Grecia ha presentado a la Unión Europea una propuesta para crear una "European Spectrum Union", buscando aprovechar parte de los ingresos generados por las futuras asignaciones de frecuencias 6G. El objetivo es financiar inversión tecnológica y aliviar la presión sobre el presupuesto de la UE, con una escala inicial estimada entre 12.000 y 15.000 millones de euros. Esta iniciativa surge mientras Europa busca nuevas fuentes de financiación para su próximo Marco Financiero Plurianual.
Cuando se piensa en el 6G, es común imaginar mayores velocidades, nuevas redes y dispositivos que aún tardarán años en materializarse. Sin embargo, una parte crucial de esta transición comienza mucho antes de que la tecnología sea visible en nuestros aparatos. Para implementar estas redes, se requerirán frecuencias específicas del espectro radioeléctrico, y la decisión sobre quién puede utilizarlas también implica un movimiento significativo de dinero. Esta intersección entre tecnología y financiación ha culminado en una propuesta concreta en Europa: cómo gestionar el valor económico de las frecuencias destinadas a una generación móvil que aún no ha sido lanzada comercialmente. Grecia ha puesto una idea sobre la mesa.
La propuesta del Gobierno griego a los demás socios comunitarios consiste en establecer una "European Spectrum Union" y utilizar una porción de los ingresos derivados de las futuras asignaciones nacionales vinculadas al 6G. Estos fondos se destinarían a financiar la inversión tecnológica y a mitigar la presión sobre el presupuesto de la UE. El planteamiento, desarrollado por Kyriakos Pierrakakis, presidente del Eurogrupo y ministro griego de Finanzas, contempla una escala inicial de entre 12.000 y 15.000 millones de euros.
La clave reside en diferenciar la red de las frecuencias necesarias para su operación. Al igual que con las generaciones móviles previas, el 6G demandará espacio dentro del espectro radioeléctrico, un recurso limitado cuya utilización es gestionada por los Estados dentro del marco europeo. Las autoridades nacionales conceden derechos de uso a los operadores sobre este espectro. Estos derechos pueden tener un precio y adjudicarse, por ejemplo, mediante subastas, lo que permite generar ingresos públicos. Lo interesante de este escenario es que una tecnología que aún no tiene un despliegue comercial puede empezar a generar consecuencias económicas mucho antes de llegar a los dispositivos de los usuarios.
Europa necesita nuevas fuentes de financiación. Para comprender la aparición de una iniciativa de este tipo en este momento, es fundamental considerar el próximo presupuesto comunitario. La Comisión ha propuesto un Marco Financiero Plurianual de casi 2 billones de euros para el período 2028-2034, con el objetivo de mantener las políticas actuales y, al mismo tiempo, abordar nuevas necesidades en competitividad, innovación, defensa y seguridad. El desafío no es solo decidir en qué gastar, sino también cómo financiar estas prioridades, reduciendo la dependencia de las contribuciones nacionales. De ahí la búsqueda de nuevos recursos propios, un debate en el que los futuros ingresos asociados a estas frecuencias podrían convertirse en un elemento clave.
Grecia ya implementó una medida similar. La idea no surge completamente de la nada. En 2020, el país destinó el 25% de los ingresos públicos obtenidos de la adjudicación de derechos de frecuencias 5G a financiar el Phaistos Fund, un fondo diseñado para invertir en empresas y aplicaciones vinculadas a esa tecnología. Pierrakakis ahora utiliza esa experiencia como referencia, pero la aplicación de un modelo similar a toda la UE introduce un nivel adicional de complejidad. Sería necesario coordinar calendarios y condiciones entre los mercados nacionales, determinar qué parte de los ingresos tendría un destino común y, crucialmente, lograr el consenso de los 27 Estados miembros para avanzar en esta dirección.
El 6G comienza antes de su llegada. Aún faltan años para que estas redes se integren en nuestra vida diaria, pero su impacto ya se percibe en las decisiones que se toman hoy. La propuesta griega no garantiza ingresos, y mucho menos los 15.000 millones de euros, pero sí introduce una posibilidad con potencial: utilizar el valor económico del espectro para fines que van más allá de la mera organización del despliegue de nuevas redes.
