Mientras los esfuerzos de rescate continúan tras el doble sismo que azotó Venezuela, una nueva problemática emerge: una ola de robos y saqueos en las áreas más afectadas, particularmente en La Guaira. Comercios y residencias han sido blanco de estos actos en medio del caos, generando indignación y preocupación entre la población. Las autoridades han desplegado militares y restringido el acceso para intentar contener la situación.
En La Guaira, Venezuela, mientras los equipos de salvamento persisten en la búsqueda de supervivientes entre los restos dejados por el devastador doble terremoto que sacudió al país, otra adversidad afecta a las comunidades damnificadas: una oleada de hurtos y pillajes en las zonas más golpeadas, especialmente en el estado costero de La Guaira. Las quejas de comerciantes y residentes se han multiplicado en las últimas horas.
Tiendas, hogares y centros de salud han sido despojados en medio del desorden provocado por los movimientos telúricos, que, según el informe oficial, han causado al menos 1,450 muertes y decenas de miles de personas desaparecidas. Grabaciones difundidas en plataformas digitales muestran a grupos de individuos llevándose aparatos electrónicos y productos de establecimientos derrumbados, mientras otras imágenes exhiben cajas siendo transportadas en motocicletas y vehículos particulares. También circulan acusaciones que señalan presuntos excesos cometidos por algunos miembros de las fuerzas de seguridad, quienes habrían entrado en domicilios con el pretexto de realizar inspecciones.
Entre los negocios afectados se encuentra una sede de una conocida cadena de farmacias, además de supermercados y pequeñas tiendas que quedaron completamente desprovistas de sus mercancías. María Esther Bernal, de 71 años, narró que los locales comerciales que arrendaba a comerciantes de origen chino fueron completamente saqueados. “No dejaron ni el papel de las paredes. Se llevaron hasta los cables”, expresó con enojo. La señora afirmó que, incluso, algunas personas continuaban saqueando mientras aún había víctimas mortales bajo los escombros.
La ciudadanía también ha manifestado su descontento por la respuesta de las autoridades, al considerar insuficientes las labores de salvamento, la distribución de alimentos, agua y medicinas, así como las medidas para garantizar la seguridad en las áreas impactadas. Frente a esta situación, el Gobierno venezolano envió efectivos militares a La Guaira y limitó el acceso al estado mediante un sistema de salvoconductos gestionados por las autoridades castrenses.
Los robos no se restringieron a los comercios. Numerosos habitantes denunciaron que sus residencias fueron desvalijadas mientras intentaban rescatar a parientes o permanecían fuera de sus hogares tras los sismos. “Nos sustrajeron todo: la indumentaria, el calzado, las cacerolas, los vasos… aquí no quedó nada”, relató Zulay de Carvajal, de 72 años. Su hijo, Gregory Carvajal, aseguró que mientras colaboraban en el rescate de afectados, individuos aprovechaban el caos para ingresar a las propiedades y llevarse bienes. “Nosotros estábamos sacando personas fallecidas y, al mismo tiempo, había gente saqueando y llevándose todo”, lamentó.
De igual manera, vecinos reportaron intentos de robo de vehículos, extracción de combustible de automóviles atrapados entre los escombros y personas que se hacían pasar por bomberos para acceder a domicilios. Uno de los videos más divulgados muestra a un ciudadano expulsando de su vivienda a un militar y otro funcionario, a quienes acusó de revisar sus pertenencias sin permiso. Los uniformados respondieron que únicamente verificaban si había personas atrapadas en el inmueble.
Para los defensores de los derechos humanos, estos sucesos rememoran lo acontecido durante el deslave que asoló La Guaira en 1999, una calamidad que dejó más de 10,000 fallecidos. El excoordinador de la organización Provea, Marino Alvarado, indicó que en escenarios de catástrofe suelen repetirse tres fenómenos: el incremento de la delincuencia, denuncias por abuso policial y la presunta participación de algunos funcionarios en actos de saqueo.
A pesar de la adversidad, también han surgido iniciativas de apoyo mutuo. Después de que una sucursal de la cadena Farmatodo fuera saqueada, la compañía, junto con miembros de la comunidad, limpió el establecimiento y lo convirtió temporalmente en un centro de atención primaria para asistir a los damnificados.
