El director de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho, afirmó que el caso Camaleón avanzó a juicio de fondo en un tiempo récord, tan solo seis meses después de presentada la acusación, atribuyendo esta agilidad a recientes reformas del Código Procesal Penal. Asimismo, defendió la solidez del expediente, a pesar de que el tribunal decidió excluir el cargo de terrorismo, asegurando que los elementos clave de la acusación se mantienen intactos.
El procurador adjunto y director general de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho, declaró este jueves que el proceso judicial conocido como caso Camaleón fue remitido a juicio de fondo en solo seis meses desde la presentación de la acusación. Este rápido avance fue atribuido por Camacho a las recientes modificaciones implementadas en el Código Procesal Penal. Paralelamente, el funcionario defendió la fortaleza del expediente, aun cuando el tribunal decidió no incluir el cargo de terrorismo.
“Esta es la primera acusación que se examina bajo la nueva configuración del Código Procesal Penal. Como pueden observar, desde el momento en que se presentó la acusación hasta hoy, apenas han transcurrido medio año”, explicó al finalizar la audiencia. Al referirse a la determinación judicial, Camacho enfatizó que este es el primer procedimiento tramitado conforme a las nuevas disposiciones legales. “El hecho de que este caso vaya a juicio demuestra la velocidad con la que pueden desarrollarse los procesos penales a partir de la reforma”, sostuvo.
Según el representante del Ministerio Público, el envío del caso a la fase de juicio evidencia una mayor eficiencia en el sistema de justicia penal. En cuanto a la decisión del tribunal de descartar la figura delictiva de terrorismo, Camacho garantizó que la acusación del Ministerio Público conserva su integridad y que el aspecto excluido podrá ser debatido durante el juicio de fondo.
“El tribunal desestimó la tipificación penal de terrorismo basándose en su interpretación de que no se cumple la parte subjetiva de dicho delito, pero mantuvo la acusación por sabotaje, lo que permite conservar la parte objetiva de la infracción”, detalló. Agregó que la exclusión de esa imputación no significa un retroceso para la acusación. “Esto es algo que puede resolverse perfectamente en el juicio, en la medida en que el Ministerio Público demuestre la veracidad de la conducta y podamos solicitar en la instancia de juicio que el tribunal cambie la calificación”, indicó.
Camacho recalcó que los componentes esenciales del expediente siguen vigentes. “Esto no representa un inconveniente para el Ministerio Público. Los hechos persisten, las evidencias se mantienen y el tribunal retuvo el delito de sabotaje”, manifestó. Incluso, comparó la resolución con la preservación de la mayor parte de la acusación inicial. “Es como decir que el tribunal conservó el 90% del tipo penal; el resto lo podemos probar y solucionar en el juicio a medida que se presenten las pruebas”, afirmó.
El director de Persecución también subrayó que el tribunal mantuvo la acusación por lavado de activos, una de las imputaciones más serias contenidas en el expediente. “La clasificación jurídica que el tribunal mantiene incluye el lavado de activos, lo que implica que en este caso podrían imponerse penas de hasta veinte años”, señaló. Estas declaraciones fueron dadas tras la audiencia en la que se ordenó la apertura a juicio del proceso relacionado con el denominado caso Camaleón, que involucra al empresario José Ángel Gómez Canaán (Jochi Gómez) y a otros acusados.
