El empresario José Ángel Gómez Canaán, conocido como Jochi Gómez, anunció su enérgica postura ante el próximo juicio de fondo, denunciando que el Ministerio Público carece de pruebas sólidas. Sostiene que el Estado busca apropiarse de sus activos y que demostrará su inocencia. Gómez Canaán anticipa la comparecencia de varios testigos clave, incluyendo figuras públicas, para reforzar su defensa.
El empresario José Ángel Gómez Canaán, conocido como Jochi Gómez, manifestó este jueves que afrontará con gran determinación el juicio de fondo en el proceso judicial en su contra, reiterando que las acusaciones presentadas por el Ministerio Público carecen de base probatoria. “Se ha evidenciado lo que desde el primer día se ha dicho. El Estado ha deseado lo que es mío, yo no cedí e intentan arrebatármelo. Ahora vamos a la fase de juicio, iremos con todo”, expresó.
Al salir de la audiencia, Gómez Canaán sostuvo que, desde el inicio del proceso, ha denunciado la existencia de un interés por despojarlo de sus propiedades. El empresario indicó además que espera que, durante el desarrollo del caso, sean escuchados múltiples testigos, entre ellos el director del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), Milton Morrison.
“Se ha logrado constatar que la justicia ha querido escuchar el testimonio de Milton Morrison, de Jorge Luis Polanco, de Martín Rivera Gavirondo, quien actualmente es vicepresidente de la ARS Reservas, y también escucharemos a Aileen Beltrán en el juicio de fondo y vamos con todo, señores”, declaró.
Gómez Canaán también cuestionó la imputación inicial del delito de terrorismo en el expediente. “Solamente a ese funcionario se le podía atribuir terrorismo”, comentó al ser consultado sobre dicha acusación. Mientras tanto, uno de sus representantes legales aseguró que el tribunal descartó el tipo penal de terrorismo al considerar la inexistencia de elementos que respalden esa imputación. “El tipo penal de terrorismo fue excluido por el tribunal porque, evidentemente, no hay ningún acto terrorista”, afirmó el jurista.
La defensa argumentó, además, que tampoco se configuran otros ilícitos imputados al empresario, incluyendo la presunta estafa en perjuicio del Estado, al sostener que no se ha demostrado la existencia de un daño económico. “Un componente fundamental y constitutivo de la estafa es el perjuicio, y resulta que el Estado le adeuda a él por todo lo relacionado con el contrato con el Intrant”, indicó.
Según la defensa, las auditorías y los documentos presentados revelan que existen pagos pendientes vinculados a contratos ejecutados por compañías relacionadas con Gómez Canaán. “Entonces no se puede hablar de un perjuicio contra el Estado cuando es evidente que el Estado aún le debe a nuestro cliente”, añadió.
El abogado afirmó que la deuda pendiente supera los 1,100 millones de pesos. “Justo ahora lo acabo de especificar, por encima de los 1,100 millones de pesos”, sostuvo. El caso proseguirá en la etapa de juicio de fondo, donde las partes expondrán sus pruebas y argumentos ante la instancia judicial.
