Hace veinte años, la propuesta de establecer un Almacén Temporal Centralizado (ATC) para residuos nucleares en Peque, Zamora, generó un intenso debate. A pesar de la promesa de inversión y empleo, los vecinos del municipio se movilizaron masivamente en contra, forzando la retirada del proyecto. Este episodio marcó un precedente en la gestión de residuos radiactivos en España, cuya solución definitiva aún se busca.
Hace dos décadas, se planteó la creación de un Almacén Temporal Centralizado (ATC) en España. Esta instalación industrial tenía como objetivo concentrar en un único lugar el combustible nuclear gastado y los residuos radiactivos de alta actividad de las centrales españolas, con el fin de aislarlos físicamente y mantenerlos bajo vigilancia durante décadas. El proyecto español de 2009-2010 contemplaba un almacenamiento en seco, con el combustible encapsulado y protegido dentro de sistemas de hormigón y acero, además de bóvedas y naves para otros residuos acondicionados. El diseño previsto medía aproximadamente 283 metros de largo, 78 de ancho y 26 de alto, y estaba pensado inicialmente para una vida útil de unos 60 años. Sin embargo, la iniciativa no prosperó.
“Veinte años ya, madre mía…”, comenta María Isabel Prieto, camarera de Peque, un pueblo de la comarca zamorana de La Carballeda. En agosto de 2006, este municipio se convirtió en uno de los focos informativos de España durante varias semanas. Su alcalde, Rafael Lobato, había ofrecido el término municipal al Gobierno para la construcción de dicho almacén de residuos radiactivos. Los vecinos respondieron con un rotundo 'no'.
En agosto de 2006, Lobato contactó con el Ministerio de Industria a principios de mes y puso a su disposición 2.000 hectáreas de terreno comunal. Su argumento se basaba en la despoblación: según él, el pueblo estaba “a punto de morir”, y el proyecto prometía una inversión de 1.000 millones de euros, 300 empleos durante la fase de construcción y 110 puestos de trabajo fijos. Inicialmente, ni la Diputación de Zamora ni la Junta de Castilla y León respaldaron la idea.
Los vecinos se organizaron casi de inmediato, creando la Plataforma Antinuclear de Peque. Greenpeace instó a la población a movilizarse y se recogieron más de 4.000 firmas. A mediados de agosto de 2006, la Plataforma de Vecinos Contra el Cementerio Nuclear de Peque envió una carta al alcalde del PP, solicitando una reunión para debatir la medida. Pasó un mes sin obtener respuesta.
Años antes, este pastor sostiene que en 2004 se negó a participar en una supuesta “caja B” vinculada a obras públicas y, tras enfrentarse también a intereses locales por el uso de terrenos comunales, quedó enfrentado al poder político del municipio. En cualquier caso, las manifestaciones se sucedieron durante todo el mes. Tras el silencio oficial, se repartieron lazos negros por el pueblo y se colocaron banderas negras y pancartas en balcones y ventanas. Se convocó un entierro simbólico de la comarca para el fin de semana de luto, al que asistieron unas 6.000 personas en un pueblo de 122 habitantes. Incluso los niños portaban pequeños ataúdes, no simbólicamente.
La presión llegó a tal punto que el propio Lobato quedó encerrado dentro del ayuntamiento, un episodio que él mismo describió como un “secuestro”. “Aquí vino todo el mundo a protestar y a dar apoyo”, recuerda hoy el vecino Antonio Lobo. “Se puso la cosa caliente”, resume Prieto. En aquel entonces, Peque tenía 166 vecinos censados, aunque la cifra se multiplicaba en verano. Hoy cuenta con 111 censados.
El Ayuntamiento renunció el 13 de septiembre de 2006, apenas 40 días después del ofrecimiento. Lobato admitió posteriormente que buscaba “evitar otro Puerto Hurraco”, en referencia al crimen múltiple de 1990 en la vecina Extremadura. También lamentó que los problemas de fondo del pueblo (carreteras en mal estado, calles sin asfaltar, un municipio señalado como «punto rojo» en el reparto de subvenciones) seguían sin resolverse. En 2007, hubo elecciones municipales y Lobato cedió la alcaldía. El exalcalde incluso sufriría un intento de asesinato.
Tras abandonar la alcaldía, comenzó una década de pleitos por cuestiones como el cierre de un camino que daba acceso a su explotación de más de 700 ovejas y unas tasas ganaderas que los tribunales acabaron anulando, mientras él denunciaba que la administración local utilizaba su posición para asfixiarle. En 2016, según su relato, fue agredido en el monte por dos personas y sufrió un coágulo cerebral.
El resto de España tardó más en encontrar una ubicación para el almacén. El proyecto que Peque rechazó en poco más de un mes buscó otro destino. En diciembre de 2011, el Gobierno designó Villar de Cañas (Cuenca) como sede del Almacén Temporal Centralizado, un proyecto que quedó paralizado desde 2018 entre litigios y cambios políticos. En noviembre de 2022, el Ejecutivo optó, en su lugar, por siete almacenes individuales junto a las propias centrales nucleares. La renuncia al ATC se hizo irreversible en diciembre de 2023, cuando el Consejo de Ministros aprobó el Séptimo Plan General de Residuos Radiactivos y descartó definitivamente el ATC, con un calendario de cierre nuclear entre 2027 y 2035. Recientemente, el Gobierno ha prorrogado la licencia de Almaraz hasta junio de 2030, la primera central que debía cerrar y que aguantará dos años y medio más de lo previsto.
El destino final de los residuos nucleares de España sigue sin un cementerio único. Es difícil elegir la ubicación debido a que el combustible que sale de un reactor sigue siendo extremadamente radiactivo y genera calor durante mucho tiempo. Por ello, la solución definitiva que contempla la planificación española es un almacenamiento geológico profundo, enterrando los residuos a gran profundidad en formaciones geológicas estables y utilizando varias barreras sucesivas. En Peque, los vecinos están tranquilos con la certeza de que incluso el propio Estado les dio la razón, 16 años más tarde.
