Una investigación de The Associated Press ha descubierto que, a pesar de las protecciones legales implementadas, decenas de niños han sido nuevamente separados de sus familias durante el segundo mandato de Donald Trump. Esta situación, que evoca la polémica política de 2018, ha generado preocupación y reabierto el debate sobre los derechos de los migrantes, con casos como el de Ederson Galicia Alva, quien sufrió una segunda separación de su madre.
Ocho años después de que la política de dividir familias en la frontera estadounidense generara indignación global, un estudio de The Associated Press (AP) ha revelado que decenas de menores han sido nuevamente apartados de sus progenitores durante el segundo período presidencial de Donald Trump. Esto ocurre a pesar de las salvaguardas legales creadas para evitar que tales circunstancias se repitan. Un ejemplo de esto es el de Ederson Galicia Alva, un niño guatemalteco de 11 años, a quien separaron de su madre inicialmente en 2018, cuando apenas tenía tres años y ambos cruzaban el límite entre México y Estados Unidos. Después de varios meses de separación y una contienda legal, lograron reunirse y reconstruir sus vidas en Florida. Sin embargo, en junio del año pasado, la historia se repitió cuando agentes migratorios detuvieron a su madre mientras se dirigía a su trabajo, lo que causó una nueva división familiar.
Según la AP, la progenitora del menor, Mirsy Maricela Alva López, fue trasladada por diversos centros de detención antes de ser deportada a Guatemala. Una semana más tarde, sus hijos también fueron enviados al país centroamericano, donde permanecieron casi un año hasta que un juez federal determinó que la acción gubernamental había sido ilegal y ordenó su retorno a Estados Unidos.
La investigación apunta que, aunque la estrategia actual difiere de la ejecutada en 2018, el desenlace para muchas familias ha sido similar. En lugar de separar a padres e hijos en la frontera, las nuevas detenciones y deportaciones dentro del territorio estadounidense han forzado a muchos padres a elegir entre dejar a sus hijos en Estados Unidos o llevarlos consigo a sus naciones de origen.
Abogados de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) denunciaron que varias de las familias afectadas forman parte del colectivo protegido por el acuerdo judicial que puso fin a la política de separación familiar durante el primer mandato de Trump. La organización afirma que algunos padres fueron detenidos o deportados a pesar de contar con protecciones legales que debían impedirlo. “Estos niños ya han sufrido bastante como para volver a traumatizarlos”, aseguró Lee Gelernt, el abogado principal de la ACLU en el caso que llevó a la suspensión de las separaciones familiares en 2018. Según la investigación, más de 11,800 personas integran el grupo de familias perjudicadas por la política original de separación. Defensores de los derechos humanos advierten que muchas siguen viviendo con temor ante la posibilidad de nuevas detenciones o deportaciones.
Mientras tanto, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) sostiene que cumple con las órdenes judiciales vigentes y defiende la aplicación de las leyes migratorias como parte de la política de deportaciones masivas impulsada por la administración Trump.
