Miles de estudiantes en Cataluña han comenzado el curso 2026-2027 sin excursiones ni campamentos, debido a una iniciativa de docentes que exigen mejores condiciones laborales. Más de la mitad de los centros públicos se han sumado a la protesta, que busca presionar al Departamento de Educación para que aborde problemas de fondo, más allá de compensaciones económicas puntuales. Esta situación genera preocupación por el impacto en el ocio educativo y la equidad entre alumnos.
Miles de alumnos catalanes han iniciado el curso escolar 2026-2027 sin la posibilidad de participar en colonias, excursiones, campamentos, granjas-escuela o viajes de fin de curso. Un total de 1.354 escuelas e institutos, lo que representa más de la mitad de los centros públicos de Cataluña, se han adherido oficialmente al manifiesto "Paremos las salidas y las colonias". Esta decisión, que no cuenta con el respaldo de ningún sindicato, surgió de asambleas docentes en la comarca del Maresme a principios de año y se ha extendido rápidamente.
El mecanismo de presión es claro: si el Departamento de Educación no mejora las condiciones laborales del profesorado, los docentes dejarán de asumir la carga voluntaria que implican las actividades con pernoctación, las cuales históricamente recaían en su tiempo libre sin compensación. La Generalitat intentó desactivar el conflicto ofreciendo 50 euros por noche y por docente, una medida que tendría un costo estimado de entre seis y diez millones de euros. Sin embargo, para muchos profesores, esta oferta es "un parche que no soluciona los problemas de fondo". A continuación, se detallan esos problemas.
Esta paralización ya está afectando las finanzas de las empresas dedicadas al ocio educativo. La patronal ACELLEC, que agrupa a entidades como Fundesplai o la Fundació Pere Tarrés, estima una disminución del 80% en las reservas de colonias para el presente curso. El sector cultural, incluyendo museos, teatros y espacios naturales, también teme sufrir un grave impacto si la situación no se revierte.
Por otro lado, el Síndic de Greuges catalán ha alertado que la suspensión de estas actividades perjudica de manera particular a los alumnos de entornos desfavorecidos. La tensión entre familias y profesores parece intensificarse, impulsada por el temor a que estas actividades desaparezcan de la escuela pública, mientras que los centros concertados continúan ofreciendo programas completos con estancias en albergues rurales, intercambios y campamentos repletos de actividades.
La raíz de esta controversia salarial se encuentra, en realidad, en un miedo de índole penal. Todo comenzó con el caso del IES Ítaca de Zaragoza, donde dos profesores serán juzgados por la Audiencia Nacional por un presunto homicidio por imprudencia profesional grave, tras la muerte de un alumno de 17 años durante un viaje de estudios en Bélgica. El juicio está programado para enero de 2027 y los profesores se enfrentan a una posible pena de 4 años de cárcel. Tras conocerse la acusación, hasta 46 institutos zaragozanos cancelaron viajes en señal de solidaridad. El Gobierno aragonés respondió con una norma transitoria que los institutos siguen rechazando, ya que traslada la responsabilidad de evaluar riesgos a los directores sin la formación ni el respaldo legal adecuados. ANPE Aragón ya había advertido que los docentes asumen "una responsabilidad permanente, las 24 horas del día" sin un marco normativo claro.
La legislación establece que “la promoción, organización y participación en las actividades complementarias, dentro o fuera del recinto educativo, programadas por los centros” es responsabilidad del centro y su claustro de docentes, garantizando “la debida protección y asistencia jurídica, así como la cobertura de la responsabilidad civil, en relación con los hechos que se deriven de su ejercicio profesional”. El problema fundamental es que la normativa sobre excursiones y viajes escolares se encuentra dispersa en varios niveles y resulta insuficiente para la realidad actual. A nivel estatal, la LOE estipula que los profesores deben participar en actividades complementarias y que la Administración debe cubrir su responsabilidad civil, pero no especifica qué sucede en caso de accidentes graves ni cómo se valora la “imprudencia” penal.
El Real Decreto de 1995 define qué se considera actividad complementaria o extraescolar, pero data de hace tres décadas y no aborda la complejidad de los viajes con pernoctación ni la responsabilidad del docente durante las 24 horas. Las comunidades autónomas intentan llenar este vacío con órdenes propias (como la norma transitoria de Aragón) que reconocen funciones de vigilancia y protección del alumnado y prometen cobertura civil, pero sin resolver la sensación de indefensión ante un posible proceso penal ni compensar realmente la dedicación extra que implican estas salidas. El resultado es un mosaico normativo.
La cuestión de si el profesor es un educador o un vigilante se hace patente. Una profesora madrileña relató a El Confidencial cómo, en un viaje a Atenas, ella y su compañera realizaban rondas nocturnas por las habitaciones para evitar que sus alumnos consumieran alcohol, e incluso registraban las mochilas al entrar al hotel. Otro profesor jubilado gallego describe en La Voz de Galicia episodios similares: controles de alcohol en el equipaje, negociaciones con discotecas para "tener controlados" a los grupos, drogas requisadas, etc.
Los destinos internacionales asequibles que se han popularizado entre institutos, como Marruecos, donde paquetes de tres o cuatro días para grupos escolares se ofertan desde tan solo 144 euros por alumno, son los más problemáticos. El Código Penal marroquí establece que los menores de 12 años son penalmente irresponsables y los de 12 a 18 solo parcialmente responsables, por lo que cualquier sanción recae de facto bajo la esfera de la responsabilidad parental. Esto implica que un tutor tendría que viajar para hacerse cargo del menor en caso de problemas. Los propios consulados españoles, como el de Nador, recuerdan que la salida de menores de Marruecos depende de las autoridades migratorias marroquíes y que, en una situación de conflicto legal, la intervención del tutor es prácticamente obligatoria para resolver el estatus del menor.
Cruzar una frontera y gestionar la vida nocturna de decenas de adolescentes sin la supervisión adecuada son precisamente los factores que ANPE Castilla-La Mancha (comunidad donde este tipo de viajes económicos al norte de África son frecuentes en Bachillerato y FP) señala como fuente de "una enorme carga de responsabilidad, sin cobertura legal", especialmente "cuando se desarrollan fuera del país". El sindicato reclama un protocolo de buenas prácticas y menciona expresamente el proceso judicial aragonés como advertencia de lo que puede ocurrir si la situación no cambia.
Este curso comenzó con 45.000 alumnos menos que el año anterior y con reivindicaciones similares en Madrid, Andalucía o la Comunidad Valenciana, donde la Coordinadora d'Assemblees Docents ha anunciado su propia paralización de salidas para 2026-2027. A este panorama de tensiones se suma, aunque por causas distintas, la crisis del transporte escolar en Jaén, donde 1.600 alumnos de 32 municipios se han quedado sin ruta al inicio de curso después de que la patronal del sector rechazara licitaciones que, según denuncia, obligan a "trabajar a pérdidas". En última instancia, es crucial recordar que quienes terminan "pagando" estos problemas son siempre los más vulnerables: los alumnos, especialmente si provienen de familias con escasos recursos y, como evidencia el Informe PISA, de la escuela pública.
