Los conciertos de Shakira en el recinto Iberdrola Music de Madrid han generado un considerable impacto económico, atrayendo a miles de fans. Sin embargo, este éxito contrasta fuertemente con las quejas de los vecinos de Getafe Norte y Villaverde, quienes denuncian problemas de ruido, atascos, contaminación y deficiencias en la gestión del evento, reabriendo el debate sobre la convivencia de grandes espectáculos en zonas urbanas.
Mientras que una economía floreciente se contrapone a las quejas vecinales, y los atascos y la contaminación ambiental se registran, 600.000 fans esperaban con entusiasmo ver a la artista. Cuarenta hectáreas, doce noches y un mismo estadio son el escenario de diversas historias. Getafe Norte ya ha experimentado el corte de accesos, desvío de autobuses y niveles de decibelios por encima del límite legal desde 2023. Madrid, por su parte, destaca un impacto económico de hasta 340 millones de euros y la creación de 11.000 empleos directos. Los conciertos de Shakira están dividiendo la ciudad y, en medio de las mediciones acústicas, muchos ciudadanos que no desean involucrarse se cuestionan por qué deben asumir las consecuencias de este despliegue. Un estadio improvisado para la ocasión.
Hagamos un recuento de los hechos. El recinto, conocido como Iberdrola Music, abarca 185.000 metros cuadrados entre Villaverde y Getafe, y fue presentado como el mayor espacio de música y entretenimiento de Europa. Comenzó a operar en 2023 para albergar el Mad Cool y desde entonces ha encadenado macroeventos. Para Shakira se anticipa una asistencia de hasta 60.000 personas por noche, con un público mayoritariamente español (81%) y un 19% de extranjeros, principalmente franceses, alemanes, británicos e italianos, según la propia promotora.
Un barrio, dos relojes. Cada noche de concierto, la glorieta bajo la M-45 que conecta Villaverde Alto y Getafe se transforma en un punto de congestión. Jesús García, presidente de la Asociación de Vecinos de Getafe Norte, lo resume así: “Estaríamos bloqueados y prácticamente secuestrados” en el barrio. El dispositivo de seguridad cierra el acceso desde Getafe a la M-45 Este y la conexión con la avenida Real de Pinto, además de modificar la línea de autobús 448 para evitar la zona norte. Se mencionan incluso desvíos para llegar al polígono de Marconi, en Villaverde Alto. En eventos anteriores, algunos residentes tardaron más de noventa minutos en regresar a sus hogares. García añade un detalle que a menudo se ignora al hablar de la taquilla: una ambulancia tampoco podría acceder más rápidamente esas noches.
Vibraciones antes del primer acorde. Los ensayos ya generaban ruidos y vibraciones perceptibles en las viviendas cercanas, según la asociación vecinal. La plataforma Stop Festivales Villaverde, que agrupa a la Colonia Marconi y a colectivos de Getafe, va más allá: está considerando presentar una denuncia ante la Fiscalía contra el propietario del terreno y el Ayuntamiento de Madrid, y ha reunido firmas en contra de los macrofestivales cerca de zonas residenciales. Getafe ha estado documentando este problema desde 2023: en julio de 2024 se registraron dieciséis mediciones acústicas por encima del límite legal de 55-58 decibelios.
Drama en Macondo Park. Incluso los propios fans no eluden las quejas: un único acceso para todas las entradas, excepto las VIP, con escasa señalización, provocó colas que varias asistentes describieron como caóticas. Tampoco se realiza revisión de bolsos, algo que algunas usuarias señalan como una falla de seguridad más que como una ventaja. Dentro, las gradas apenas tienen desnivel entre los escalones, por lo que quienes midan menos de metro sesenta harían bien en usar tacones. Y el problema culmina al salir: hasta dos horas para volver a casa, sin cobertura móvil para localizar la estación más cercana, colas de 40 minutos para comida y otras 40 para bebida, y la recomendación, ya viral, de llegar cinco horas antes del concierto si se desea disfrutar completamente de Macondo Park.
Una cuestión política. El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, solicitó el traslado de los conciertos argumentando que el recinto “sigue sin tener las condiciones necesarias”, y acusó a la Comunidad y al Ayuntamiento de Madrid de actuar con desidia. El delegado madrileño de Urbanismo, Borja Carabante, respondió acusándole de “intentar boicotear” la ciudad, y recordó que al otro lado de la M-45 Getafe también celebra sus propios eventos. La alcaldesa de Getafe, la socialista Sara Hernández, defiende el derecho al descanso de sus 32.000 vecinos y asegura haber recibido insultos y amenazas en redes sociales por oponerse al dispositivo. Según su ayuntamiento, muchos residentes acumulan días de teletrabajo o se ausentan de casa las noches de concierto para evitar el ruido.
Los números que nadie discute. Ninguna de las dos administraciones contradice los datos de la otra: Madrid no niega los decibelios registrados en Getafe, y Getafe no cuestiona el impacto económico. Este impacto oscila entre 150 y 200 millones de euros de gasto directo, que con el efecto multiplicador podría alcanzar los 340 millones, según el economista Albert Guivernau. El evento genera empleo directo para 11.000 personas, con un gasto medio de entre 500 y 700 euros por asistente. Renfe ya ha vendido más de 219.000 billetes de alta velocidad con destino a Madrid, y las búsquedas de vuelos y alojamiento han aumentado un 72% y un 75% respectivamente. Para un público de tamaño similar, la residencia de Bad Bunny en Puerto Rico generó entre 379 y 713 millones de dólares: esta comparación explica por qué ningún ayuntamiento desea renunciar a este negocio, aunque sea el municipio vecino quien asuma el coste del ruido en su descanso.
Más allá del ruido. Madrid aprendió de la confrontación vecinal contra los conciertos del Bernabéu en 2024, pero Javier Cuenca, presidente de la asociación vecinal La Incolora de Villaverde Alto, no comparte esta opinión. Él vive a dos kilómetros del recinto y escucha los ensayos con claridad hasta las dos de la madrugada. Sin embargo, su mayor queja es visual: afirma que los focos emiten “un chorro de luz que llega a Marte”, además de los gases de miles de coches y VTC que se desplazan simultáneamente. Cuando la fiesta concluye, queda la basura: latas, vasos y envoltorios de una multitud de 57.000 personas que, además, no deja ni un euro en el comercio local, ya que la organización prohíbe el ingreso con comida o bebida externa. Las multas por exceder los decibelios, de 40.000 euros que se reducen a 20.000 con bonificaciones, resultan insignificantes para un evento que factura decenas de millones y, además, recibe subvenciones públicas.
No es la primera vez ni será la última. El conflicto entre macroconciertos y el vecindario no es exclusivo de Shakira. Este mismo año, una asociación vecinal denunció ante los juzgados que los conciertos de Taylor Swift en el Santiago Bernabéu se celebraron con una licencia de funcionamiento caducada desde 2001. Los vecinos de Getafe Norte insisten en que su protesta no es contra la música, sino contra la construcción de un estadio para 55.000 personas a 300 metros de sus ventanas sin haber resuelto previamente los accesos y el ruido. Mientras las administraciones deciden quién asume el coste de la convivencia, a Getafe Norte solo le queda contar las noches restantes hasta el 11 de octubre.
