El Ministerio Público ha presentado una solicitud de medida de coerción ante el Tribunal de Atención Permanente de Santiago contra los individuos arrestados en la Operación XL526. Esta investigación se centra en una presunta red delictiva dedicada a la estafa, extorsión y lavado de dinero, con víctimas principalmente en Estados Unidos. La acción judicial busca asegurar la comparecencia de los implicados mientras se desarrolla el proceso legal.
La Fiscalía ha entregado al Tribunal de Atención Permanente de Santiago el requerimiento de medida de coerción contra los arrestados en la Operación XL526. A través de esta operación, se investiga una supuesta organización criminal implicada en fraudes, coacciones y blanqueo de capitales, que afectó a personas en Estados Unidos. Entre los señalados como posibles líderes de la estructura se encuentran Carlos José Parra Languar, Eliardo Peña Almonte, Renso Darío González Almonte, Josiel Pichardo Cabrera y Walinton Sosa Almonte. Otros acusados, identificados como miembros operativos de la red, también fueron incluidos.
Abogados de varios de los acusados manifestaron este jueves que aún no han sido notificados formalmente de la solicitud de medida de coerción ni han tenido la posibilidad de acceder plenamente a sus representados para preparar su defensa. Kilvio González, defensor de Danny Rafael Languar Ferreira, afirmó que su cliente es ingeniero civil y desmintió cualquier conexión con la estructura criminal bajo investigación. “Nosotros tenemos la convicción de que en el momento oportuno demostraremos que no tiene absolutamente ninguna relación con esta situación”, puntualizó.
El letrado señaló que, según la información que poseen, el Ministerio Público estaría pidiendo prisión preventiva para al menos 11 de los 20 detenidos, aunque aclaró que esta versión no ha sido confirmada de manera oficial.
González argumentó que la solicitud de coerción habría sido depositada durante la madrugada y que el proceso de organización y verificación de pruebas ha demorado la notificación a las defensas. Además, indicó que no ha podido reunirse adecuadamente con su cliente debido a restricciones en el centro de detención. Por su parte, el abogado José Reynoso García denunció supuestas infracciones al debido proceso y a los derechos fundamentales de los acusados desde el inicio de los arrestos. Según su explicación, los detenidos fueron trasladados por diversos centros de reclusión antes de ser llevados a Rafey, una situación que, a su juicio, ha dificultado el trabajo de los abogados defensores. Reynoso también criticó que las defensas aún no dispongan de acceso total al expediente acusatorio, a pesar de que la solicitud de medida de coerción ya fue presentada ante el tribunal.
Según las averiguaciones del Ministerio Público, la organización criminal operaba desde el distrito municipal de Jacagua, en Santiago, y empleaba herramientas tecnológicas, amenazas y la simulación de pertenecer a carteles del narcotráfico para extorsionar a víctimas que residen en Estados Unidos. La Operación XL526 fue ejecutada mediante allanamientos realizados en Santiago y Puerto Plata, donde fueron arrestadas 20 personas vinculadas a la presunta red. Se anticipa que en las próximas horas el Tribunal de Atención Permanente de Santiago establecerá la audiencia para evaluar la solicitud de medida de coerción contra los imputados.