios. Se presume que la mayoría de estas infracciones ocurren durante el verano.
Este panorama se enmarca en un negocio en expansión. El último balance de la Asociación Nacional de Empresas Náuticas (ANEN) indica que entre enero y julio, las altas de embarcaciones de recreo, incluyendo las motos, aumentaron un 6,8% en comparación con 2025. Murcia se destaca como la quinta provincia con más matriculaciones en España. Este crecimiento ha llevado a algunas regiones del país a tomar medidas para endurecer su regulación o prohibir estos vehículos en ciertas zonas, como ya sucede en el Parque Natural Cabo de Gata o en Cantabria, cuya legislación ha sido recientemente actualizada.
