Una investigación reciente ha revelado que la mayoría de los cocheros de caballos en Sevilla operan sin contratos ni alta en la Seguridad Social. Esta situación, sumada a problemas de bienestar animal y una normativa obsoleta, ha generado preocupación y ha impulsado al Ayuntamiento a proponer una nueva ordenanza para regular el servicio y proteger a los animales, en medio de la oposición de los cocheros.
Los cocheros de caballos en Sevilla, a menudo vistos con sus animales ataviados con anteojeras, han sido objeto de cuestionamientos sobre la legalidad de sus operaciones y las condiciones de trabajo. Una serie de incidentes ha puesto de manifiesto una situación que la Policía Local ha investigado durante décadas: la práctica totalidad de los cocheros trabaja de manera informal. Esto significa que no están dados de alta en la Seguridad Social, carecen de contratos laborales, y muchos ni siquiera están registrados en el Impuesto de Actividades Económicas.
Una inspección conjunta de Trabajo y la Policía revisó la documentación de los 98 coches con licencia municipal, encontrando que solo uno cumplía con todas las regulaciones. Las quejas sobre estas irregularidades se remontan a veinte años atrás.
La conclusión sobre la precariedad laboral se deriva de tres incidentes recientes. El primero ocurrió el 24 de abril de 2022, cerca de la catedral, cuando un caballo se desbocó, arrastrando el vehículo y provocando una fractura de tibia y peroné al cochero, quien tenía el permiso caducado y no estaba dado de alta como autónomo. Once días después, el 5 de mayo, otro cochero fue atropellado por su propio carruaje en la plaza de América, dentro del Parque de María Luisa, tras bajarse para desplegar la capota bajo la lluvia, momento en que el animal se asustó y salió corriendo. Este cochero tenía el permiso caducado desde 2013 y la ITV del vehículo sin pasar desde 2020. El tercer suceso tuvo lugar el 24 de enero de 2024, nuevamente en la plaza de América, cuando el cochero resbaló del pescante, el caballo se asustó, el carruaje volcó y cuatro turistas coreanos, dos de ellos menores, resultaron heridos. En este caso, tampoco había ITV al día ni contrato laboral. Estos eventos se suman al fallecimiento de un empleado en una hacienda de La Rinconada el 25 de junio de 2026.
El sector de los cocheros argumenta que existe un vacío legal desde 1994. Aunque defienden que algunos cocheros sí están dados de alta como autónomos, señalan la dificultad para encuadrar su actividad bajo un epígrafe claro, ya sea como autotaxi o bajo un régimen agrícola debido a la presencia de animales. La Ordenanza Reguladora del Transporte de Viajeros en Coches de Caballos exige pruebas de aptitud y documentación para obtener la licencia, lo que implica cumplir requisitos administrativos. Sin embargo, lo único que se abona regularmente son las tasas municipales por el uso de cocheras. La regulación efectiva nunca llegó a consolidarse. En 1994, una huelga de cocheros protestó contra la obligación de afiliarse a la Seguridad Social, y un requisito anterior que exigía justificantes de estar al corriente con esta, fue eliminado posteriormente. El antiguo Grupo Giralda, ahora Policía Turística, conocía la situación e intentó regularla, pero sin el respaldo necesario. Además, se reporta una escasez de personal para supervisar.
Las asociaciones animalistas han denunciado durante años las condiciones de los caballos. PACMA ha solicitado reiteradamente al Ayuntamiento la prohibición de la circulación de carruajes en días de calor extremo. En julio de 2024, denunciaron que algunos caballos trabajaban trece horas bajo el sol, con temperaturas de hasta 45 grados, sin controles efectivos de horarios ni temperaturas. La ordenanza vigente no contempla la suspensión del servicio por estas razones. En agosto de 2025, la misma asociación denunció el sobrepeso de los carruajes (entre 4 y 6 pasajeros más el cochero, con poca protección solar), y la falta de control sobre horarios y tarifas, que se cobraban en efectivo y de forma arbitraria a los turistas. Ante esta situación, surgió la propuesta de implementar carros eléctricos.
En respuesta a las demandas de protección animal, movilidad urbana y régimen de inspección, el Ayuntamiento de Sevilla abrió una consulta pública en marzo de 2026 para una nueva ordenanza. Entre las medidas estudiadas se incluye limitar la circulación en horas punta para evitar atascos y mejorar la integración con la movilidad urbana. La principal novedad es el establecimiento de tres niveles de protección vinculados a las alertas de la AEMET: con aviso rojo por calor, el servicio queda estrictamente prohibido; con alerta naranja, se interrumpe obligatoriamente entre las 14:30 y las 19:30. Se añadirá un límite de dos horas de trabajo continuado por caballo para prevenir el agotamiento. En los casos más graves, como el incumplimiento reiterado de horarios o el maltrato evidente, la ordenanza contempla la retirada definitiva de la licencia, algo que hasta ahora era difícil de aplicar.
La Asociación de Coches de Caballos, en vista de la nueva ordenanza, asegura que cuida a sus animales "como si fueran de la familia" y considera innecesarias las restricciones en hora punta, ya que, según ellos, evitan por iniciativa propia las horas de mayor calor. Para los cocheros, el tema de las altas en la Seguridad Social es secundario frente a otro problema que han señalado durante años: el estado de las cocheras municipales de Torrecuéllar, donde pernoctan los animales, las cuales carecen de limpieza regular y presentan riesgo de incendio anual. El Colegio de Veterinarios, parte interesada, siempre ha afirmado que los caballos reciben un buen trato.
En Málaga, se optó por revocar directamente las 25 licencias restantes, indemnizando a sus titulares con 125.380 euros el 6 de octubre de 2025. El alcalde Francisco de la Torre justificó esta decisión diciendo: "Queremos una ciudad del siglo XXI, no del XIX". A pesar de las irregularidades en Sevilla, por ahora no se prevé la retirada de licencias, pero sí se continuará investigando para lograr una regulación efectiva.
