Entre enero de 2023 y junio de 2026, los tribunales dominicanos emitieron 8,045 sentencias contra instituciones públicas. La Junta Central Electoral lidera esta lista con un volumen significativo de casos, seguida por la Dirección General de Impuestos Internos. Este análisis revela las entidades más recurrentes en litigios judiciales, destacando la diversidad de las causas que originan estos procesos.
Entre enero de dos mil veintitrés y junio de dos mil veintiséis, los juzgados de la República Dominicana registraron un total de 8,045 decisiones judiciales favorables o de condena en procedimientos donde organismos públicos fueron la parte demandada. La Junta Central Electoral ocupa el primer lugar en esta lista con 4,525 expedientes, seguida por la Dirección General de Impuestos Internos, que acumuló 1,184. La Dirección General de Aduanas se posiciona con 391, el Ministerio de Educación con 315, y el Ministerio de Medio Ambiente con 139. La cantidad de procesos no indica que todas las organizaciones sean llevadas a los estrados judiciales por idénticas razones. En ciertos casos, prevalecen las disputas relacionadas con el Registro Civil y documentos de identificación; en otros, las controversias fiscales, administrativas o vinculadas a las competencias específicas de cada dependencia. Por lo tanto, al analizar este listado, es fundamental considerar la naturaleza de los procedimientos que enfrentan las distintas instituciones.
La Junta Central Electoral domina ampliamente el listado al acumular 4,525 sentencias, lo que representa más de la mitad de los registros identificados en esta clasificación. Esta cifra la sitúa muy por encima de la DGII, que ocupa la segunda posición con 1,184. En los litigios vinculados a la JCE, con frecuencia surgen temas del Registro Civil, tales como la anulación de actas de nacimiento, impugnaciones de filiación, duplicidad de documentos de identidad, correcciones y otros trámites relacionados con la identidad y el estado civil de las personas. Por ejemplo, en primera instancia, los registros muestran 941 procesos de anulación de actas de nacimiento, 498 de impugnación de filiación paterna, 489 demandas de nulidad y 403 expedientes relacionados con la duplicidad de actas de nacimiento. Esto explica una parte considerable del volumen de procedimientos que ubica a la JCE en la primera posición de la relación.
La Dirección General de Impuestos Internos se sitúa en el segundo puesto, con 1,184 sentencias. En esta situación, la mayoría de los procedimientos se relaciona con disputas de índole tributaria. Los registros del Poder Judicial identifican 1,184 recursos contenciosos tributarios dentro del período analizado. Se trata de procesos en los que los contribuyentes cuestionan las decisiones de la administración fiscal y llevan estas controversias ante los tribunales.
La Dirección General de Aduanas ocupa el tercer lugar con 391 sentencias, mientras que el Ministerio de Educación registra 315. Posteriormente, aparecen Medio Ambiente, con 139; el Estado dominicano y Relaciones Exteriores, con 133 cada uno; la Presidencia de la República, con 92; Migración, con 90, y Obras Públicas, con 89. La lista continúa con Interior y Policía, con 88; Bienes Nacionales, con 78; Defensa, con 73; el Servicio Nacional de Salud, con 72; Pasaportes, con 69; Salud Pública, con 65; la Superintendencia de Electricidad, con 62, y Hacienda, con 61.
Los 8,045 procedimientos judiciales abarcan diversas categorías de asuntos legales. Los registros identifican 1,184 recursos contenciosos tributarios, 1,047 recursos contenciosos administrativos, 303 casos de casación con reenvío, 155 acciones de amparo y 38 demandas de justiprecio, además de ejecuciones de sentencias, medidas cautelares, recursos de apelación y otros procedimientos. Por esta razón, la frecuente aparición de una institución en los registros no implica necesariamente que todas esas decisiones conlleven una compensación económica. Existen procesos en los que se busca el reconocimiento de un derecho, se impugna una actuación administrativa, se solicita la corrección de un documento o se procura la ejecución de una resolución judicial. Las entidades con más demandas no son forzosamente las que afrontan los mayores pagos económicos. La clasificación también se modifica al considerar el aspecto financiero.
La Junta Central Electoral, que lidera con creces el número de sentencias con 4,525 casos, no figura entre las instituciones que concentran los mayores desembolsos por decisiones judiciales. Por el contrario, Bienes Nacionales, con 78 sentencias en este lapso, se encuentra entre las entidades que han tenido que efectuar algunos de los pagos más elevados, principalmente por procedimientos relacionados con expropiaciones y justiprecios. Los registros de pagos incluyen condenas de RD$1,030 millones, RD$379 millones, RD$275 millones y RD$236 millones, entre otras cifras significativas. También aparece el Ministerio de Hacienda, que registra 61 sentencias en el período, pero en los historiales figura un pago de RD$1,500 millones por una decisión relacionada con una expropiación. La comparación demuestra claramente que tener más sentencias no equivale necesariamente a representar la mayor carga económica para el Estado.
Los tribunales registraron 2,065 sentencias en 2023, 2,469 en 2024, 2,372 en 2025 y 1,139 entre enero y junio de 2026. Del total, 4,791 corresponden a juzgados de primera instancia y equivalentes, mientras que 3,234 fueron registradas en cortes de apelación y equivalentes. Estos datos son preliminares y corresponden a los casos identificables en las bases de datos del Poder Judicial. En última instancia, la clasificación permite identificar cuáles son las instituciones que más a menudo figuran como parte demandada, pero el número debe interpretarse junto con el tipo de proceso que enfrenta cada una. La JCE encabeza por cantidad, la DGII le sigue con procesos principalmente tributarios y, a partir de ahí, aparecen instituciones vinculadas a funciones tan diversas como Aduanas, Educación, Medio Ambiente, Migración, Obras Públicas y Bienes Nacionales. Son 8,045 sentencias, pero no todas tienen el mismo origen ni representan el mismo impacto para las finanzas públicas.
