Una investigación reciente de The Associated Press ha descubierto que, a pesar de las protecciones legales implementadas para prevenir tales incidentes, decenas de menores han sido nuevamente separados de sus padres durante el segundo mandato de Donald Trump. Esta situación remonta a la polémica política de separación familiar que generó indignación global hace ocho años, evidenciando una persistencia en prácticas que afectan profundamente a las familias migrantes.
Ocho años después de que la controversial política de separación familiar en la frontera estadounidense provocara una condena internacional, un reportaje de The Associated Press (AP) ha revelado que docenas de infantes han sido nuevamente apartados de sus progenitores durante el segundo período del presidente Donald Trump, a pesar de las salvaguardas legales creadas para evitar la repetición de estas circunstancias. Un ejemplo es el de Ederson Galicia Alva, un menor guatemalteco de once años, quien fue separado de su madre por primera vez en 2018, cuando tenía solo tres y ambos cruzaban el límite entre México y Estados Unidos. Después de varios meses de separación y una contienda legal, lograron reunirse y reconstruir su vida en Florida.
Sin embargo, en junio del año pasado, la historia se repitió cuando agentes migratorios detuvieron a su madre mientras se dirigía a su empleo, lo que causó una nueva división familiar. Según AP, la madre del niño, Mirsy Maricela Alva López, fue trasladada por diversos centros de detención antes de ser deportada a Guatemala. Una semana más tarde, sus hijos también fueron enviados al país centroamericano, donde permanecieron casi un año hasta que un juez federal dictaminó que la acción gubernamental había sido ilegal y ordenó su regreso a Estados Unidos.
El estudio indica que, si bien la táctica actual difiere de la implementada en 2018, el resultado para muchas familias ha sido similar. En lugar de separar a padres e hijos en la frontera, las recientes detenciones y deportaciones dentro del territorio estadounidense han forzado a muchos padres a elegir entre dejar a sus hijos en Estados Unidos o llevarlos consigo a sus países de origen.
Abogados de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) denunciaron que varias de las familias afectadas pertenecen al grupo protegido por el acuerdo judicial que puso fin a la política de separación familiar durante el primer mandato de Trump. La organización sostiene que algunos padres fueron detenidos o deportados a pesar de contar con protecciones legales que deberían haberlo impedido. “Estos niños ya han sufrido lo suficiente como para volver a traumatizarlos”, afirmó Lee Gelernt, principal abogado de la ACLU en el caso que condujo a la suspensión de las separaciones familiares en 2018.
De acuerdo con la investigación, más de 11,800 individuos forman parte del conjunto de familias afectadas por la política original de separación. Defensores de los derechos humanos advierten que muchas continúan viviendo con temor ante la posibilidad de nuevas detenciones o deportaciones. Mientras tanto, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) sostiene que cumple con las órdenes judiciales vigentes y defiende la aplicación de las leyes migratorias como parte de la política de deportaciones masivas impulsada por la administración Trump.
