El TJUE considera que Gemini podría infringir derechos de editores al reutilizar noticias, abriendo la puerta a posibles reclamaciones

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El abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha emitido una conclusión no vinculante que sugiere que Google Gemini podría estar vulnerando los derechos de los editores al generar respuestas a partir de sus publicaciones. Esta interpretación, aunque provisional, representa un revés para Google y podría sentar un precedente para futuras reclamaciones económicas por parte de los medios de comunicación. La disputa se originó en Hungría, donde una empresa editora denunció el uso no autorizado de sus contenidos.

Una noticia puede alcanzar a millones de personas sin que todas visiten el medio que la publicó. Durante años, los buscadores han funcionado como intermediarios entre los productores de información y quienes la buscan, generando un flujo de visitas crucial para la sostenibilidad de la prensa digital. Sin embargo, la inteligencia artificial ha transformado este escenario: los usuarios ahora pueden obtener respuestas directamente, sin la necesidad de acceder a las fuentes originales. Si bien esto puede ser conveniente para el lector, para los medios plantea una profunda interrogante sobre el valor de sus contenidos y la remuneración de su labor. Esta tensión ha llegado a la justicia europea.

Este martes, 3 de noviembre, el abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), Maciej Szpunar, concluyó que Gemini podría infringir los derechos de los editores cuando recupera y reutiliza sus publicaciones para generar respuestas bajo ciertas circunstancias. Su interpretación representa un contratiempo para Google y abre una posible vía para futuras reclamaciones económicas por parte de los medios. No obstante, es crucial señalar que se trata de conclusiones no vinculantes, por lo que el tribunal aún debe emitir su sentencia.

Para comprender el origen de esta disputa, debemos situarnos en Hungría. Allí, Like Company, una empresa que gestiona varios portales informativos, inició acciones legales contra Google, alegando que Gemini utilizaba sus publicaciones sin autorización para elaborar respuestas. El expediente judicial incluye un ejemplo específico relacionado con una noticia sobre Kozsó, un cantante húngaro que planeaba instalar un acuario con delfines junto al lago Balatón. El asistente generó un resumen detallado a petición de un usuario, lo que llevó a la editora a cuestionar el uso de sus contenidos. Ante las dudas sobre la legislación aplicable, un tribunal húngaro decidió consultar al TJUE.

No todas las respuestas de una inteligencia artificial basadas en noticias constituyen una infracción. La legislación europea distingue entre los hechos narrados en un artículo y su forma concreta de expresión, que sí puede estar protegida. Según el abogado general, Gemini podría vulnerar los derechos de los editores cuando reproduce de forma reconocible sus publicaciones o accede a ellas eludiendo medidas técnicas de protección eficaces. El entrenamiento de modelos, en cambio, puede acogerse a las excepciones de minería de textos y datos bajo ciertas condiciones, aunque Szpunar sugiere no admitir las preguntas sobre este asunto porque no hay pruebas de que los artículos de Like Company se usaran para entrenar Gemini.

Es evidente que los medios de comunicación también se juegan una parte importante de su modelo de negocio en esta transformación. Las visitas a sus páginas permiten mostrar anuncios, generar impresiones publicitarias y, en algunos casos, captar suscriptores. Pero cuando un usuario obtiene una respuesta directamente de Gemini o encuentra un resumen de AI Overviews en el buscador, ese recorrido hasta el artículo original puede no producirse, reduciendo las oportunidades de obtener ingresos por el trabajo periodístico. Algunas plataformas de inteligencia artificial cobran suscripciones y mantienen acuerdos comerciales con ciertos editores, pero esto no implica que todas las publicaciones reciban compensaciones por el uso de sus contenidos.

Esto no es solo una preocupación del sector. El Pew Research Center observó en 2025 que, entre los usuarios estadounidenses analizados, el 8% de las visitas a páginas de resultados de Google con resúmenes de IA resultaron en un clic en los enlaces tradicionales, frente al 15% cuando estos no aparecían. Además, el Reuters Institute recopila datos de Chartbeat que reflejan una caída global del 33% en el tráfico orgánico procedente del buscador hacia más de 2.500 sitios web entre noviembre de 2024 y noviembre de 2025, aunque no atribuye toda esa pérdida a la IA. Europa ya había intervenido en este ámbito: Francia multó a Google con 250 millones de euros en 2024 por incumplir compromisos relacionados con los derechos de los editores, incluyendo algunos vinculados al uso de contenidos en Bard, el predecesor de Gemini.

Ahora, como explica el propio TJUE en su comunicado oficial, la última palabra sobre la interpretación de la legislación europea la tendrán sus jueces, quienes deberán pronunciarse sobre las cuestiones planteadas desde Hungría. Su decisión será vinculante, pero corresponderá al tribunal nacional resolver el litigio concreto y determinar si existe una infracción y qué consecuencias tendría, incluidas posibles compensaciones económicas.