En menos de medio siglo, Costa Rica experimentó una drástica reducción de su cobertura forestal, pasando del 75% en 1940 a un alarmante 21% en 1987. Sin embargo, gracias a una serie de políticas y un cambio de enfoque, el país logró revertir esta tendencia. Hoy, más de la mitad de su territorio vuelve a estar cubierto de bosques, consolidándose como un modelo global en la lucha contra la deforestación.
En 1940, Costa Rica destacaba por su abundante vegetación, con el 75% de su superficie cubierta por bosque tropical. Para 1987, esta cifra se había desplomado a apenas un 21%, un declive significativo en casi medio siglo que representaba una amenaza crítica para la biodiversidad y un riesgo de desertificación en la era del cambio climático. Sin embargo, el país centroamericano emprendió acciones decisivas y en poco más de 30 años logró revertir con éxito esta tendencia: actualmente, más de la mitad de su territorio está nuevamente cubierto de bosque.
La drástica disminución de las selvas costarricenses entre los años 40 y 90 se atribuyó principalmente a la expansión de las actividades ganaderas y agrícolas. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) señala el impacto del mercado internacional de la carne, específicamente la producción de carne bovina, así como el cultivo de productos agrícolas como el banano, el café y el cacao.
El punto de inflexión ambiental en Costa Rica fue la Ley Forestal N.º 7575, promulgada en 1996. Esta legislación prohibió la tala de bosques sin autorización estatal e implementó posteriormente el Programa de Pago por Servicios Ambientales (PSA). Este programa consiste en remunerar a los propietarios de tierras por conservar o reforestar sus parcelas. Según el Fondo Nacional de Financiamiento Forestal (FONAFIFO), el organismo encargado de su gestión, en 20 años se han invertido 524 millones de dólares, logrando proteger más de un millón de hectáreas de bosque, lo que equivale aproximadamente a una quinta parte del país. Otros factores que contribuyeron a este cambio incluyen el auge del ecoturismo, el abandono de tierras, el éxodo rural y la caída de los precios de la carne, lo que llevó al consecuente desuso de terrenos.
Esta normativa representó un cambio de paradigma: en lugar de basarse en prohibiciones y sanciones, la conservación se diseñó como un incentivo económico. La financiación de este programa se obtuvo principalmente a través de un ecoimpuesto aplicado a los combustibles fósiles, específicamente a las compañías petroleras. Actualmente, este impuesto genera 26,5 millones de dólares anuales.
El mecanismo del PSA es notablemente sencillo: el propietario de la tierra inscribe su parcela en FONAFIFO, que se encarga de inspeccionarla, mapearla y clasificarla. Posteriormente, se ofrece un contrato con una duración de entre tres y 15 años, que varía según la especie, la actividad (no es lo mismo proteger un bosque existente que reforestar) y si la parcela se encuentra en un corredor biológico o en una cuenca de abastecimiento. De acuerdo con el Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE), desde su creación, el programa ha intervenido 1.472.544 hectáreas (el 30% del territorio nacional) y ha movilizado aproximadamente 750 millones de dólares, beneficiando a 21.000 propietarios de parcelas.
