En la República Dominicana, las armas de fuego retiradas de la circulación siguen diversos caminos según la legislación vigente. Algunas son almacenadas y luego destruidas, otras permanecen ligadas a procesos judiciales, e incluso pueden ser reasignadas para seguridad en entidades estatales bajo criterios específicos. La Ley 631-16 regula estos procedimientos, estableciendo que no todas las armas incautadas terminan en destrucción.
La normativa legal dominicana establece distintos destinos para las armas de fuego que son retiradas de uso. Mientras algunas son trasladadas a depósitos oficiales para su posterior eliminación, otras permanecen asociadas a procesos judiciales e incluso pueden ser destinadas a labores de seguridad en instituciones del Estado, bajo requisitos específicos. La Ley 631-16, que aborda el Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Afines, detalla los pasos para el envío, resguardo y eliminación del armamento confiscado.
No obstante, la destrucción no es la única opción, por lo que las armas obtenidas en operativos policiales no siempre finalizan en las instalaciones de Metaldom. El artículo 91 de esta normativa indica que las armas catalogadas como de guerra deben ser enviadas a la Intendencia General de Material Bélico de las Fuerzas Armadas, mientras que las de uso civil, reguladas por la ley, deben ir al depósito del Ministerio de Interior y Policía (MIP) si su destrucción o confiscación no ha sido explícitamente ordenada.
En este contexto, la Resolución MIP-RR-0008-2021 estipula que la Comisión Interinstitucional para la Destrucción de Armas de Fuego, compuesta por Interior y Policía, el Ministerio de Defensa y la Procuraduría General de la República, debe elaborar un protocolo para su eliminación. La diferencia entre un arma incautada y una decomisada radica en que la primera puede estar retenida como parte de una investigación o trámite administrativo, mientras que el decomiso definitivo, conforme a la resolución MIP-RR-0006-2021, exige una sentencia con carácter de cosa juzgada. Esto implica que la retención de un arma durante un operativo no conlleva automáticamente su eliminación ni que pase a ser propiedad permanente del Estado.
En septiembre de 2025, el Ministerio de Interior y Policía explicó que, una vez finalizado el procedimiento correspondiente impulsado por el Ministerio Público, las armas decomisadas se remiten a esa institución para su custodia o destrucción, según sea el caso.
Una de las fases del proceso se lleva a cabo mediante jornadas de eliminación de armamento coordinadas por Interior y Policía, con el respaldo de Metaldom y la supervisión de la Comisión Interinstitucional para la Destrucción de Armas de Fuego. El 2 de diciembre de 2025, las autoridades anunciaron la eliminación de 3,945 armas y componentes relacionados, lo que incluía pistolas, revólveres, escopetas, fusiles, armas de fabricación artesanal, piezas y cargadores. Esto se debe a un acuerdo entre el Estado dominicano, a través de la Comisión Interinstitucional para la Destrucción de Armas de Fuego, y la empresa Gerdau Metaldom para la eliminación de armas de fuego confiscadas, excedentes de inventario u obsoletas, firmado en 2020.
El propósito principal del convenio es asegurar la adecuada eliminación de estas armas, garantizar que no puedan ser utilizadas nuevamente y que durante este proceso no se ponga en riesgo al personal involucrado, a la población en general ni al medioambiente. La normativa exige, además, que antes de la eliminación se registren las características físicas que permitan identificar cada arma, junto con la información de sus propietarios o poseedores.
Más allá de los procedimientos de eliminación, la normativa dominicana contempla que ciertas armas bajo custodia estatal puedan ser reasignadas a funciones oficiales. La Resolución MIP-RR-0006-2021, emitida por Interior y Policía, establece un procedimiento para destinar armas de sus depósitos a militares y policías asignados para proveer seguridad en instituciones públicas.
La disposición abarca armas decomisadas de forma permanente, entregadas voluntariamente y otras que se incorporan al inventario estatal bajo las condiciones establecidas en la resolución. Para llevar a cabo estas asignaciones, el personal beneficiario debe pertenecer a un cuerpo policial o militar, estar designado para tareas de seguridad y no poseer un arma de reglamento. La institución que realiza la solicitud debe presentar la documentación pertinente, mientras que Interior y Policía debe verificar la disponibilidad del armamento y emitir la autorización correspondiente. Las armas asignadas deben utilizarse exclusivamente en las funciones de seguridad autorizadas y ser devueltas cuando el servicio del beneficiario cese, a menos que se gestione una nueva asignación.
Otro destino contemplado en la legislación es el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF). El artículo 93 de la Ley 631-16 establece que, antes de destruir el armamento, el Ministerio de Interior y Policía debe disponer de un ejemplar por cada marca, modelo y calibre para la conformación de una colección de referencia científica. Este mecanismo permite preservar ejemplares destinados a apoyar investigaciones criminales, incluidas las relacionadas con el análisis e identificación de armas de fuego.
Los expedientes judiciales también influyen en el destino del armamento. Las armas retenidas como evidencia en investigaciones criminales deben mantenerse sujetas a los procedimientos correspondientes hasta que las autoridades competentes determinen su estatus legal. Un ejemplo ocurrió en febrero de 2025, cuando la Fiscalía de Santo Domingo Oeste entregó 94 armas de fuego al Ministerio de Interior y Policía, incluyendo seis armas de guerra. La entrega también incluyó 17,000 municiones ingresadas de contrabando por el puerto de Haina. Según la información oficial, las armas estaban vinculadas a casos judiciales concluidos y fueron remitidas para continuar el procedimiento de decomiso. Esto demuestra que el traslado del armamento puede ocurrir después de que finalice el proceso judicial, y no necesariamente en el momento de su incautación.
Las cifras oficiales evidencian el volumen de armamento que las autoridades dominicanas retiran de circulación a través de operativos policiales, allanamientos, controles de licencias e investigaciones ligadas a actividades delictivas. De acuerdo con un informe de la Fuerza de Tarea Conjunta, difundido por la Presidencia de la República el 13 de enero de 2025, durante 2024 se retuvieron 6,397 armas de fuego, además de 45,133 armas blancas. Para septiembre de 2025, la Policía Nacional informó que había recuperado 5,700 armas de fuego durante ese año. De estas, 3,958 fueron clasificadas como ilegales, 364 tenían licencias caducadas y 1,228 estaban asociadas a investigaciones judiciales. En cuanto a 2026, un reporte oficial de criminalidad de la Policía Nacional, fechado el 13 de noviembre, registró 345 armas en su módulo correspondiente a noviembre. De ese grupo, 235 eran ilegales, 77 estaban bajo investigación a pesar de contar con documentación legal, 25 tenían licencias vencidas y ocho figuraban como robadas.